Autor: J. P. GUZMÁN Y J. CASTRO

Medidas propuestas en el informe enfrentarán compleja tramitación en el Congreso, donde hay dudas por su costo fiscal
La mayoría de las recomendaciones hechas por la Comisión para la Paz derivarán en proyectos de ley, pero se prevé un lento proceso legislativo a la espera de las definiciones del Gobierno.
Las críticas con las que se ha desmarcado una parte importante de la oposición del informe entregado esta semana por la Comisión para la Paz, con un paquete de medidas que recomiendan tomar para la macrozona sur, son, para algunos, muestra de que la tramitación legislativa que les depara a las propuestas no será nada sencilla.
Y es que —aun cuando el proceso estuvo copresidido por el exministro del sector Alfredo Moreno— en la centroderecha existen reparos respecto a varios puntos del documento como la idea de reconocer las formas de gobierno de las comunidades indígenas, además de las dudas que existen sobre los recursos fiscales que serán necesarios para financiar los nuevos organismos que se encarguen de las demandas de tierras. Para despejar estas inquietudes, los propios senadores de oposición han solicitado a Moreno reunirse y aunque este encuentro estaba fijado para ayer, finalmente se concretará la próxima semana en el Congreso.
Desde La Moneda pondrán énfasis en impulsar que las propuestas sean tramitadas, ya que $6 Necesitamos tener respuestas del Gobierno y de la consulta indígena, todo lo que viene después surge de allí”. IVÁN FLORES (DC) SENADOR POR LOS RÍOS Diputados opositores se han desmarcado: 06 No sé si Marcel va a venir a pedir US$ 4 mil millones cuando tiene que disminuir US$ 2 mil millones para cuadrar la caja del balance estructural”. MIGUEL MELLADO JEFE DE BANCADA DE LOS DIPUTADOS RN la consideran como uno de los legados que puede tener la administración del Presidente Gabriel Boric.
Por ello es que van a destinar un equipo de seguimiento de las propuestas, que estará alojado en la Segpres y estará supervisado por la ministra Macarena Lobos y el subsecretario de la cartera, Nicolás Facuse.
Junto a ellos, estará participando activamente el secretario ejecutivo de la instancia, Fabián Salas (FA). Sin embargo, este equipo tendrá que esperar a que el mandatario lea por completo el informe, entregado en la jornada del martes.
Esto probablemente se dé durante la gira oficial que tendrá Boric a Japón y China, que se extenderá desde el 9 de mayo hasta el 15 de este mes, tiempo que aprovecharán para constituir por completo esta nueva unidad.
Una vez que regrese a Chile, según se ha informado en La Moneda, sostendrá una reunión con los integrantes de la Comisión por la Paz y parte del grupo de seguimiento, donde se tomarían los primeros lineamientos.
Una larga tramitación Pero, para lograr ese objetivo, el Ejecutivo tendrá que sortear una serie de dificultades, siendo la primera de ellas la larga tramitación que se espera que tengan estos proyectos de ley, dado que la mayoría de ellos requerirá consulta indígena para poder ser tramitados (ver nota principal). Así lo advierte el diputado Henry Leal, jefe de bancada de la UDI y representante de La Araucanía, quien dice que “esto es una propuesta que requiere consulta indígena.
No es posible que el Congreso conozca proyectos de ley sin que se haga previamente este mecanismo en cerca del 90% del informe”. También lo plantea el senador de la DC por Los Ríos, Iván Flores, quien considera que el trabajo hecho por la comisión fue serio, pero “necesitamos tener respuestas del Gobierno y de la consulta indígena, todo lo que viene después surge de allí”. De acuerdo a lo que se explica, algunas de las medidas que podrían sortear ese camino son las que ya están en tramitación, como la idea de crear un Consejo de Pueblos o el reconocimiento constitucional de las comunidades. En esas dependerá de que el Gobierno les ponga urgencia para que se retome su debate.
Tampoco haría falta la consulta para la ley de reparación a víctimas, al no estar destinada específicamente a un pueblo indígena, sino a la población en general. recursos necesarios Otra de las inquietudes que han surgido en el Congreso es si hoy están los recursos necesarios para financiar las medidas propuestas.
En el informe se señala que se requerirán US$ 4 mil millones para la institucionalidad a cargo de la demanda de tierras, pero no se especifica el costo, por ejemplo, en las indemnizaciones a quienes han sido afectados por la violencia en la zona. “No sé si Marcel (ministro de Hacienda) va a venir a pedir US$ 4 mil millones cuando tiene que disminuir US$ 2 mil millones para cuadrar la caja del balance estructural del año.
Estamos en una recesión presupuestaria muy fuerte y tenemos que ver cuál va a ser el diseño con el que el Gobierno va aavanzar”. preocupación por “autogobernanza”Por otra parte, también están las críticas que ha recibido la idea de “autogobernanza” planteada en el texto, que en la oposición miran con cautela pues hay quienes la comparan con lo propuesto por la Convención en 2022. “Se va a ver con escáner muy grande si no es parecido a lo que hicieron en ese texto constitucional”, dice Mellado. Lo que es visto con mejores ojos en la oposición es la de reparación a las víctimas. El diputado del P. Republicano Stephan Schubert, cuya colectividad ha sido crítica del informe, explica que analizarán “cada proyecto de ley, la conveniencia de los mismos, y estamos dispuestos a trabajar, intentando mejorarlos. Por ejemplo, el capítulo que dice relación (con esa medida) nos parece una buena idea”.