Editorial: Intervención política en el sistema ADP
Editorial: Intervención política en el sistema ADP U no de los consensos fundamentales en la modernización del Estado es el carácter profesional e independiente del ciclo político-electoral que debe revestir la administración. En este marco, la destitución de la directora del hospital de San Antonio, Loreto Maturana, seleccionada por los procedimientos de Alta Dirección Pública (ADP), es una preocupante muestra de interferencia política en el sistema.
Maturana fue removida por el director del Servicio de Salud Valparaíso-San Antonio (Ssvsa), Juan Castro, debido a que contrató, para el puesto de subdirectora médica, a la exministra de Desarrollo Social Jeannette Vega, quien fue titular de esa cartera de marzo a agosto de 2022.
A juicio de Castro, esa decisión fue "un error político". En una entrevista con La Tercera, la removida directora ha afirmado que "llamé a la doctora Vega, no llamé a una exministra". Antes de asumir en Desarrollo Social, Vega trabajó en la OMS, fue directora de Fonasa, subsecretaria de Salud y encabezó un programa de innovación y transformación digital en la red de salud UC Christus.
El despido de Maturana ha causado una crisis todavía en curso en el Hospital Claudio Vicuña; la línea de sustitución de la directora se negó a asumir el cargo vacante y diversos médicos anunciaron su renuncia por lo que consideran una "persecución política". Ayer la máxima autoridad del Ssvsa presentó a un director subrogante. El hospital de San Antonio está en la categoría de "autogestionado en red", una modalidad que le otorga a su equipo mayor autonomía financiera, administrativa y de manejo de recursos humanos.
En una carta publicada esta mañana, un conjunto transversal de expertos en políticas públicas ha recordado que la legislación limita el poder presidencial al instituir la profesionalización de las jefaturas de servicios públicos vía ADP, lo cual incluye a directores de hospitales; en este sentido, los firmantes postulan que el cese de Maturana, por falta de confianza política, es una "pésima señal" y que exigir lealtad partidaria para el desempeño de funciones técnicas, "no es propio de las democracias modernas". Según ha escrito en estas páginas el académico y exministro Luis Cordero, lo ocurrido en San Antonio "es una expresión difícil de justificar del abuso político y del sabotaje a las reformas del Estado que llevan tiempo construyéndose". La ADP ha sido un avance significativo en la formación de una capa de directivos escogidos en consideración a sus méritos y experiencia y no por criterios político-partidistas o clientelistas.
Ciertamente, la remoción de la directora Maturana, a pesar de que su cargo era de carácter técnico y no de confianza, y las objeciones políticas a la exministra -el diputado republicano Agustín Romero planteó en redes sociales "que se vaya Jeanette Vega y todos los médicos zurdos"-, marcan un retroceso y no contribuyen a cuidar el espíritu de la institucionalidad de la alta dirección pública.
La responsabilidad con la modernización del aparato estatal requiere que la política y el Gobierno respeten los bordes de aquello que legítimamente pueden hacer respecto de un sistema de nominación de altos cargos que ha sido eficiente.
Como ha dicho el exministro Cordero, el compromiso de la política con el objetivo de un mejor Estadose acredita cuando se detenta el poder, y no en la retórica de las campañas. "El compromiso de la política con el objetivo de un mejor Estado se acredita cuando se detenta el poder".. "El compromiso de la política con el objetivo de un mejor Estado se acredita cuando se detenta el poder".