Autor: Alejandro Fainé, Mario Contreras, Pablo Basadre y Jessica Henríquez.
Convención está a punto de descabezar a la Corte Suprema
Ministra de Justicia pidió esperar debate final de Convención, pero pidió gradualidad. Seis expertos alertan graves problemas. Ayer en la tarde, el presidente de la Corte Suprema Juan Eduardo Fuentes fue a la cuenta pública de la ministra de Justicia Marcela Ríos.
Y ahí, según dos altas fuentes del sistema judicial, el primero le plantearía la preocupación con que miraban lo ocurrido el viernes en la Convención Constitucional: se cayó el artículo transitorio que hacía gradual la norma general que rebaja la jubilación de los jueces delos actuales 75 años a 70 años, y limita a 14 años la permanencia de los magistrados en la Corte Suprema.
La caída de la gradualidad fue fruto de la combinación de dos factores que no dieron los votos necesarios: La “tirada de cadena” de la UDI y un grupo de convencionales de derecha a la comisión de transitorias -sencillamente decidieron no votar, molestos tras acusar faltas reglamentarias y el interés de los constituyentes de movimientos sociales (con la sugerente abstención del PC), de hacer los cambios en este plano lo más rápido posible. Los convencionales de centroizquierda buscaban hoy cómo salir del entuerto.
En los hechos, la caída de esta norma tiene dos efectos clave en el futuro de la justicia: Una dificultad operativa de insospechados alcances por la salida inmediata de un centenar de personas; y un efecto político que, de materializarse, no se registró ni siquiera al final del gobierno militar con las leyes de amarre, pues este gobierno podría proponer en tres años a más de la mitad de los miembros del máximo tribunal. Agrava problemas operativos: Ministra pide gradualidad El Poder Judicial lleva alertando hace meses del efecto que tendría la jubilación automática a los jueces.
Así le han hecho ver la la Convención tanto desde la Suprema como desde la Asociación de Magistrados. ¿ Qué señalan los informes? La pandemia dejó al Poder Judicial con una alta carga de casos pendientes por procesos postergados.
En junio de 2021 -ad portas de la discusión presuPor caída de transitoria en comisión, deberían salir 8 supremos inmediatamente Mario Carroza (70) Juan Eduardo Fuentes (72) Haroldo Brito (73) 11 supremos fuera en 2 años Guillermo Silva (74) Salidas inmediatas Rosa Egnem (74) Sergio Muñoz (+14 años en la Suprema) M. Teresa Letelier (71) Jorge Dahm (73) M.
Angélica Repetto (68) Mauricio Silva (68) Leopoldo Llanos (69) puestaria para este año-, el Poder Judicial detalló las debilidades al ministerio de Hacienda: Habló de “necesidades estructurales” -se requieren sobre 100 jueces laborales hacia 2025; otros 121 para cumplimiento de penas-, y los relacionados con la pandemia: 306 jueces (para tribunales orales, de garantía, laborales, de familia). Pero sólo 61 personas egresaron de la Academia Judicial -requisito para ser juez-, para suplir ese déficit. Con un mecanismo de cursos sintetizados, lograron habilitar a otras 179 personas. Estos números no contemplan además los mayores requerimientos proyectados por el crecimiento natural de causas, simulaciones que el Poder Judicial ha entregado hasta 2030.
Pero lejos de este refuerzo, si no existe norma transitoria que haga gradual los cambios del borrador, el Poder Judicial alertó a la Convención que deberían renunciar inmediatamente 8 ministros de la Suprema, 27 de las Cortes de Apelaciones y 54 de primera instancia, más fiscales y secretarios clave en el funcionamiento del sistema. En total, 104 personas. Incluso, deberían renunciar casi 103 de los 379 jueces de Policía Local. Consultada la ministra de Justicia por esta situación, Marcela Ríos, enfatizó que “esperamos que ese proceso se dé de forma gradual para que los cambios sean de manera adecuada.
Como sabemos, la Convención sigue trabajando, por lo que hay que esperar el texto final para abordar las transiciones que aseguren un acceso oportuno a la justicia”. el académico de la escuela de Derecho de la UDP, Cristián Riego, alerta que en este tema “como en muchas otras cosas sobre el Poder Judicial, la Convención Constitucional no actuó en consideración a un diagnóstico, sino que sobre la base de prejuicios, rencor, resentimiento, quizás por algunos fallos pasados, etc”. Por lo mismo, agrega, “ahora que podría llegar el momento de aplicarlas, hay quienes quieren hacerlo inmediatamente y aquellos que quieren evitar esos problemas y prefieren postergarlas.
Pero están metidos en un lío porque aprobaron normas que no deberían estar en la Constitución”. El abogado Jorge Correa Sutil plantea crudamente los efectos: “De un día para otro deberán salir más de 100 jueces y un número relevante de fiscales del Ministerio Público: eso debilita la capacidad del Estado para combatir el delito, el Ministerio Público será menos eficaz y los tribunales más lentos. No entiendo el sentido de esta medida”. Para la abogada de Derecho Procesal de la U.
De Chile, Flavia Carbonell Bellolio, “es vital que existan normas transitorias (en el tema), no se pueden producir simplemente vacancias masivas de personas que estén cumpliendo funciones en el sistema de justicia, porque eso produciría nuevos problemas y las energías debiesen estar puestas en implementar un nuevo sistema y no en generar Constanza Hube (UDI) explica rechazo a transitorias: “Las normas del borrador desmantelan el Poder. Judicial” En la derecha entregan toda la responsabilidad a la izquierda de lo que sucederá con el Poder Judicial si gana el Apruebo en el Plebiscito.
“Las normas transitorias a la larga lo único que están haciendo es poner anestesias a normas mal formuladas”, asegura el constituyente Pablo Toloza (UDI), al referirse al revés de las transitorias que ponían gradualidad a los cambios en el Poder Judicial.
Toloza afirmó que “las izquierdas tienen mayoría y ellos son los responsables de la votación de la semana pasada”. Pero agregó que más importante que eso es que “la responsabilidad de se vayan con 70 años también es de la izquierda, porque eso es lo que tendrán en la propuesta de Constitución.
Con las transitorias lo único que quieren hacer es alargar la mecha de la entrada en vigencia”. En el caso de la UDI Constanza Hube, explica que “decidimos no votar normas inadmisibles, ya sea porque reviven Normas ya rechazadas en el pleno, porque no dice relación con normas transitorias, sino que permanentes, o son materias no tratadas en el borrador”. Respecto a que la acción de los constituyentes UDI hubiera llevado a que varios jueces tengan que dejar sus cargos de inmediato en caso de ganar el nuevos problemas (... ). Hay mucho cambio institucional y eso requiere normas que prevea un mejor tránsito.
Esto de que se va a descabezar la Corte Suprema porque se va ir mas de un tercio de inmediato, no va a suceder, se va a preveer”. A su juicio, “lo mas probable es que se presente alguna alternativa, porque es un tema sensible dadas las modificaciones que se proponen al sistema de Justicia”. El efecto Supremo Pero si el efecto operativo pone una incertidumbre en cómo afectará el funcionamiento de la justicia, otro elemento polémico es el efecto en la conformación de la Corte Suprema.
En los hechos, se generaría un fuerte descabezamiento automático con la salida de 8 ministros (7 por estar sobre los 70 años y uno, Sergio Muñoz, por superar los 14 años de integración), y otros tres en los próximos dos años (ver red). En nuestra historia reciente son pocos los episodios de cambios importantes en la composición del máximo tribunal del país.
A fines del régimen de Augusto Pinochet, su ministro de Justicia Hugo Rosende logró nombrar a 7 de 17 integrantes -aprobó una “Ley Caramelo” para tentar con millonarias indemnizaciones la renuncia de supremos-, y así nombrar jueces afines.
Y en el gobierno de Eduardo Frei Ruiz Tagle la reforma procesal penal incluyó en 1997 aumentar de 17 a 21 sus miembros (que también contempló un estímulo para adelantar jubilaciones). De hecho, Correa Sutil plantea que en los hechos “se le otorga al Presidente Boric un poder extraordinario de nombrar un número significativo de ministros de la Corte Suprema”. Y además, mientras no se completen los cargos, alerta, “por un tiempo más o menos prolongado la Corte Suprema no podrá funcionar o lo hará con muchos problemas”. La ex ministra de Justicia -quien tramitó el aumento de cupos en la Suprema en 1997-, Soledad Alvear, considera “un error grave” lo que ocurrirá con las jubilaciones. “Sin duda que genera un efecto político muy complejo.
Reemplazar a ministros de Corte Suprema y Apelaciones es bien difícil, no es rápido y ello va a significar un retraso tremendo de las causas justo cuando la ciudadanía pide cada vez con más fuerza que se juzguen los delitos que se cometen en nuestro país dados los problemas de seguridad que han tenido un incremento grande”, dice. Agrega que “lo que ha expresado el Poder Judicial, tiene toda la razón.
Aquí no solo hay un efecto administrativo para el Poder Judicial, sino un efecto muy conApruebo, contestó que “más que inquietarnos por ciertos cargos específicos, escalafones o jueces, me preocupan las normas del borrador que desmantelan el Poder Judicial, que crean distintos sistemas de justicia, y que terminan con la igualdad ante la ley como la conocemos.
Y esas no son transitorias”. Andrés Cruz (PS): “¿ Cómo vamos a pedir a la gente que Apruebe?” “Esta es una vez más la manifestación del infantilismo refundacional de un grupo de convencionales, más la abstención de la UDI, que deja en un mal pie no solo al sistema de justicia, también a la Convención”, opinó el convencional Andrés Cruz (Colectivo Socialista). A su juicio, “es una situación bastante complicada ya que “no tenemos la capacidad para generar esos cargos (104 jueces) en un breve tiempo, generando vacancias que afectarán directamente a la ciudadanía.
Es irresponsable y nos genera un tremendo problema político. ¿Cómo le vamos a pedir a la gente que Apruebe una Constitución que está poniendo en entredicho la estabilidad del sistema de justicia?”. Si no se arregla la situación, 8 ministros de la Suprema, 27 de las Cortes de Apelaciones y 54 jueces de primera instancia deben salir del Poder Judicial inmediatamente creto para la ciudadanía, donde a diario se escucha la queja de que las causas están dilatadas en materia civil, comercial y la complejidad de los reemplazos en materia penal son muy fuertes”. El último ministro de Justicia del segundo gobierno de Michelle Bachelet, el radical Jaime Campos, alerta que se trata de un descabezamiento “parcial del Poder Judicial”, que reponer esos magistrados es engorroso, “y eso afecta o afectaría todo el funcionamiento del sistema. Hay toda un área, además, que circula con los derechos adquiridos de esos magistrados, que asumieron esos cargos con ciertas condiciones y jurídicamente me parece discutible ese tema también. Por eso, este tipo de transformaciones se hacen de manera lenta y progresiva.
Esto puede transformarse en un desastre”. E incluso pone una duda sobre la mesa: “Ok, salen los 8 supremos... ¿con qué sistema se los reemplazará? ¿ Con el sistema actual o el nuevo que se plantea, es decir, a través del Consejo Nacional de la Justicia? Pero primero tiene que constituirse, ¿ entonces vamos a pasar meses o un año sin esos reemplazos? Acá queda en evidencia una impericia completa, alarmante. Llenar cargos en la Suprema no es fácil -tienes que tener gente de perfil excepcionaly por eso demora”. El profesor de Derecho Administrativo de la U.
De Chile, Luis Cordero, agrega otro matiz a los efectos de los cambios sin gradualidad, asociado a que el diseño constitucional propuesto supone un diálogo entre la Corte Constitucional y la Corte Suprema durante la transición.
“La Corte Constitucional, con un sistema de instalación de 6 meses en que además supone una renovación completa; y la Suprema con la renovación de un tercio de sus miembros, supone un impacto muy fuerte en el sistema de Justicia en globalidad”. Cordero advierte que “no tener esa norma transitoria puede terminar por trabar el funcionamiento del sistema judicial y, por lo tanto, el propósito perseguido de tener un sistema ágil y con rendición de cuenta, queda -por una inadecuada omisión de regla de implementación-, con un sistema de traba en gestión que puede perjudicar precisamente el propósito perseguido, un efecto boomerang”. Y agrega que “por el volumen del impacto que tiene afecta el funcionamiento de todo el sistema de justicia, es una cierta irresponsabilidad creer que los jueces van a ser reemplazados rápidamente.
Por lo modelos de nombramientos planteados, eso no será así”. El ejemplo del encono kirchnerista Desde que asumió Néstor Kirchner, allá por 2003, han sido reiterados los ataques del kirchnerismo contra el Poder Judicial argentino, especialmente contra la Corte Suprema. Una conducta que se acrecentó con los años, especialmente tras los casos de corrupción que tuvieron en la mira a la propia expresidenta, hoy vicepresidenta, Cristina Fernández. Una presión que se vive hasta el día de hoy a través de una virulenta campaña en contra de los integrantes de la Corte, mediante presiones mediáticas, políticas y marchas K en su contra. En un inicio el kirchnerismo buscó que la cúpula de los jueces fueran Electos por voto popular. Como no pudieron, el Presidente Alberto Fernández busca hoy aumentar los miembros de la Corte Suprema de cinco a nueve. Ambas ideas no avanzan por falta de quorum en el Congreso, sin embargo el tema ha polarizado a los argentinos. La oposición acusa a los K de buscar intervenir ideológicamente el Poder Judicial. Y como reacción a ello, sectores de la sociedad civil se han organizado y movilizado en los últimos años con el lema “La Corte no se toca. Justicia independiente”. La última marcha a favor de la independencia del Poder Judicial se realizó el pasado 3 de febrero.
