Autor: Constanza Peña Moya La Estrella de Valparaíso

Ley de Convivencia Escolar aviva el debate en torno a los pórticos
Ley de Convivencia Escolar aviva el debate en torno a los pórticos a publicada en el Diario Oficial, y a la espera de que se dicY te el reglamento que permita aplicarla, se encuentra la Ley Nº21.809, sobre Convivencia, Buen Trato y Bienestar de las Comunidades Educativas. Su promulgación ha cobrado relevancia tras los últimos hechos de violencia escolar. Al ataque de un estudiante que cobró la vida de una inspectora en Calama, se suman en la región situaciones que involucraron porte de armas en escuelas de Valparaíso, Viña del Mar y Putaendo. La normativa implica un cambio de gran envergadura en las aulas y no ha estado libre de críticas, que apuntan en especial al Artículo Nº10.
Éste indica que los sostenedores de los recintos, con el acuerdo de la comunidad educativa, "podrán implementar recursos tecnológicos destinados a identificar o detectar armas, artefactos incendiarios u otros elementos similares que pongan en riesgo la vida o la integridad física". Dicho de otra forma, abre las puertas a la instalación de los ya conocidos pórticos detectores de metales, aunque exigiendo la elaboración de un protocolo interno por parte del sostenedor del establecimiento, que luego deberá ser aprobado por la Subsecretaría de Educación con un informe previo del Ministerio de Seguridad. CAUSAS DE LA VIOLENCIA El gremio docente, sin embargo, ha expresado su rechazo a la normativa.
Así, el presidente regional del Colegio de Profesores, Francisco Rodríguez, cree que este tipo de medidas "no apuntan a las causas de los problemas ni a la superación de estos, puesto que institucionalizan el control sobre las personas desde que son menores de edad y estudiantes". "¿Quiénes deben hacerse cargo de lo que los muchachos carguen en sus mochilas? ¿ Quiénes se haCOLEGIO SALESIANO ZK cen cargo de las pesadas cargas invisibilizadas de la salud mental deteriorada?", plantea.
En el mismo sentido, la presidenta de la asociación profesional en la comuna de Valparaíso, Alejandra Arévalo, teme que los docentes se expongan a mayor violencia al sostener el funcionamiento de estos artefactos. "No podemos comenzar la jornada escolar en una jaula, ingresando por pórticos de seguridad, como si eso nos enseñara a vivir en sociedad", reflexiona. EFICACIA EN DUDA Mientras algunas voces instan a abordar el problema desde su origen, hay quienes argumentan que la instalación de estos dispositivos podría incluso ser contraproducente. Así manifiesta el presidente del Sindicato Único de Trabajadores de la Educación (SUTE) en Valparaíso, Michael Humaña, que acusa a la nueva ley de propiciar la tensión entre estudiantes y funcionarios.
Según dice, la experiencia "demuestra que las medidas coercitivas, tales como los detectores de metales, no han frenado la violencia escolar sino que, por el contrario, se pierde el foco educativo y se pone en un mayor riesgo a las comunidades". Alejandra Mohor, académica e investigadora del Centro de Estudios en Seguridad Ciudadana (CESC) de la Universidad de Chile, confirma respecto a este tema que la evidencia obtenida en países como Estados Unidos, "no ha mostrado resultados positivos en la reducción de los delitos en o en torno a los recintos educacionales; más bien, lo que algunos estudios muestran es un aumento de la inseguridad percibida por los estudiantes". La especialista explica que, según lo observado, los detectores de metales "ocuparían un lugar como símbolo que estigmatiza la situación de violencia". Al ser consultada sobre otras alternativas para abordar estos problemas, sostiene que "las estrategias de resolución pacífica de conflicto, los círculos de paz y dispositivos de esa naturaleza han mostrado de manera más sistemática el poder alcanzar resultados en hacerse cargo y disminuir la violencia". LA EXPERIENCIA DEL COLEGIO SALESIANO Mucho antes de que el debate ocupara la agenda, en 2022, el Colegio Salesiano de Valparaíso impulsó la instalación de pórticos detectores de metales. El proceso no se consolidó hasta 2024, puesto que enfrentó una dura ofensiva legal que acabó resolviendo la Corte Suprema.
Para Pablo Torrejón, abogado del establecimento, el caso "marcó un precedente judicial". "Aunque la ley permite herramientas de seguridad, su foco principal es preventivo", indica, añadiendo que se posee un protocolo aprobado por la comunidad, que busca asegurar un trato imparcial y no discriminatorio.
La medida, planteada tras registrarse hechos de violencia y peleas con uso de armas en las cercanías del colegio, fue aplicada gradualmente. "No podemos comenzar la jornada en una jaula, ingresando por pórticos como si nos enseñara a vivir en sociedad". Alejandra Arévalo, presidenta del Colegio de Profesores de Valparaíso. Autor: Constanza Peña Moya La Estrella de Valparaíso. Desde la comunidad educativa cuestionan el artículo que habilita la instalación de dispositivos detectores de metales. Especialista analiza su eficacia, mientras el caso del Colegio Salesiano se posiciona como un precedente judicial. LA EXPERIENCIA DEL COLEGIO SALESIANO Mucho antes de que el debate ocupara la agenda, en 2022, el Colegio Salesiano de Valparaíso impulsó la instalación de pórticos detectores de metales. El proceso no se consolidó hasta 2024, puesto que enfrentó una dura ofensiva legal que acabó resolviendo la Corte Suprema.
Para Pablo Torrejón, abogado del establecimento, el caso "marcó un precedente judicial". "Aunque la ley permite herramientas de seguridad, su foco principal es preventivo", indica, añadiendo que se posee un protocolo aprobado por la comunidad, que busca asegurar un trato imparcial y no discriminatorio.
La medida, planteada tras registrarse hechos de violencia y peleas con uso de armas en las cercanías del colegio, fue aplicada gradualmente. "No podemos comenzar la jornada en una jaula, ingresando por pórticos como si nos enseñara a vivir en sociedad". Alejandra Arévalo, presidenta del Colegio de Profesores de Valparaíso. LA INSTALACIÓN SERÁ VOLUNTARIA Y REQUERIRÁ DE UN ACUERDO CON EL CONSEJO ESCOLAR O LA COMUNIDAD EDUCATIVA EL PROCESO TOMÓ DOS AÑOS E INVOLUCRÓ UNA PUGNA JUDICIAL.