EDITORIAL: El descontrol también es institucional
EDITORIAL: El descontrol también es institucional E l informe de la Contraloría General de la República (CGR) que reveló más de 25 mil casos de funcionarios públicos que salieron del país mientras se encontraban con licencia médica ha causado justificada indignación. En primer lugar, desde luego, hacia quienes han hecho uso indebido o fraudulento del beneficio.
Según informó este martes el ministro de Hacienda, Mario Marcel, 131 instituciones han iniciado sumarios contra 6.592 funcionarios identificados, los cuales arriesgan sanciones que van desde la restitución de los fondos recibidos indebidamente hasta la destitución o, incluso, acciones penales.
Por otro lado, también el ojo de los organismos fiscalizadores y la opinión pública se ha posado en el rol de los emisores: la Contraloría detectó que entre quienes hicieron uso irregular del permiso había más de 250 médicos de hospitales públicos que atendieron partos, en clínicas privadas, al mismo tiempo que gozaban del descanso legal. Investigaciones del Ministerio Público han puesto en la mira a verdaderas organizaciones dedicadas a la emisión y venta de licencias fraudulentas. En paralelo alas reacciones al informe, este fin de semana fue promulgada una ley que fortalece la fiscalización de las licencias médicas y eleva las sanciones por emisiones fraudulentas.
Menos atención se ha puesto, sin embargo, a la responsabilidad de aquellas instituciones que han fallado rotundamente en su labor de prevenir, detectar y sancionar adecuadamente estos casos, al interior de la propia administración del Estado.
La propia Contraloría, de hecho, abrió un sumario administrativo en la Superintendencia de Seguridad Social (Suseso), en la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (Compin) y en el Fondo Nacional de Salud (Fonasa), para investigar eventuales incumplimientos en sus deberes de control.
Paradigmático resulta el caso del convenio firmado en 2014 entre la mencionada Suseso y la PDI, que mandataba a ambas instituciones a cruzar datos para detectar personas que salían del país mientras se encontraban con licencia médica no psiquiátrica. Pasaron tres gobiernos, y al menos seis superintendentes, sin que el convenio fuese implementado o no ofreciera resultados.
La directoria de la Compin ha explicado que resulta imposible fiscalizar el 100% de las licencias, por lo que el control se hace de forma aleatoria, de acuerdo al perfil de riesgo; sin embargo, resulta evidente que dicha la vigilancia ha resultado, al menos, poco eficaz. Algo similar cabe decir de los organismos públicos donde el uso de licencias a destajo por parte de algunos trabajadores era visible y evidente, pero no generaron las alertas ni las investigaciones que correspondían. Es probable que, más allá de las sanciones individuales, el escándalo conduzca a reformas legales y administrativas que reduzcan el espacio a la arbitrariedad, el abuso y el fraude.
Ni la más frondosa o mejor intencionada maraña de disposiciones, sin embargo, permitirá evitar el uso incorrecto de estos u otros beneficios, si las instituciones y las personas que deben controlar prefieren mirar para el lado o intentan diluir su responsabilidad refugiándose en los laberintos de la burocracia. "Ni la más frondosa maraña de disposiciones permitirá evitar los abusos si las instituciones y las personas que deben controlar prefieren mirar para el lado". El descontrol también es institucional.