Autor: LEONARDO CÁRDENAS

Fundador de Grupo Sartor lanza otra ofensiva en conflicto con CMF y pide anular nombramiento de nuevo liquidador
Fundador de Grupo Sartor lanza otra ofensiva en conflicto con CMF y pide anular nombramiento de nuevo liquidador Un nuevo conflicto judicial enfrenta al fundador de Grupo Sartor, Pedro Pablo Larraín (46), con la Comisión para el Mercado Financiero (CMF). El pasado jueves el empresario, a través de dos de las sociedades del conglomerado -Asesorías e Inversiones Sartor y Sartor Administradora General de Fondos-, presentó un reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones de Santiago, buscando revocar dos resoluciones del regulador emitidas en enero y febrero de este año.
En dichas resoluciones, el consejo de la CMF aprobó el informe de cierre presentado por el liquidador de Sartor AGF, Ricardo Budinich, revocó su designación y, además, nombró como nuevo liquidador de la administradora a Daniel García Schilling.
En el reclamo, las sociedades denunciaron que se ha nombrado a García "en un cargo estratégico -que exige independencia, expertise, objetividad técnica y ausencia de conflictos de interésy él carece de las condiciones necesarias para garantizar dichas exigencias". Pero no es el único cuestionamiento que realizan las sociedades vinculadas a Grupo Sartor.
En el escrito, también denunciaron que el consejo del regulador denegó la entrega del informe de cierre elaborado por el liquidador, aduciendo el deber de reserva consagrado en el artículo 28 del DL Nº3.538. "Más aún, existen antecedentes que permiten sostener que su nombramiento no respondió a criterios técnicos ni funcionales, pese a que la naturaleza y complejidad del cargo así lo exigían, sino que obedeció a consideraciones ajenas a los estándares que deben regir una designación de esta naturaleza", acotó el mismo documento patrocinado por el abogado Antonio Rubilar. "Después de todo, se está nombrando como liquidador al mismo directivo de la CMF que inició la ofensiva regulatoria contra Sartor AGF. De alguna manera, se le está permitiendo cerrar la gestión de una empresa extinta por su propio impulso", recalcó. Según el reclamo, "García participó directamente en los hechos que dieron lugar a la revocación de autorización de existencia de la Administradora.
Fue la unidad que dirige la Dirección General de Supervisión de Conducta de Mercadola que llevó adelante el proceso de auditoría que terminó con la revocación de autorización de existencia de la AGF". Daniel García es periodista de la Universidad de Chile y Máster en Economía y Regulación de Servicios Públicos de la Universidad de Barcelona (España). Ingresó a la CMF en 2014, primero como jefe de gabinete, y a contar de 2016 como Intendente de Seguros, cargo que ejerció hasta asumir como Director General de Supervisión de Conducta, en 2021.
Entre 2012 y 2014 fue director de Asuntos Institucionales y Comunicaciones de la ex Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras (actual CMF), y entre 2007 y 2010, jefe de gabinete en la ex Superintendencia de Valores y Seguros.
El 19 de diciembre de 2024, el Consejo de la CMF acordó revocar la autorización de existencia otorgada a Sartor Administradora General de Fondos S.A., y designar liquidador de la misma al directivo de la CMF, Fernando Pérez Jiménez. Posteriormente, el consejo revocó su decisión y decidió nombrar al ingeniero Ricardo Budinich en reemplazo de Pérez.
Y el golpe más fuerte a Sartor vendría a fines del año pasado: el 18 de noviembre la CMF aplicó sanciones históricas a los directivos y representantes legales de Sartor por un total de 367.500 UF ($14.569 millones). Ese mismo mes Pedro Pablo Larraín interpuso una querella criminal en contra de la actual presidenta de la CMF, Solange Bernestein, acusándola de emitir una opinión anticipada a las históricas multas aplicadas por el regulador a la AGF y sus directores. ® Autor: LEONARDO CÁRDENAS.
El empresario Pedro Pablo Larraín cuestionó el nombramiento de Daniel García como liquidador de Sartor AGF, porque carece de la independencia y experiencia para asumir un cargo estratégico que exige objetividad técnica y ausencia de conflictos de interés.