Autor: Por Joaquin Lopez Barraza

Corporación ignoró denuncia de cuerpos cambiados en cementerio de Las Compañías
Corporación ignoró denuncia de cuerpos cambiados en cementerio de Las Compañías Un expediente que desaparece, documentos que se ordena modificar, cuerpos exhumados sin autorización y familias compensadas a cambio de silencio.
Eso es lo que rodea al caso del cementerio de Las Compañías, según el relato de Pamela Castillo, exprocuradora del Departamento Jurídico de la Corporación Municipal Gabriel González Videla (CGGV), quien lideró parte de una investigación interna que fue deliberadamente detenida por orden de superiores jerárquicos Castillo, quien trabajó en la corporación entre 2017 y 2022, relata que en 2020 detectó la existencia de una indagatoria inconclusa por exhumaciones irregulares. Le llamó la atención que no existiera la carpeta física del sumario -habitual en estos casosy que nadie pudiera explicar su estado. Lo que parecía un simple atraso terminó revelando una cadena de irregularidades más profunda. IEL EXPEDIENTE OLVIDADO Tras indagar por su cuenta, logró contactar a la fiscal de la investigación, Jenny Concha, quien le confirmó que todo había sido entregado al Departamento Jurídico el 8 de julio de 2020. La vista fiscal proponía sanciones a directivos por graves fallas administrativas en el cementerio. Pero nunca se dictó una resolución final. La investigación, simplemente, se guardó en un pendrive. «El expediente no estaba en ninguna parte. Cuando consulté a una abogada del departamento, me ordenó no derrumbó la hipótesis de un simple error entre dos familias. Significaba que había restos ubicados en cualquier parte del cementerio, sin ningún control», explicó Castillo. SUMARIO ADMINISTRATIVO Y REPRESALIAS seguir con ese proceso. Lo mas grave es que ya todo se había entregado y nadie hizo nada», relató. CUERPOS MAL IDENTIFICADOS Y MUESTRAS DE ADN El caso volvió a tomar fuerza en noviembre de 2021, cuando llegaron nuevas denuncias de familias que afirmaban que los restos entregados no correspondían a sus seres queridos.
Las muestras de ADN confirmaron lo impensable: uno de los cuerpos era correcto, pero el otro no tenía correspondencia con los parientes, lo que indicaba una mezcla más amplia e incierta en el cementerio. «El resultado del ADN A la luz de los antecedentes, redacto una resolución proponiendo un sumario administrativo contra altos funcionarios, incluyendo al entonces director del Departamento de Administración y Cementerios, Pablo Salazar. El documento fue visado por el departamento jurídico y forma parte de la causa judicial.
Posteriormente, envió una carta denuncia al exseACUERDOS PARA EL SILENCIO Mientras revisaba documentos del caso, Castillo descubrió un antecedente aún más inquietante: desde 2019, la corporación había firmado acuerdos de transacción extrajudicial con familias cuyos seres queridos fueron exhumados sin consentimiento. A cambio de no iniciar acciones civiles ni penales, las familias recibían beneficios como urnas de reducción, traslados gratuitos, sepulturas vitalicias o lápidas. «Quedé helada cuando vi eso. Era una forma de callar a personas humildes que ni siquiera sabían qué estaban firmando. Muchas no tenian asesoría legal ni entendían que estaban renunciando a buscar justicia», denunció. Los documentos de esas transacciones fueron hallados por ella en borradores y, posteriormente, en escrituras públicas que ahora están en su poder. SILENCIO INSTITUCIONAL La carta de denuncia enviada por Pamela Castillo no generó cambios. La CGGV inició una investigación interna sobre ella misma, que concluyó que sus denuncias eran falsas. Ninguna de las personas implicadas fue sancionada. Contraloría, Seremi de Salud ni otros organismos fiscalizadores intervinieron en ese momento. Fue entonces cuando decidió hacer una denuncia formal en la Policía de Investigaciones (PDI), en 2022. «Yo no podía quedarme callada. Sabía lo que había pasado. Sabía que esto podía implicar incluso delitos. Pero el costo personal fue altísimo», dijo, con la voz entrecortada. «Estuve más de un año en tratamiento psicológico. Pero no me arrepiento. Yo no transo mis principios». Hoy, Castillo ha sido contactada por al menos una famiPOI cretario general de la CGGV, Ernesto Velasco, exponiendo toda la situación. Poco después fue trasladada a otro recinto y luego despedida por «necesidades de la empresa», motivo que fue rechazado por el Juzgado Laboral, que ordenó indemnizarla. Hasta hoy, la corporación no ha pagado lo adeudado. lia que vivió una situación similar. Con el apoyo de su esposo, abogado, ofrece asesoría jurídica gratuita para ayudar a quienes deseen emprender acciones legales.
También planea volver a presentar los antecedentes en Fiscalía, ahora que la municipalidad presentó una querella criminal tras confirmar la existencia de 31 restos sin identificar y la desaparición de al menos nueve cuerpos. «Yo ya hice la denuncia, pero si es necesario la llevaré nuevamente, con todos los documentos, resoluciones, correos y registros. Lo hago por las familias. Ellas no merecen este daño» «Una institución pública no puede evadir una sentencia» Además de buscar justicia para los afectados, Pamela Castillo exige que la CGGV cumpla con el fallo judicial que ordenó su indemnización. La deuda, que partió en 1,3 millones, hoy supera los 27 millones de pesos por cotizaciones impagas y multas acumuladas. «No debería tener que pedirlo en la prensa. Pero mire cómo estoy: suplicando que una institución pública cumpla una sentencia firme. Si yo no tuviera un abogado en mi familia, no sé cómo lo habría hecho. ¿ Qué pasa con quienes no tienen esa posibilidad?», cuestionó. El caso de Pamela Castillo pone en el centro del debate el deber de transparencia en instituciones que, aunque privadas, manejan recursos públicos y prestan servicios esenciales.
Su testimonio revela cómo, durante años, se encubrieron irregularidades en un espacio tan sensible como un cementerio, afectando a familias vulnerables y comprometiendo la confianza en la administración municipal Mientras la investigación judicial avanza, la verdad como los restos extraviadossigue esperando ser plenamente reconocida y reparada. La exprocuradora revelo que investigación sobre exhumaciones sin consentimiento fue frenada en 2020. La funcionaria fue desvinculada tras negarse a alterar documentos, mientras la institución firmaba acuerdos con familias para evitar demandas.. «PODRÍAN ESTAR EN CUALQUIER PARTE DEL CEMENTERIO»: