Instrucción desregulatoria: Qué busca la primera medida proinversión de Kast
Instrucción desregulatoria: Qué busca la primera medida proinversión de Kast JOAQUÍN AGUILERA R. El Gobierno dio la primera señal administrativa en materia de inversión, pero su verdadero impacto está por verse.
Entre los primeros instructivos firmados por el Presidente José Antonio Kast, uno “raya la cancha” en cuanto a los plazos de una serie de proyectos por un total de US$ 16.000 millones que, habiendo recibido una aprobación ambiental, están trabados por reclamaciones no judiciales.
Las reclamaciones son recursos que pueden presentar quienes intervienen en el proceso de evaluación ambiental, o terceros involucrados en los mecanismos de participación, para impugnar la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) que da luz verde a un proyecto. La administración Kast está apuntando, según su instructivo, a 51 acciones de este tipo que enfrentan retrasos “fuera de todo plazo legal”, y pone plazos fatales para su resolución.
En concreto, se trata de 20 iniciativas con reclamaciones en el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) por US$ 6.500 millones, otras 22 alojadas en el Comité de Ministros por US$ 9.800 millones y nueve proyectos con RCA en trámite, que también estarían retrasados.
Para aquellos recursos cuyo plazo de revisión venció, el Gobierno propone un tiempo máximo de 90 días para su resolución, 30 días para aquellos alojados en la dirección ejecutiva del SEA y 60 días para los que están en el Comité de Ministros. En la base de datos digital del SEA figuraban ayer ya 53 proyectos con reclamaciones pendientes. El más antiguo comenzó con este proceso en septiembre de 2023; es un proyecto para extender la vida útil de la Planta Catemu, una minera instalada en la Región de Valparaíso. También hay proyectos viales, de hidrógeno verde, de transmisión elécOIRUCREMLE trica y generación eólica, entre otras iniciativas. “El Mercurio” intentó contactarse con el Ministerio de Medio Ambiente para obtener más detalles de esta medida, pero no fue posible una respuesta. Primera señal Entre los expertos, el juicio a esta medida es que si bien no resuelve los problemas más importantes de la “permisología”, es un buen punto de partida. “En el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) los plazos existen; el problema ha sido el incumplimiento y la acumulación de stock, y eso sí puede enfrentarse con instrucción, prioridad y control de gestión.
Lo que no puede hacer un decreto es recortar derechos ni reemplazar lo que debe resolverse por ley y reglamento”, plantea Carlos Zeppelin, vicepresidente del Consejo de Políticas de Infraestructura (CPI). El exsuperintendente de Medio Ambiente Cristóbal de la Maza comparte este punto, y cree que es de especial relevancia en el caso del Comité de Ministros. “Resolver una reclamación involucra decisiones complejas, que tienen costos polític o s. S e h a b í a e x t e n d i d o l a práctica de dilatar esta decisión para evitar conflictos”, opina.
En general, una de las principales limitaciones que los expertos ven en una medida como esta es el hecho de que requiere un importante esfuerzo de coordinación interna, con un análisis técnico profundo de un volumen amplio de información. Las aristas pendientes Otra de las preocupaciones entre especialistas radica en que la celeridad no afecte la calidad técnica de las revisiones. No solo por el riesgo ambiental que involucra, sino que también por un tema procedimental. “Lo importante no es solo acelerar tiempos, sino que responder las reclamaciones de manera prolija, resolviendo de buena manera los intereses en disputa. Existe por cierto el riesgo de que por apurar la marcha se cometan errores y se exponga proyectos a demoras en sede judicial”, advierte de la Maza. De acuerdo con el último informe sobre el balance de gestión del SEA, que abarca el período 2022-2026, la judicialización de los proyectos calificados avanzó desde 7,3% a un 10,3% del total. En particular, se observa que, en el caso de las reclamaciones administrativas, las impugnaciones crecieron desde 31% a 59% en el mismo período. El exfiscal de la SMA y socio de Moreno, Sáez y Avilés, Emanuel Ibarra, sostiene que “es una medida que sin duda ayuda, pero tiene eficacia en sede administrativa. En sede judicial depende de otros factores que van más allá del Ejecutivo.
Allí los proyectos seguirán enfrentando posibles demoras en la tramitación ante los Tribunales Ambientales y Corte Suprema”. A su juicio, esto revela el desafío pendiente de impulsar una modificación legal en la materia, con normas más estrictas que eviten las “litigaciones eternas”, como la observada en el caso Dominga. En una columna publicada ayer en La Segunda, Sergio España, director de la consultora Subjetiva, indica que también debe evaluarse si hay oposición de las comunidades donde se instalan los proyectos. “Las personas saben que la presión que ellos puedan ejercer es lo que permite el avance o no de los proyectos”, escribió.
Los plazos existen; el problema ha sido el incumplimiento y la acumulación de stock”.. ............................................................... CARLOS ZEPPELIN CONSEJO DE POLÍTICAS DE INFRAESTRUCTURA Resolver una reclamación involucra decisiones complejas, que tienen costos políticos”.. ............................................................... CRISTÓBAL DE LA MAZA EXSUPERINTENDENTE DE MEDIO AMBIENTE En sede judicial depende de otros factores que van más allá del Ejecutivo”.. ............................................................... EMANUEL IBARRA SOCIO DE MORENO, SÁEZ Y AVILÉS. Los expertos ven esta acción como un buen punto de partida, pero que presenta impactos acotados y corre el riesgo de aumentar los procesos de judicialización.
Apunta a destrabar proyectos detenidos por reclamaciones en el proceso de evaluación ambiental ‘‘Los plazos existen; el problema ha sido el incumplimiento y la acumulación de stock”.. ............................................................... CARLOS ZEPPELIN CONSEJO DE POLÍTICAS DE INFRAESTRUCTURA ‘‘Resolver una reclamación involucra decisiones complejas, que tienen costos políticos”.. ............................................................... CRISTÓBAL DE LA MAZA EXSUPERINTENDENTE DE MEDIO AMBIENTE ‘‘En sede judicial depende de otros factores que van más allá del Ejecutivo”.. ............................................................... EMANUEL IBARRA SOCIO DE MORENO, SÁEZ Y AVILÉS El miércoles, el Presidente le encomendó esta tarea a la ministra de Medio Ambiente, Francisca Toledo, junto al titular de Hacienda, Jorge Quiroz.