Desalojo de la Capilla Guadalupe: 40 años de historia comunitaria llegan a un abrupto final
Desalojo de la Capilla Guadalupe: 40 años de historia comunitaria llegan a un abrupto final E n el sector Las Barrancas, una comunidad construida sobre la fe, la solidaridad y el esfuerzo colectivo enfrenta hoy uno de sus momentos más difíciles: el desalojo de la capilla Nuestra Señora de Guadalupe, un espacio que durante más de cuatro décadas fue el corazón espiritual y social del lugar. La situación no surgió de un día para otro. Según relata Inelia, coordinadora de la capilla y presidenta de la junta de vecinos, el conflicto comenzó hace aproximadamente cuatro años, en plena pandemia. La intención inicial era instalar internet en el recinto para apoyar a niños del sector que no contaban con buena conectividad para sus clases online, además de habilitar un sistema de televigilancia comunitaria.
Sin embargo, ese trámite administrativo reveló un problema mayor: la capilla no tenía regularizada su propiedad. "Cuando fui al Conservador de Bienes Raíces, me dijeron que el terreno no estaba a nombre de la Iglesia, sino de una persona particular, la señora Irma Collao", explica Inelia. La noticia sorprendió a la comunidad y también a la parroquia a la que pertenece la capilla, Santísima Trinidad de Punta Negra. La situación se volvió aún más compleja tras el fallecimiento de la propietaria durante la pandemia. Fue en ese contexto que la familia se enteró de que el terreno figuraba legalmente a nombre de su madre. A partir de ahí, comenzaron las gestiones para regularizar la propiedad, pero sin éxito. La capilla, inaugurada en 1997, fue levantada gracias a donaciones de vecinos, empresas y organizaciones locales. Materiales, trabajo y recursos se reunieron durante años para concretar una obra que nunca fue formalmente inscrita a nombre de la Iglesia. El origen del problema se remonta a fines de los años 80, cuando el entonces párroco gestionó la compra del terreno por 250 mil pesos. Sin embargo, debido a restricciones legales de la época -que impedían vender terrenos recién asignados por Bienes Nacionales-, la operación no se concretó formalmente. Con el paso de los años, el tema quedó en el olvido hasta que resurgió con fuerza en medio de la pandemia. En 2022, la familia de la propietaria presentó una demanda que derivó en un juicio civil contra el obispado. Según los antecedentes, solicitaron una compensación económica que superaba los 100 millones de pesos por una parte del terreno donde se encuentra construida la capilla. "Para nosotros es imposible pagar esa cantidad. Somos una comunidad pequeña, sin recursos", señala Inelia. Tras años de litigio, la justicia falló a favor de los herederos. La orden de desalojo se concretó esta semana, luego de que se agotaran las instancias legales para evitarlo. Ante la inminente llegada del receptor judicial y Carabineros, la comunidad decidió adelantarse y retirar voluntariamente todos los objetos del templo. "En dos días sacamos todo: imágenes, libros, manteles, campanas. No es solo mover cosas, son elementos sagrados que requieren cuidado especial", relata la dirigenta. El procedimiento se realizó sin incidentes, pero con un profundo impacto emocional. El cierre de la capilla no solo afecta la práctica religiosa. El recinto también albergaba un salón comunitario donde funcionaban un club de adultos mayores, talleres y reuniones vecinales. "Nos quedamos en la calle. Ahora tenemos que andar de casa en casa para reunirnos", cuenta una de las integrantes del grupo de adultos mayores, visiblemente afectada. "No es lo mismo. Teníamos un lugar digno, construido por nosotros mismos". El golpe es especialmente duro para los vecinos más antiguos, quienes participaron directamente en la construcción del espacio. Desde la Diócesis de Copiapó, el vicario general, padre Guido Castaña, lamentó la situación y destacó el impacto en la comunidad. "Son más de 40 años de historia. Aquí se celebraron sacramentos, se acompañó a las familias, se construyó comunidad. Perder este espacio es muy doloroso", señaló.
Si bien el fallo judicial ya se ejecutó, la Iglesia no descarta seguir explorando alternativas legales o buscar un acuerdo con los propietarios. "Estamos abiertos al diálogo, pero las cifras que se han planteado son muy altas para una comunidad como esta", agregó. Por ahora, las actividades religiosas y comunitarias deberán trasladarse a otros recintos, ubicados a mayor distancia. Sin embargo, para muchos vecinos, eso no reemplaza el sentido de pertenencia que ofrecía la capilla. El caso deja en evidencia una problemática frecuente en sectores rurales y periféricos: la falta de regularización de terrenos comunitarios, incluso cuando han sido utilizados durante décadas. Mientras tanto, en Las Barrancas, el silencio ocupa hoy el lugar donde antes había encuentros, celebraciones y vida comunitaria. La capilla está cerrada. Pero la historia -y la memoria de quienes la construyeronsigue abierta.. Desalojo de la Capilla Guadalupe: 40 años de historia comunitaria llegan a un abrupto final.