Ejecutivo se abre a extender pérdida de gratuidad a universitarios, y a nivel escolar divide a Chile Vamos
Ejecutivo se abre a extender pérdida de gratuidad a universitarios, y a nivel escolar divide a Chile Vamos A raíz de la agresión a la ministra de Ciencias, Ximena Lincolao, en la Universidad Austral de Valdivia, el Gobierno anunció que al proyecto “Escuela protegida”, que contempla medidas como la revisión de mochilas y bolsos, prohibición de ocultamiento facial y la inhabilidad para postular a la gratuidad universitaria en casos que se hayan cometido delitos, se añadirán otras enmiendas. “Es impresentable que personas que agreden e interrumpen la sana convivencia educacional tengan beneficios del Estado, accedan a la gratuidad o a cualquier otro tipo de beneficio. Y es por eso que vamos a avanzar en más indicaciones”, señaló la vocera de Gobierno, Mara Sedini.
Más temprano, la secretaria de Estado había comentado en T13 Radio que “hoy esto toma más relevancia subirlo, tal vez, a los elementos universitarios”. En ese escenario, Sedini señaló que el Gobierno se está cuestionando “muchas cosas” en torno a las personas que tienen beneficios del Estado, como la gratuidad, y enfatizó que la violencia desatada en la Universidad Austral los hace “actuar con celeridad, y avanzar a que en Chile se tienen que tomar medidas distintas, mucho más severas frente a este tipo de situaciones”. ¿En qué consistiría esta indicación? Es lo que la administración del Presidente José Antonio Kast no ha comunicado claramente hasta el momento.
Sin embargo, la bancada de diputados UDI, representados por los legisladores Sergio Bobadilla, Ricardo Neumann y Omar Sabat, anunció que ingresarán “a más tardar este viernes” un proyecto de ley que “busca extender la pérdida de la gratuidad en la educación superior a quienes ya reciben el beneficio en la actualidad y que sean condenados por delitos graves”. Esto tendría relación con lo mencionado por la ministra Sedini.
Sin embargo, existen diferencias al interior de Chile Vamos con las indicaciones que incluye “Escuela protegida”. Por ejemplo, la enmienda que busca prohibir el acceso a la gratuidad a todos los secundarios condenados por hechos violentos una propuesta de la UDI que viene desde 2019 y que fue incorporada por el Ejecutivo genera preocupación en algunos legisladores de Renovación Nacional.
En particular, el Gobierno incorpora el requisito de “no haber sido condenado por sentencia firme por delitos que atenten contra la vida o la integridad física o psíquica de las personas, o contra la propiedad o la infraestructura pública”, para acceder a la gratuidad.
“Eso es perpetuar la delincuencia”, dijo la diputada de la colectividad Ximena Ossandón, y añadió que “es muy complejo usar la gratuidad como moneda de cambio”. Si bien desde la bancada, comenta la legisladora, ya han conversado de forma privada con el Ejecutivo sobre “cada uno de los puntos” de la iniciativa, les preocupa cómo se realizará en la práctica.
“Cuando un niño que está en formación, que muchas veces comete errores (... ) al final si tú le quitas una herramienta de mejora, de movilidad social, lo estás condenando a que sea un futuro delincuente”, enfatizó la diputada.
No obstante, el jefe de bancada de RN, Diego Schalper, dijo que “la postura de Renovación Nacional es que el que violenta el Estado de Derecho no puede pretender beneficios del Estado”. Y sobre la propuesta de la UDI, el legislador añadió que su colectividad “cree que la gratuidad se debe perder si una persona beneficiaria es condenada por delitos violentos”. Por su parte, el diputado Neumann señaló que “el punto acá no es quitar beneficios, es algo mucho más simple y de sentido común: El que violente lo que es de todos no puede seguir recibiendo beneficios pagados por todos.
El beneficio se suspende para delincuentes, no a los estudiantes que sí quieren estudiar”. Independiente de esta disyuntiva, al interior de la UDI comentan que la discusión sobre la gratuidad es muy “preliminar”, y que incluso no la han abordado en profundidad con el Ejecutivo. Además, consideran que RN no pondrá “resistencia” y que terminarán “aprobando” la iniciativa. En tanto, el Gobierno considera que el contexto de violencia educacional podría favorecer la tramitación del proyecto. Sin embargo, también aclaran que en la medida de que no puedan terminar con estos episodios, se volverán algo negativo y perjudicial, por lo que necesitan mostrar avances claros..