EDITORIAL: Presión privada en seguridad pública
EDITORIAL: Presión privada en seguridad pública Editorial Presión privada en seguridad pública La seguridad de Viña no puede quedar rehén de intereses privados.
El municipio es claro: nose aceptarán presiones ni sobreprecios. nun momento en el cual la seguridad ciudadana exige respuestas concretas, Viña del Mar ha avanzado de manera significativa en el fortalecimiento de su red de televigilancia.
Con más de 850 nuevas cámaras instaladas en el marco del Plan 1000 Cámaras --financiado por el Gobierno Regional, fondos municipales y lacolaboración con vecinos, Carabineros y el Ministerio del Interior-, la ciudad ha ido tomando el control desu infraestructura crítica sin depender exclusivamente de contratos con empresas privadas. En ese contexto, sorprende la ofensiva pública de Ingesmart SpA, empresa que hasta ahora había seguido prestando servicios peseal término anticipado de su contrato en abril de 2024. A través de una carta enviada el 30 de junio, la empresa señala que suspenderá el servicio a contar del 1 dejulio, dejando sin vigilancia al 80% del parque de cámaras que operaban bajo sualero.
Pero lo que más preocupa es el tono y contenido dela misiva: se exponeuna propuesta de traEl casorevela una to directo con rebaja de costensión profunda tos justo cuando el Concejo entreinterés público Municipal harechazado -y prácticas que, bajo en plenalibertad y por razoa nes supuestamente bien lapariendade fundadas la adjudicación colaboración, buscan deun muevo contrato ala condiciones ventajosas firma GlobalLink. El intento enmomentos de de "ofrecer soluciones" bajo necesidad institucional. Presión, fuera del marco legal, raya en la coacción. La administración municipal ha sido clara: no se permitirá que la seguridad de los vecinos quede rehén de presiones empresariales, ni se aceptará pagar sobreprecios. La decisión de remitir todos los antecedentes a un organismo externo e imparcial para evaluar la legalidad delos actos del Concejo es coherente con una política de probidad y transparencia. El caso Ingesmartrevela una tensión profunda entre interés público y prácticas empresariales que, bajo la apariencia de colaboración! búscán condiciones ventajosas 'en momentos de necesidad institucional. Si algo queda claro es que en Viña del Mar no se vaa torcer la ley para beneficiar anadie. La seguridad es un derecho de todos, no un negocio para unos pocos..