EDITORIAL: EL PROYECTO DE PERMISOLOGÍA Y EL DESAFÍO DEL EQUILIBRIO
EDITORIAL: EL PROYECTO DE PERMISOLOGÍA Y EL DESAFÍO DEL EQUILIBRIO El proyecto de Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales, conocido popularmente como "Ley de Permisología", impulsado por el Gobierno de Chile, busca agilizar los tiempos de concesión de inversiones en el país, con una meta de reducción de plazos de entre 30% y 70%. Esta iniciativa, que actualmente se encuentra en segundo trámite constitucional en el Senado, ha generado un amplio debate y diversas posturas entre los distintos sectores de la sociedad.
Desde la perspectiva del gobierno, el objetivo es claro: reactivar la economía y fomentar la inversión, eliminando la burocracia estatal que ha ralentizado la productividad y ha generado una falta de coherencia en la entrega de permisos. El ministro de Economía, Nicolás Grau, ha destacado que el problema principal no será la falta de inversión, sino cómo se administra el sistema de permisos y el exceso de burocracia.
La propuesta incluye técnicas de autorización alternativas, como el reemplazo de 92 permisos por declaraciones juradas en casos de bajo riesgo, normas mínimas de tramitación, la obligatoriedad de usar la Ventanilla Única SUPER, la creación de un servicio para la regulación y evaluación sectorial, y la implementación de profesionales y entidades técnicas colaboradoras para una tramitación ágil. Sin embargo, las críticas no se han hecho esperar. Organizaciones ambientalistas han calificado el proyecto como una "desregulación ambiental" y una "ley de motosierra ambiental", argumentando que bajo el discurso de simplificación se esconde el riesgo de que muchos proyectos eludan evaluaciones ambientales rigurosas. Han advertido sobre un posible retroceso en los derechos socioambientales, señalando que la iniciativa podría favorecer el asalto extractivista minero, forestal y salmonero, priorizando los intereses económicos sobre la protección ecológica. La preocupación radica en que el sistema opere con silencio administrativo automático, sin una fiscalización adecuada ni participación ciudadana. El sector empresarial, por su parte, si bien apoya la agilización de los permisos para atraer inversión, ha puesto énfasis en la necesidad de reglas del juego claras, certezas jurídicas y plazos bien definidos. Para lograr este equilibrio, es crucial que la implementación de la ley considere la retroalimentación de todos los actores involucrados. Se deben establecer mecanismos transparentes de fiscalización y asegurar que la agilización de los permisos no se traduzca en una menor rigurosidad en las evaluaciones. Solo así, el proyecto de permisología podrá ser un verdadero aporte al crecimiento del país, garantizando un desarrollo sostenible y respetuoso con el entorno y sus habitantes..