Estados de excepción constitucional y ley de seguridad interior del estado
Estados de excepción constitucional y ley de seguridad interior del estado Los estados de excepción constitucional en Chile son medidas extraordinarias dictadas por el Presidente de la República para limitar derechos y libertades ante crisis graves, ordenadas por la Constitución e Incluyen el "Estado de Asamblea", declarado en caso de guerra exterior, con acuerdo del Congreso y permite restringir libertades de reunión, trabajo y mover personas; el "Estado de Sitio", declarado en caso de guerra interna o grave conmoción interior, con acuerdo del Congreso, dura 15 días, prorrogables y permite restringir la libertad de locomoción y reunión; el "Estado de Emergencia", declarado por el Presidente por grave alteración del orden público o seguridad nacional, dura 15 días, prorrogables con acuerdo del Congreso y permite restringir libertades de locomoción y reunión; más el "Estado de Catástrofe", declarado ante calamidad pública por desastres naturales, sanitarios, etc., dura 90 días, prorogables y permite restringir la libertad de locomoción, reunión y limitar el derecho de propiedad. Asimismo, todos los estados de excepción implican que las zonas afectadas quedan bajo dependencia de un jefe de la Defensa Nacional, generalmente un miembro de las Fuerzas Armadas, designado por el presidente. Teniendo presente que para tales efectos el Congreso Nacional juega un rol fiscalizador y de aprobación, limitando la discrecionalidad del poder ejecutivo.
No obstante, toda persona que vulnere o quebrante las normas establecidas en la Ley 12.927 sobre Seguridad Interior del estado, son delitos contra la soberanía nacional y están previstos en el Título I del Libro Il del Código Penal y en el Título II del Libro III del Código de Justicia Militar, entre otras leyes: como aquellos que inciten o induzcan a la subversión del orden público o a la revuelta, resistencia o derrocamiento del Gobierno constituido; o los que inciten o induzcan, de palabra o por escrito o valiéndose de cualquier otro medio, a las Fuerzas Armadas, de Carabineros, Gendarmería o Policías, o a individuos pertenecientes a ellas, a la indisciplina, o al desobedecimiento de las órdenes del Gobierno constituido o de sus superiores jerárquicos; o los que inciten, induzcan, financien o ayuden a la organización de milicias privadas, grupos de combate u otras organizaciones semejantes y a los que formen parte de ellas, con el fin de sustituir a la fuerza pública, atacarla o interferir en su desempeño, o con el objeto de alzarse contra los poderes del Estado o atentar contra las autoridades; y los que propaguen o fomenten, de palabra o por escrito o por cualquier otro medio, doctrinas que tiendan a destruir o alterar por la violencia el orden social o la forma republicana y democrática de Gobierno, entre otros delitos.
En efecto, el gobierno de José Antonio Kast Rist que se inició el 11 de marzo de 2026, tras su victoria en la segunda vuelta de la elección presidencial de Chile de 2025 frente a Jeannette Jara Román, y que se extenderá hasta el 11 de marzo de 2030, fecha en la que debe producirse la investidura de su sucesor, deberá aplicar los estados de excepción en virtud de la Ley 12.927 sobre Seguridad Interior del Estado.
A fin de enfrentar a la extrema izquierda que ha comenzado con manifestaciones, disturbios y amenazas a la derecha política, mediante actos de odio, violencia física contra las fuerzas de orden y seguridad, las cuales obedecen a la obsesión de cambios constitucionales o estructurales radicales para socavar el modelo económico y político vigente, entre otras acciones que incluyen hostigamiento en redes, difusión de noticias falsas y el uso de la intimidación para limitar la acción política de la derecha política.
Lamentablemente, a la extrema izquierda política no le gusta ser perdedores y no aceptan derrotas, y olvidan que en el juego de la democracia hay que saber perder, porque en caso contrario, esta deja de ser democracia. Ahora, deberá esperar cuatro años más.
Sin obviar que las probabilidades ya advierten su próxima derrota de elección presidencial para el período 2030-2034, esta en frente del posible candidato presidencial del PDG, Franco Aldo Parisi Fernández, ingeniero comercial, economista y político chileno,. Roberto Cisternas Contreras