Columnas de Opinión: Admisión inclusiva: una deuda pendiente
Columnas de Opinión: Admisión inclusiva: una deuda pendiente Cada proceso de admisión a la educación superior abre un nuevo ciclo de expectativas y oportunidades. Hace algunos días, cuando se entregaron los resultados de las postulaciones, miles de jóvenes supieron si podrían iniciar su trayectoria en este nivel educativo. Sin embargo, para muchos estudiantes en situación de discapacidad, este hito continúa marcado por barreras que dificultan un acceso equitativo. Aunque existen avances normativos y mecanismos especiales, la inclusión sigue dependiendo más del esfuerzo individual del postulante que de una política verdaderamente estructural. Los datos de la Subsecretaría de Educación Superior muestran un crecimiento sostenido en la matrícula: en 2025 se registraron 16.953 estudiantes con discapacidad, cifra que representa apenas 1,16% del total de matriculados del sistema. Si bien el aumento ha sido consistente en los últimos cinco años, el porcentaje sigue siendo bajo si se considera la diversidad presente en la educación escolar. Estas cifras evidencian que el desafío ya no es solo abrir cupos, sino garantizar que el camino de ingreso sea accesible desde el inicio. El sistema contempla vías de admisión especial que permiten postular mediante criterios diferenciados. Sin embargo, su implementación es heterogénea, ya que cada institución define requisitos, plazos y mecanismos propios. Esta falta de estandarización genera inequidades, especialmente para quienes cuentan con menos apoyo familiar o escolar para enfrentar procesos administrativos complejos. En la práctica, las oportunidades dependen del conocimiento previo del sistema y no de un enfoque de derechos. Una vez dentro de la educación superior, las instituciones han incorporado distintos programas de inclusión y oficinas de apoyo: algunos centros cuentan con políticas robustas de accesibilidad, tecnologías, tutorías académicas y acciones de sensibilización. Sin embargo, aún existen establecimientos sin equipos especializados o con recursos insuficientes para garantizar apoyos continuos. La inclusión debe ser parte estructural del proceso, con información clara, criterios unificados, acompañamiento oportuno para la solicitud de ajustes y sistemas de apoyo que permitan trayectorias educativas sostenidas. Una educación superior verdaderamente inclusiva no se mide solo por cuántos estudiantes con discapacidad logran ingresar, sino por cuántos encuentran un entorno accesible, digno y acorde a sus derechos.
El compromiso del sistema debe ser garantizar que estos jóvenes no tengan que demostrar más que los demás para acceder a las mismas oportunidades.. Jeimy Vargas Académica Escuela de Pedagogía en Educación Diferencial Universidad de Las Américas OPINIÓN