ProCultura: Larraín y compañía desestiman imputaciones de la Fiscalía y califican de desproporcionada la prisión preventiva
ProCultura: Larraín y compañía desestiman imputaciones de la Fiscalía y califican de desproporcionada la prisión preventiva De acuerdo con la exposición de las defensas, la indagación del Ministerio Público sólo les ha permitido arribar a imputaciones que tacharon de "difusas" e insisten en que no habría delitos. Fueron casi dos horas duró el alegato de defensa de Alberto Larraín, uno de los protagonistas de esta arista del caso Convenios. Tomás Gómez y María Catalina Batarce Este martes se desarrolló la cuarta jornada de formalización del caso ProCultura, destinada, principalmente, a los descargos de las defensas de los imputados.
Fueron casi dos horas por las que se extendió el alegato de defensa de Alberto Larraín -uno de los principales protagonistas de esta arista del caso Convenios-, a cargo de la dupla de abogados Cristian y Vicente Arias. Frente al juez Patricio Álvarez, Cristián Arias comenzó la defensa del psiquiatra imputado por el desfalco de más de 1.600 millones del Gore Metropolitano. El abogado cuestionó la investigación que está realizando el Ministerio Público y pidió al juez que se rechace la prisión preventiva para su representado.
En este sentido, afirmó que existe una "imputación tan difusa que hace bastante evidente que a la base no es claro que se haya cometido un delito penal". Arias descartó la existencia de un posible fraude al Fisco y, sobre los más de $1.600 millones que Fiscalía afirma que se defraudaron en el contrato entre ProCultura y el Gore Metropolitano, aseguró que "lo que es claro es que el dinero no está en el bolsillo de Alberto Larraín". Asimismo, argumentó que ProCultura no es Democracia Viva, pues la organización de su representado "tiene 15 años de trayectoria con decenas de proyectos con instituciones privadas y públicas que fueron adjudicados sin ningún inconveniente (. .. ). Es completamente falso que ProCultura, y sobre todo Alberto Larraín, no tuviera la experiencia para tratar temas de salud mental". Por otro lado, el abogado Vicente Arias destacó la colaboración que Larraín ha prestado ante la investigación de casi dos años del Ministerio Público: "Desde el primer momento ha colaborado en varias oportunidades y de varias formas diferentes". Asimismo, el abogado mencionó que su representado "desde el 2023 no sale del país, precisamente por la investigación que se está llevando a cabo". Para cerrar su alegato, el defensor aseguró que mantener a su representado privado de libertad sería "desproporcionado", pues Larraín "no es un peligro real para la sociedad" y trabaja actualmente con pacientes por su oficio de psiquiatra.
Debido a esto, Arias mencionó que el arresto domiciliario total "es suficiente medida". Los coimputados En medio de la audiencia, también fue el turno de que las demás defensas expusieran, instancia en que los abogados de las imputadas María Constanza Gómez y Evelyn Magdaleno protestaron. Esto, debido a errores presentes en los antecedentes de la investigación que presentó el Ministerio Público antes de concretar la formaSIGUE. ProCultura: Larraín y compañía desestiman imputaciones de la Fiscalía y califican de desproporcionada la prisión preventiva lización.
Los abogados de Gómez, Sebastián Soto y Alejandro Alegría, expusieron que la Fiscalía atribuyó un audio -de fecha 3 de febrero del 2022a su representada en el informe policial del caso, a pesar de que no fuera ella quien lo realizó, sino la imputada María Teresa Abusleme.
Debido a aquello, los abogados denunciaron que existieron "ciertas irregularidades en la investigación" por parte del Ministerio Público y que el caso demuestra "la falta de competencia del equipo de investigación (. .. ) En cuanto a los antecedentes que se estiman para redactar la formalización". Por su parte, la abogada de Magdaleno también expuso sobre el audio.
La defensora explicó que el mismo ni siquiera corresponde al periodo en el cual se gestó el proyecto Quédate, sino a un contrato el cual fue realizado antes del proyecto que se adjudicó los fondos del Gore de la Región Metropolitana. Asimismo, la abogada detalló que todos los chats expuestos en los antecedentes que fundamentan la prisión preventiva corresponden a coordinaciones por el contrato antes descrito, el cual ocurrió durante el 2021.
Debido a esto, la defensora criticó la investigación del Ministerio Público y afirmó que existe "una gigante confusión por parte de la fiscalía". En vista de estos antecedentes, junto a otros particulares de sus representados, los abogados de todos los imputados en la causa pidieron al juez Álvarez rechazar la petición del Ministerio Público de decretar la prisión preventiva para los imputados. Esto, de cualquier forma, será decidido mañana por el magistrado del Séptimo Juzgado de Garantía.
El esquema del fraude Aunque aún el juez Patricio Álvarez no ha zanjado todas las cautelares que deberán cumplir los primeros imputados formalizados en este caso, desde el Ministerio Público han insistido en que, producto de la gravedad de los delitos que se persiguen, debieran quedar en prisión preventiva.
Como recalcó el fiscal Cristian Aguilar durante las audiencias previas, los imputados Alberto Larraín, María Constanza Gómez, María Teresa Abusleme y Evelyn Magdaleno, actuaron concertados junto al gobernador Claudio Orrego para que ProCultura se adjudicara el convenio que les permitió recibir $1.683.788.000 y así defraudar al Fisco. Para probar aquello, el persecutor detalló los vínculos previos que existían entre los coimputados y la relación de cercanía que mantenían. Pero, además, hay antecedentes que probarían que el proceso de adjudicación de los fondos estuvo viciado.
Según sostuvo Aguilar en las jornadas previas, "la fundación operaba constantemente con una estrategia coordinada e impulsada desde las más altas esferas del Gore Metropolitano para asignar proyectos financiados con fondos públicos". Citó, en esa línea, un audio de una conversación entre Gómez y Larraín de febrero de 2022, donde la actriz de profesión sostenía: "Alberto, hablé con la Evelyn, y. .. te mando un audio porque sé que vas manejando, espero que sea un poco más fácil.
Y lo que vamos a hacer es que vamos a armar el perfil del Programa de Intergeneracionalidad igual como los otros perfiles de Cuidado y de Salud Mental y ella los va a licitar, entonces nosotros hacemos el diseño y ella después hace todo el proceso para licitarlo. Así que voy a hablar con Pablo y con la Consu cuando vuelva, para ver cómo traspasamos lo que tenemos a este diseño que ellos exigen.
Y en el fondo ellos lo presentan como una iniciativa del Gore y lo licitan para que nosotros nos ganemos la licitación y así todo es más transparente". Asimismo, el fiscal expuso parte de la declaración de Marcial Marín, jefe del Departamento de Planificación Social y Estudios del Gore y quien trabajaba bajo la jefatura de Magdaleno. "La indicación me fue entregada directamente por mi jefatura, Evelyn Magdaleno. Ella me instruyó trabajar con la Fundación Procultura para el diseño de un Término de Referencia, y me solicitó gestionar un servicio especializado con ellos. Mi jefatura me indicó especificamente trabajar con Teresa Abusleme de Procultura, a quién además identificó como su amiga. Ella me entregó el contacto, indicándome que procediera a gestionarlo para concretar el servicio especializado", manifestó el profesional. Junto con ello, Marín también declaró: "Si hubiese dependido exclusivamente de nosotros, probablemente no habríamos utilizado la glosa presupuestaria 7.1 como mecanismo.
Sin embargo, la determinación de utilizar esta herramienta fue una instrucción que bajó directamente desde nuestra jefatura y fue parte de una estrategia general impulsada por la administración del Gobierno Regional". Así, y producto de una serie de otros antecedentes recabados durante la indagación, en el Ministerio Público llegaron a la conclusión de que "los recursos públicos asignados en virtud del proyecto de 'Quédate' fueron transferidos sin un proceso previo de selección ni verificación de la experiencia acreditada o de la idoneidad técnica de la Fundación.
En otras palabras, se procedió a una asignación discrecional, por tanto, arbitraria, carente de parámetros objetivos de evaluación y sin observar los principios de transparencia, probidad y eficiencia que rigen la contratación pública". Para la Fiscalía, todo fue parte de un "acuerdo conjunto entre los miembros de la Fundación y los del Gobierno Regional Metropolitano, siendo este proceso dirigido por el gobernador Claudio Orrego, quien supervisaba las decisiones sobre los proyectos, actuando previamente concertados con los restantes imputadas e imputados". La dupla de abogados Cristian y Vicente Arias representaron a Alberto Larraín en el juicio..