Autor: Por Diana Aros Aros dianaaros@diarioelsur.cl

Estrechez operacional y expropiación pesquera marcan demandas al Estado
Estrechez operacional y expropiación pesquera marcan demandas al Estado con operación en la Región uatro empresas pesqueras, del Biobio, han presentado demandas en contra del Estado por la Ley de Fraccionamiento, normativa que redistribuyó las cuotas de pesca entre el sector industrial y artesanal, en favor de este último.
Se trata de Camanchaca, Blumar, Landes y FoodCorp, compañías que argumentan que la ley cuya vigencia data de enero de 2026, vulnera los derechos patrimoniales del rubro, genera estrechez operacional y se enmarca en la ilegalidad de los acuerdos previamente alcanzados.
Camanchaca, la primera en tomar la acción judicial, anunció a principios de febrero el ingreso, con fecha al 31 de enero, de una demanda de indemnización en contra del Estado de Chile la que, en su argumento, "vulneró derechos patrimoniales adquiridos por la compañía y afectó gravemente la seguridad jurídica del sector". Por lo anterior, solicitaron una indemnización que asciende los $90 mil millones por perjuicios.
Entre lo planteado por la compañía está que durante más de una década el Estado habría diseñado, ofrecido y consolidado un sistema de administración pesquera basado en licencias transables de pesca, garantizando un determinado fraccionamiento de cuotas entre ambos rubros hasta al menos el 2032 para luego generar una renovación conforme al desarrollo del sector.
El gerente general de la compañía, Ricardo García, calificó que la normativa afecta y daña la confianza del país frente al escenario internacional, y afirmó que defender sus derechos no se trata de argumentar privilegios, sino de "defender el patrimonio legítimo". RESULTADO LEGISLATIVO Blumar, en tanto, estimó que los daños y perjuicios por el nuevo fraccionamiento son del orden de US$216 millones, y que, además, se compromete la sostenibilidad de la compañía y sus planes de inversión futura.
En una demanda ingresada también en febrero de este año, afirmaron que uno de los proyectos directamente afectados corresponde al desarrollo del jurel destinado al consumo humano en Biobio y que debieron reevaluar sus inversiones para Coronel, y con ello, la generación de empleos. "Debemos proteger no sólo los intereses de nuestros accionistas, sino que especialmente los de nuestros trabajadores y las comunidades donde operamos", sostuvieron en esa oportunidad.
Cabe recordar que la Ley de Fraccionamiento, promulgada en 2025, se dilató por varios trámites en el Congreso debido a la falta de acuerdos entre parlamentarios y el gobierno saliente, lo que generó cambios significativos entre el proyecto ingresado por la administración y el resultado legislativo.
Concretamente, se estableció la distribución año a año de las cuotas gloX bales de captura para 23 pesquerías entre la industria y el sector artesanal, y se estimó un traspaso de $ 160 mil millones neto de recursos desde la industria a los pescadores artesanales.
Este traspaso y nueva distribución fue lo que causó las acciones judiciales de las que también es parte Landes, compañía que exigió una indemnización de más de US$70 millones, además de solicitar que se reconozca la ilegalidad y el daño patrimonial de la nueva ley.
En su demanda, adujeron que la ley "constituye una expropiación encubierta" del patrimonio, mientras que el CEO de Landes, Andrés Fosk, lamentó que "se tramitó una ley sin sustento, deficiente", emanando críticas al entonces subsecretario de Pesca, Julio Salas, calificando su gestión de "trabajo irresponsable, alejado de lo técnico". La conclusión anterior fue compartida por el CEO de FoodCorp, Andrés Daroch, empresa pesquera chilena de capitales noruegos tras sumarse a las demandas con el Estado de Chile y advertir un daño patrimonial superior a los US$100 millones, "monto que esperamos recuperar al término de este juicio". Consultados por el impacto de las demandas y el desarrollo del sector, Pescadores Industriales del Biobío declinó referirse. En lo que respecta al proceso y acciones del gobierno entrante, al cierre de esta edición, no hubo respuesta del delegado presidencial, Julio Anativia. Las compañías argumentaron que se faltó a los acuerdos que establecían garantías de fraccionamiento pesquero hasta el año 2032. Autor: Por Diana Aros Aros dianaaros@diarioelsur.cl. Camanchaca, Landes, Blumar y FoodCorp solicitaron millonarias indemnizaciones por la vulneración del derecho patrimonial tras la entrada en vigencia de la normativa. Cuatro empresas han ingresado acciones judiciales por impactos de la Ley de Fraccionamiento Las compañías argumentaron que se faltó a los acuerdos que establecían garantías de fraccionamiento pesquero hasta el año 2032. Las empresas expusieron que la Ley de Fraccionamiento también daña la confianza internacional del país en materia pesquera.