Autor: NICOLÁS GARCÍA DE VAL

Brasil, el país donde un insulto racista es un delito penado con cárcel, y nunca prescribe
Brasil, el país donde un insulto racista es un delito penado con cárcel, y nunca prescribe La detención del ciudadano chileno Germán Naranjo en Brasil tras expresar insultos racistas y homofóbicos durante un vuelo reabrió el debate sobre una de las legislaciones antidiscriminación más severas de América Latina, donde expresiones ofensivas pueden derivar en penas de cárcel y ser tratadas como delitos imprescriptibles.
El caso ocurre en un contexto en que la justicia brasileña ha endurecido progresivamente la persecución de conductas discriminatorias, especialmente tras una serie de fallos del Supremo Tribunal Federal (STF) y reformas legales impulsadas en los últimos años. El núcleo de esa legislación es la figura de la injuria racial.
Originalmente tipificada en el Código Penal como una ofensa dirigida a una persona específica por motivos de raza, color, etnia u origen a diferencia del racismo, que apunta contra una colectividad, la injuria racial fue tratada durante décadas como un delito menor, prescriptible y afianzable. Eso cambió en 2021, cuando el STF equiparó la injuria racial al racismo, volviéndola imprescriptible y sin posibilidad de fianza.
En enero de 2023, el Congreso fue más lejos: mediante la Ley 14.532, incorporó formalmente la injuria racial a la Ley de Crímenes Raciales, aumentando las penas que eran de uno a tres años, a dos a cinco años de reclusión.
El debate había cobrado nueva urgencia tras el asesinato de Joo Alberto Silveira Freitas, un hombre negro golpeado hasta la muerte por guardias de seguridad de un supermercado Carrefour en Porto Alegre en noviembre de 2020, que desató protestas masivas en todo el país. Para Camilo Onoda Caldas, abogado y director del Instituto Luiz Gama, la equiparación corrige una distorsión histórica. La antigua separación entre “ofensa individual” y “crimen de racismo” desconocía que la agresión racial dirigida a una persona específica “carga, inevitablemente, una dimensión colectiva, porque reproduce estigmas históricos construidos contra toda una población”, plantea.
En el plano simbólico, agrega Onoda Caldas, el cambio representa “un mensaje institucional importante: el Estado deja de tratar manifestaciones racistas cotidianas como episodios menores”. Un mensaje que en Brasil tiene expresión visible en los carteles que recuerdan que la discriminación es crimen y que cuelgan en comercios de todo el país. Homofobia convertida en racismo Pero la expansión del marco jurídico no se detuvo en la raza.
En junio de 2019, el STF había dado un paso que anticipaba la misma lógica, cuando declaró que el Congreso había incurrido en omisión inconstitucional al no legislar sobre homofobia y transfobia, y resolvió que, mientras esa ley no existiera, las conductas homotransfóbicas debían ser procesadas bajo la Ley de Crímenes Raciales, con penas de entre dos y cinco años de reclusión y sin posibilidad de fianza ni prescripción. Analistas estiman que el fallo llegó tras casi tres décadas de bloqueo legislativo.
Desde el proyecto de ley sobre unión civil de 1995, decenas de iniciativas para criminalizar la discriminación por orientación sexual e identidad de género fueron “archivadas” o “paralizadas” en el Congreso, según documenta Pedro Nicoli, doctor en Derecho y especialista en derechos LGBTQIA+ de la Universidade Federal de Minas Gerais. Para Nicoli, fue justamente esa “omisión inconstitucional reconocida del Congreso” lo que habilitó al STF a actuar.
Roger Raupp Rios, doctor en Derecho y especialista en discriminación, explica que el STF interpretó el mandato constitucional de prohibición del racismo como abarcando otras formas de discriminación, “comprendiendo la homotransfobia como racismo social, es decir, procesos sociales de segregación y exclusión persistentes contra minorías”. Para él, ese avance “solo fue posible, especialmente en el enfrentamiento de la homotransfobia, en virtud de la aplicación directa de la Constitución por parte del tribunal”, y no por iniciativa del legislador. La decisión del STF también ha generado críticas.
La más influyente en los círculos jurídicos brasileños vino de Gustavo Badaró, profesor de derecho procesal penal de la Universidad de So Paulo, quien acuñó la expresión “truco de ilusionista” para criticar el razonamiento del fallo: el STF reconoció el límite de que el Poder Judicial no puede crear tipos penales, pero terminó equiparando la homofobia y la transfobia al racismo mediante interpretación judicial. La objeción central no era contra la protección de las minorías, sino contra el método utilizado.
La fortaleza del sistema brasileño ha sido destacada por varios expertos, aunque Nicoli es cauteESSERPECNARF loso respecto a lecturas de superioridad comparativa: cada país de la región construyó sus propias herramientas, señala, y Argentina y Uruguay avanzaron por vía legislativa federal directa, mientras Colombia lo hizo a través de su Corte Constitucional. “El propio Chile posee la Ley Zamudio y aprobó el matrimonio igualitario en 2022”, destaca. Cuestionamientos al sistema Onoda Caldas reconoce, por su parte, que el avance legislativo y jurisprudencial no ha resuelto el problema de fondo. “Existe un descompase histórico entre el reconocimiento formal de derechos y su efectividad práctica”, advierte.
Marcelo Maciel Ramos, profesor de la Universidade Federal de Minas Gerais, apunta en la misma dirección: muchos jueces tienen dificultad para reconocer ciertas ofensas como injuria racial, no por formación individual, sino porque el sistema judicial “opera de forma de privilegiar a grupos mayoritarios”, sostiene. Es en ese sistema donde se procesa ahora el caso del chileno Germán Naranjo. Nicoli recuerda que desde la Opinión Consultiva 24/2017 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos existe un piso regional común que orienta la construcción de estos marcos jurídicos en todo el continente.
El desafío compartido, sostiene, “sigue siendo el de hacer efectivos esos derechos de modo concreto en sociedades aún atravesadas por niveles muy altos de v i o l e n c i a c o n t r a p e r s o n a s LGBTQIA+”. NORMA ESTRICTA Desde 2019, los insultos homofóbicos en Brasil se procesan bajo la misma ley que el racismo. Autor: NICOLÁS GARCÍA DE VAL. Este tipo de conductas —así como las ofensas de carácter homofóbico— pueden derivar en penas de 2 a 5 años de prisión.
El caso del chileno Germán Naranjo puso el foco en una de las leyes antidiscriminación más severas de la región: NORMA ESTRICTA Desde 2019, los insultos homofóbicos en Brasil se procesan bajo la misma ley que el racismo. UNA MUJER PROTESTA tras la muerte de João Alberto Silveira Freitas.