Autor: Por Investigación Diario Longino

Migración irregular y crimen organizado: Migración irregular y crimen organizado: El golpe al norte de Chile El golpe al norte de Chile
Migración irregular y crimen organizado: Migración irregular y crimen organizado: El golpe al norte de Chile El golpe al norte de Chile juntas Una marea humana de migrantes, principalmente venezolanos, ha atravesado la frontera norte chilena en los últimos años, ingresando por pasos no habilitados en el desierto altiplánico de Tarapacá. Colchane, un pequeño pueblo andino a 3.650 metros de altura, se convirtió en uno de los principales puntos de ingreso irregular. La situación no solo desbordó la capacidad local, sino que también fue aprovechada por organizaciones criminales que expandieron sus operaciones al calor de la crisis migratoria.
Autoridades y expertos apuntan a la megabanda venezolana Tren de Aragua como el caso más emblemático: este grupo delictual transnacional estableció células en Chile vinculadas al tráfico de personas, drogas y armas, así como a delitos violentos inéditos en el país.
Un juicio histórico en 2022-2023 reveló la magnitud de su presencia: 38 acusados 34 venezolanos y 4 chilenos enfrentaron cargos por secuestros, homicidios y otros crímenes, en el proceso contra la célula local conocida como “Los Gallegos”. Según la Fiscalía de Tarapacá, el Tren de Aragua es la primera organización de crimen organizado trasnacional con la que ha lidiado la justicia chilena, convirtiendo al norte de Chile en su mayor centro de operaciones fuera de Venezuela. De hecho, a mediados de 2023 ya se había identificado al menos 350 miembros de esta banda operando en Chile, de los cuales 123 estaban en prisión. Las consecuencias para la seguridad han sido drásticas.
En 2022 Chile registró su mayor tasa histórica de homicidios, con 6,7 asesinatos por 100 mil habitantes (46% más que en 2021). Tarapacá fue uno de los epicentros de esta violencia: alcanzó 13,4 homicidios por 100 mil hab. ese año, casi cuatro veces el promedio nacional. Se estima que un 70% de los homicidios en Tarapacá estuvieron vinculados al crimen organizado. Delitos antes raros en Chile, como sicariato (asesinatos por encargo), extorsiones o secuestros, irrumpieron con fuerza en la zona. El fiscal regional de Tarapacá advirtió una relación directa entre el masivo ingreso de migrantes y el aumento de delitos violentos, con un porcentaje significativo tanto de víctimas como de victimarios extranjeros.
La población penitenciaria lo refleja: Tarapacá tiene la tasa más alta de reos extranjeros del país más de la mitad de sus presos son foráneos, muy por encima del 13,6% nacional-, un indicador del involucramiento de migrantes (particularmente irregulares) en la criminalidad local. No obstante, los especialistas matizan que correlación no es causalidad.
Si bien el flujo migratorio descontrolado creó condiciones propicias para que operen mafias (que explotan la vulnerabilidad de los migrantes e incluso controlan pasos clandestinos en la frontera), no se puede afirmar que cada migrante irregular traiga delincuencia.
“La información obtenida se refiere solo a delitos cometidos por extranjeros, sin especificar si eran irregulares o no; por tanto, no se puede establecer una causalidad directa entre el aumento de delitos y la inmigración irregular” concluye un estudio de la Universidad de Santiago en Tarapacá.
Aun así, la percepción de inseguridad sí ha crecido de la mano del fenómeno migratorio: en 2022, la percepción de que la delincuencia iba en aumento llegó a 90,6% a nivel país récord histórico y fue todavía mayor en las regiones nortinas de Arica-Parinacota y Tarapacá. En estas zonas afectadas por violentos crímenes, la opinión pública empezó a atar migración con delincuencia, alimentando respuestas radicales. social El impacto en la vida cotidiana de Tarapacá ha sido profundo. Vecinos de Iquique relatan cómo el temor a la delincuencia cambió sus hábitos: muchos evitan salir de noche o han modificado horarios por miedo a ser víctimas de asaltos o agresiones.
En poblados fronterizos altiplánicos, comunidades indígenas aimaras expresan su preocupación por la inseguridad creciente en su territorio ancestral, viéndose obligadas incluso a desplazarse a otras localidades para abastecerse debido al fuerte control militar y la incertidumbre en la frontera. “Hay consenso en que el impacto más relevante guarda relación con las actividades diarias de la comunidad, teniendo que adaptar sus rutinas principalmente por el miedo”, resume la investigación antes citada en Tarapacá. La crisis humanitaria también se hizo sentir. Cientos de familias migrantes, tras cruzar por pasos extremos entre Bolivia y Chile, quedaron varadas en plazas y playas del norte sin techo ni servicios básicos, generando escenas inéditas de precariedad. En febrero de 2021, Colchane de solo 1.600 habitantes amaneció con más de mil migrantes venezolanos durmiendo a la intemperie, desatando una emergencia sanitaria. La solidaridad inicial dio paso a la fatiga. Para 2021-2022, Iquique vivió manifestaciones masivas donde residentes canalizaron su indignación tanto hacia la delincuencia como hacia la inmigración descontrolada.
El 30 de enero de 2022, unas 4.000 personas marcharon en Iquique protestando por la inseguridad; entre banderas chilenas, muchos gritaban “¡ Fuera los delincuentes! ” asociando a los migrantes con el crimen, y un grupo iracundo atacó un campamento improvisado de venezolanos, quemando sus pertenencias. Un hecho similar ya había ocurrido meses antes, en septiembre de 2021, cuando una turba incendió carpas de migrantes en la ciudad al calor de consignas xenófobas. Estos actos de violencia contra extranjeros, condenados por las autoridades como delitos de odio, reflejan la tensión social acumulada en la zona.
Los incidentes que detonaron ese estallido ciudadano ilustran la espiral problemática: días antes de la protesta de enero 2022, siete inmigrantes venezolanos agredieron brutalmente a dos carabineros que les solicitaron documentos, y el video se viralizó. Semanas atrás, un camionero chileno murió tras ser arrojado desde un paso sobre nivel durante una pelea con presuntos migrantes. Para muchos iquiqueños, estos crímenes simbolizaron el colapso del orden. Las cifras respaldaban su preocupación: solo en 2021, Iquique había registrado un aumento de 183% en homicidios, 501% en tráfico de migrantes y fuertes alzas en narcotráfico y robos con violencia, según la Fiscalía Regional. “Nos sentimos superados y abandonados” era la queja recurrente de vecinos y autoridades locales. El gobernador regional de Tarapacá, José Miguel Carvajal, llegó a declarar en 2022 que la región se convirtió en “víctima de las omisiones” del nivel central en materia migratoria y de seguridad. Ante la emergencia, las comunidades locales de Tarapacá han buscado organizarse y ser parte de la solución.
Organizaciones sociales, municipios y líderes indígenas han sostenido diálogos para exigir más apoyo estatal pero también más coordinación Comunidades en alerta: miedo, violencia y tensión Frontera desprotegida: migración y mafias cruzan Este reportaje explora el impacto social y económico de esta crisis, recoge testimonios locales y analiza cómo los gobiernos de Sebastián Piñera y Gabriel Boric han enfrentado la migración irregular y el crimen organizado, sus continuidades y contrastes, con voces de expertos que plantean soluciones integrales con enfoque territorial. En la Región de Tarapacá, la llegada masiva de migrantes por pasos clandestinos ha coincidido con la aparición de bandas criminales transnacionales.
El resultado: un aumento inédito de la violencia y tensiones sociales en ciudades como Iquique y pueblos altiplánicos.. Migración irregular y crimen organizado: Migración irregular y crimen organizado: El golpe al norte de Chile El golpe al norte de Chile en terreno. En encuentros participativos, habitantes aimaras señalaron la falta de comunicación con ellos y pidieron mayor presencia de autoridades en sus localidades fronterizas. Los alcaldes de ciudades como Iquique y Alto Hospicio, por su parte, han demandado recursos para responder al aumento poblacional abrupto en viviendas, salud y educación y para programas de integración de los migrantes regulares.
La situación ha dejado lecciones dolorosas: sin una respuesta estatal oportuna, el vacío lo llenan el miedo y la violencia, con costos altísimos tanto para chilenos como para los propios migrantes (la mayoría de los cuales no comete delitos). Como resumió un dirigente vecinal iquiqueño: “No somos xenófobos; estamos desesperados porque la delincuencia creció y sentimos inseguridad, pero sabemos que no todos los extranjeros son malos. Necesitamos ayuda para recuperar la tranquilidad sin perder la humanidad”. Ese delicado equilibrio es el gran desafío.
Las dimensiones de esta crisis tomaron por sorpresa a Chile, obligando a dos gobiernos de distinto signo político el segundo mandato del centroderechista Sebastián Piñera (2018-2022) y el actual gobierno del izquierdista Gabriel Boric (desde 2022) a improvisar respuestas. Si bien sus enfoques retóricos difieren, en los hechos ha habido tanto continuidades como diferencias en sus políticas migratorias y de seguridad en el norte. El gobierno de Piñera enfrentó el grueso de la ola migratoria venezolana sin un plan preventivo claro.
Tras años de incremento sostenido de inmigrantes, en 2018 Piñera lanzó una primera “regularización extraordinaria” para documentar a extranjeros presentes en Chile y promulgó una visa especial para venezolanos (Visa de Responsabilidad Democrática), buscando canalizar la migración por vías legales. No obstante, la agudización de la crisis venezolana y la pandemia desataron un ingreso masivo por pasos clandestinos alrededor de 2020-2021 que excedió esas medidas. Piñera endureció entonces el discurso prometiendo “ordenar la casa” en materia migratoria, privilegiando la seguridad interna. Impulsó una nueva Ley de Migración (aprobada en 2021) para reemplazar la antigua normativa de 1975, con disposiciones para facilitar expulsiones de irregulares y mayor control. En paralelo, optó por acciones de alto impacto comunicacional: realizó expulsiones masivas televisadas de migrantes con antecedentes o en situación irregular, subiendo personas a aviones frente a las cámaras de TV. Estas deportaciones mediáticas que incluyeron a ciudadanos colombianos, venezolanos y haitianos fueron criticadas por organismos de derechos humanos e incluso frenadas parcialmente por tribunales, al detectarse casos de expulsados sin debido proceso. A medida que la crisis en Tarapacá escaló, Piñera recurrió a medidas excepcionales. En febrero de 2022, decretó Estado de Emergencia en cuatro provincias del norte, autorizando la militarización de la frontera para apoyar a policías en el control de ingresos ilegales. También ordenó rehabilitar antiguas zanjas fronterizas en Colchane y otros hitos andinos fosas excavadas en 2017 que habían quedado inservibles buscando disuadir el paso de vehículos y personas. Estas acciones lograron frenar parcialmente el flujo, pero de forma temporal: “Las zanjas pueden ralentizar, pero no frenar en seco el flujo de migrantes hacia Chile”, advertía la prensa en esos días. Piñera optó por no suscribir el Pacto Migratorio de la ONU (en un giro soberanista) y mantuvo tensas relaciones con países vecinos por el tema migratorio.
Hacia el término de su mandato, la situación en Tarapacá era crítica: el “frente norte” combinaba una crisis humanitaria de migrantes varados y una crisis delictual por la incursión de mafias, panorama que Piñera legó al gobierno entrante de Boric. que declarado de “migración con derechos humanos” y críticas a la política de mano dura de su antecesor. En Los gobiernos locales y la sociedad civil de Tarapacá proponen soluciones con enfoque territorial.
En los diálogos ciudadanos realizados en 2023 para insumos de la nueva Política Migratoria, organizaciones de la región sugerieron medidas como: más albergues y centros de tránsito humanitario en el norte (para que los migrantes no queden en las calles); incentivos para que migrantes se radiquen en zonas con demanda laboral fuera del norte (descomprimiendo Tarapacá); programas de interculturalidad que reduzcan la desconfianza entre chilenos e inmigrantes; y sobre todo, mayor descentralización de recursos. “La comunidad quiere ser parte activa de la solución” resumió un dirigente aimara, pidiendo más comunicación y trabajo conjunto entre autoridades centrales y locales.
La idea de integración territorial implica que el Estado debe actuar con un conocimiento fino de la realidad local nortina muy distinta a la del centro del país, apoyándose en alcaldes, gobernadores y comunidades indígenas para implementar respuestas específicas en cada lugar. Esto va de la mano con reforzar la presencia del Estado: dotar de más fiscales, jueces, policías e infraestructura a regiones como Tarapacá, que por años quedaron relegadas.
De hecho, en enero de 2023 el Fiscal Regional de Tarapacá advirtió que necesitarían al menos 13 fiscales adicionales para enfrentar la carga de casos de crimen organizado; iniciativas como crear una Fiscalía supraterritorial especializada en crimen organizado (proyecto de reforma presentado en 2023 ) van en la línea de fortalecer la capacidad institucional. Los expertos en migración, por su parte, enfatizan que cerrar puertas no basta. Juan Pablo Ramaciotti, director del Centro de Políticas Migratorias, argumenta que criminalizar al migrante irregular en sí mismo es un error que puede empeorar las cosas.
“La experiencia comparada muestra que medidas muy restrictivas, si no van acompañadas de vías eficaces de migración regular, generan mayor demanda por coyotes o traficantes, exponiendo a las personas a mayores peligros y expandiendo el alcance de organizaciones criminales” advierte Ramaciotti.
En un reciente artículo, planteó alternativas integrales: fortalecer el control fronterizo con tecnología y cooperación internacional para detectar trata de personas y entradas de delincuentes, pero a la vez abrir vías legales para migrantes que huyen de crisis (visados humanitarios expeditos, reunificación familiar), agilizar los procesos de refugio y mejorar la eficiencia de expulsión para quienes sí cometen delitos graves. Asimismo, sugiere sancionar a empleadores que se aprovechan de inmigrantes indocumentados, y coordinar con países de la región campañas de información y acuerdos para ordenar los flujos. En síntesis, “combinar control fronterizo con mecanismos de integración, garantizando tanto la seguridad como la dignidad humana” es la ruta que propone este especialista. Finalmente, cualquier solución duradera deberá atacar las causas profundas. Mientras Venezuela, Haití u otros países sigan en crisis, la presión migratoria continuará. Chile, junto a sus vecinos, podría liderar iniciativas regionales de ayuda humanitaria y desarrollo para mitigar esas causas, aunque es un reto de gran escala.
En lo local, invertir en desarrollo de la frontera norte más infraestructura, empleo y servicios en Tarapacá, Arica y Antofagasta ayudaría a integrar a los recién llegados sin desatender a la población chilena, reduciendo las brechas que el crimen organizado ha explotado. Tras años turbulentos, el norte de Chile ha aprendido lecciones clave. La principal: no se puede abordar migración ni seguridad por separado. Una perspectiva integral y territorial, que equilibre control y humanidad, es el camino difícil pero necesario.
Como insisten quienes viven en Tarapacá, “no más parches ni promesas desde Santiago”. La paz social en esta esquina del país dependerá de acciones coordinadas en todos los niveles local, nacional e internacional que devuelvan la seguridad a las comunidades, sin renunciar a los valores de solidaridad y legalidad sobre los que Chile ha forjado su tradición migratoria.
Sólo así podrá cerrarse esta dolorosa brecha que hoy separa a residentes e inmigrantes bajo la sombra del crimen, y recuperar el norte como tierra de oportunidades y convivencia. campaña, llegó a proponer regularizaciones masivas y una acogida más abierta a refugiados. Sin embargo, el rápido agravamiento del orden público en el norte obligó a matizar su postura. Su ministra del Interior inicial, Izkia Siches, vivió un accidentado intento de diálogo en Colchane fue recibida a balazos al acercarse a un campamento irregular lo que evidenció la complejidad en terreno. Finalmente, Boric mantuvo muchas de las medidas de control de Piñera: prorrogó el despliegue militar en frontera (con ajustes semestrales autorizados por el Congreso) e intensificó controles en rutas y terminales. Su gobierno reforzó la presencia policial en Tarapacá y coordinó operativos especiales contra bandas.
En marzo de 2023, por ejemplo, la PDI desmanteló una célula del Tren de Aragua en Tarapacá detuvo a 11 integrantes y decomisó 170 kg de droga descubriendo que habían comprado buses para mover migrantes sin papeles desde la frontera hacia Santiago. Tales golpes apuntaron a cortar la logística del tráfico de personas. En el plano político, Boric procuró una aproximación más multilateral. Ante la negativa inicial de Venezuela a reconocer la existencia del Tren de Aragua, el gobierno chileno presionó diplomáticamente.
Paradójicamente, en 2024 Boric terminó respaldando a Piñera (ya fallecido) cuando el presidente Nicolás Maduro acusó al exmandatario chileno de “traer delincuentes” venezolanos a Chile: Boric refutó a Maduro públicamente y valoró que al menos admitiera la peligrosidad de la banda, instando a Caracas a cooperar en la extradición de sus cabecillas.
También se abrieron canales con Bolivia y Perú para vigilar fronteras comunes, aunque episodios tensos persistieron (en abril de 2023, decenas de migrantes quedaron atrapados en la frontera Chile-Perú cuando ambos países se negaban a recibirlos, requiriendo gestiones urgentes para repatriaciones). Donde sí hubo un sello distinto fue en el ámbito legislativo: durante el gobierno de Boric se han impulsado y promulgado varias leyes de seguridad frente a la “nueva criminalidad”. Por ejemplo, en 2023 se aprobó por amplia mayoría la Ley contra el Crimen Organizado, primer marco legal integral para perseguir mafias, con herramientas investigativas modernas. Asimismo, se creó la Política Nacional contra el Crimen Organizado (PNCO), estrategia que coordina a todas las agencias del Estado en la detección y combate de redes delictivas complejas. En la Cuenta Pública de 2025, el Presidente Boric destacó que “hemos logrado romper la curva al alza” de la delincuencia mediante un trabajo sostenido de policías, fiscalías y gobiernos locales.
Con respecto a la migración, afirmó un dato notable: “durante nuestro gobierno ha habido un descenso de 48% en la migración irregular, que fue uno de los malos legados del gobierno anterior”. Esta reducción atribuida en parte a mayores controles y acuerdos para deportaciones selectivas de extranjeros con prontuario indicaría un cambio de tendencia, aunque expertos señalan que también obedece a que menos venezolanos están saliendo de su país en 2023-2024.
Boric, sin embargo, ha evitado los gestos confrontacionales de Piñera: se discontinuaron las expulsiones televisadas (aunque sí se realizan deportaciones administrativas regularmente), y se puso énfasis en planes de integración local para migrantes regularizados, con apoyo en vivienda y empleo en las regiones de acogida. En suma, Piñera y Boric partieron de visiones opuestas seguridad estricta vs. enfoque de derechos pero ambos terminaron combinando control fronterizo con medidas internas frente al crimen organizado. La principal continuidad ha sido la securitización del fenómeno migratorio: Chile concibe hoy su frontera norte como una “zona roja” donde colaborar Fuerzas Armadas, policías e inteligencia para contener no solo migrantes sino también mafias.
La diferencia está en el estilo y alcance de las políticas: Piñera priorizó señales de fuerza de corto plazo (deportaciones masivas, militares en frontera), mientras Boric tras un ajuste obligado apunta a institucionalizar la respuesta, con marcos legales y cooperación internacional, sin renunciar del todo a la mano dura cuando es necesaria. Aún así, los desafíos heredados persisten en gran medida, y las comunidades del norte continúan esperando soluciones de fondo. Frente a un problema complejo de carácter transnacional y territorial, especialistas coinciden en que no hay bala de plata, sino la necesidad de políticas integrales a largo plazo. Pilar Lizana, analista de seguridad del think tank AthenaLab, subraya que la crisis en el norte de Chile es un “fenómeno multidimensional” donde migración irregular y crimen organizado se retroalimentan. “Grupos como el Tren de Aragua han explotado la vulnerabilidad de los migrantes para sus negocios de tráfico y trata. Además, han aprovechado la falta de control migratorio para ingresar al país” explica, enfatizando que una migración descontrolada termina facilitando la entrada de criminales extranjeros.
Por ello, Lizana plantea abordar ambos frentes simultáneamente: proteger a los migrantes vulnerables (evitando que caigan en redes de trata) a la vez que cerrar el paso a las mafias que se infiltran en los flujos migratorios.
También destaca la importancia de recuperar el territorio: “La disputa por el control territorial que significó la llegada del Tren de Aragua generó un aumento de la violencia... ”. En efecto, restablecer la autoridad en barrios tomados por el crimen como partes de Alto Hospicio, donde el Tren de Aragua llegó a ejercer control según la PDI es prioritario para devolver la calma a las comunidades.
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