Consulta indígena por alianza Codelco-SQM: las escasas chances de las comunidades opositoras para frenarla
Consulta indígena por alianza Codelco-SQM: las escasas chances de las comunidades opositoras para frenarla IGNACIO BADAL La consulta indígena que lleva adelante Corfo para la ratificación de su contrato de arriendo del Salar de Atacama con la alianza de Codelco y SQM para la explotación del litio está llegando a su fin.
Lo que muchos observadores consideraban como el paso más complejo del proceso previo al perfeccionamiento del acuerdo entre ambas compañías mineras, que se espera que se lleve a cabo antes de fin de año, ha estado salpicada por disensos y álgidas discusiones protagonizadas por las comunidades vecinas al salar. Sin embargo, ha habido avances en pro de acuerdos que tienen más optimistas que pesimistas a sus participantes. Pero como varios de los actores incumbentes lo preveían, ha habido algunas comunidades opositoras al acuerdo que siguieron el camino judicial con el fin de poner en duda la pertinencia y legalidad de la consulta. En los últimos dos meses, se han presentado tres recursos de protección ante la Corte de Apelaciones de Antofagasta para, al menos, dilatar la consulta indígena.
El pasado 10 de mayo de 2025, el kinesiólogo Alex Ramos, como presidente y representante de la Asociación Indígena Chañares de Solor, presentó un recurso en contra del acuerdo porque, según su presentación, "priva, perturba y amenaza la garantía constitucional (de) igualdad ante la ley", dado que esta comunidad quedó fuera de los organismos elegibles para recibir los aportes económicos que provendrán del acuerdo.
Y el pasado 9 de julio de 2025, ingresaron al mismo tribunal de alzada otros dos recursos de protección: uno interpuesto por la Asociación Atacameña de Regantes y Agricultores de San Pedro de Atacama, que alega actuaciones ilegales y arbitrarias de Corfo, y otro, por la Comunidad Atacameña de Coyo, reclamando vulneraciones a los derechos de igualdad ante la ley, a vivir en un medio ambiente libre de contaminación y de propiedad.
Los abogados patrocinantes de estas dos últimas acciones son, respectivamente, Diego Ogass, que según su página de Linkedin es asociado del conocido jurista ex convencional Mauricio Daza, y Javier Herrera, quien también ha acompañado en causas judiciales a Daza, representando, por ejemplo, a sindicatos de Cosayach. Esta empresa de nitratos y yodo es controlada por la familia de Francisco Javier Errázuriz, coincidentemente uno de los empresarios que ha manifestado su disconformidad con el acuerdo de Codelco y SQM. Respecto al recurso de mayo, la causa no ha avanzado velozmente. El 12 de mayo, la corte rechazó la orden de no innovar pedida por la comunidad de Solor. Y sobre el fondo de la acción legal, Corfo respondió que sólo las comunidades indígenas registradas en la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi) son elegibles para recibir los aportes derivados del acuerdo. El 19 de junio, se hizo parte del Consulta indígena por alianza Codelco-SQM: las escasas chances de las comunidades opositoras para frenarla Según el calendario original, la consulta concluyó el 19 de julio.
Sin embargo, las reuniones grupales terminaron el viernes pasado y el plenario final se llevará a cabo probablemente dentro de esta semana, para que todo haya finalizado antes de que se acabe el mes. recurso el "Consejo de Asociaciones Atacameñas: Atacama La Grande", que también quedó fuera de los aportes. Y su causa la tomó el abogado Iván Cheuquelaf, del estudio ICC, quien fue subsecretario de Minería en la segunda administración Piñera.
Y sobre los recursos del pasado 9 de julio, la corte los acumuló en una sola causa, no se pronunció respecto a una orden de no innovar y el 11 de julio solicitó que, en un plazo de 15 días hábiles, la Conadi, Corfo, Codelco y SQM entreguen antecedentes para justificar su posición.
De acuerdo a fuentes conocedoras del avance de la consulta, señalaron que el objetivo del recurso, de frenar el avance de la consulta, probablemente no se logre, dado que es muy probable que el proceso se cierre antes de fin de mes, previo al plazo que otorgó el tribunal para entregar los antecedentes que culmina el 1 de agosto. De este modo, entre quienes siguen el tema, se cree que estos recursos no prosperarán, al menos en lo concerniente a la consulta indígena.
SE ACERCA EL FIN DEL PROCESO El artículo 5, número 2, letra a) del acuerdo firmado en mayo por Codelco y SQM establece que "con anterioridad a la fecha efectiva de la asociación, Corfo deberá haber concluido un proceso de consulta imdígena respecto de las medidas administrativas que dicha corporación debe dictar en relación con las actividades de la parte Codelco y la parte SQM en el Salar de Atacama". Dado que se señala que el proceso "deberá haber concluido", no obliga a que las 27 comunidades y 42 asociaciones intervinientes lo aprueben, sino que sólo sean consultadas. Pero Corfo debe probar "de buena fe" que hizo todos los esfuerzos para alcanzar el máximo acuerdo con ellas. La consulta partió en octubre pasado, con una etapa previa de planificación y luego de discusión sobre el marco metodológico, que finalizó el 31 de enero. Entre el 12 de marzo y el 16 de abril, las empresas dieron a conocer el proyecto y respondieron consultas. Posteriormente, se realizó la etapa de deliberación interna de las comunidades. Y a partir del 10 de junio se inició la etapa de diálogo entre los representantes de Corfo y las comunidades, con SQM y Codelco actuando de observadores.
Dado que se observaron intereses distintos entre las comunidades, se optó por llevar tres procesos simultáneos: uno integrado por las cinco comunidades del borde sur del salar, las más cercanas a la operación extractiva; otro con 22 comunidades aledañas; y otro con 42 asociaciones indígenas. Con cada grupo se estableció un calendario de tres reuniones para luego realizar un segundo plenario y hasta un tercer plenario. Las tres reuniones por grupo estaban finalizando entre el viernes y el sábado pasado, por lo que se aplazó la fecha del o los plenarios finales. Sin embargo, la idea de los integrantes de la mesa es que esa instancia no se prolongue y se lleve a cabo antes de fin de mes. Las últimas conversaciones se han centrado en quizás el punto más complicado de la discusión, que es la distribución de los recursos económicos.
El acuerdo apunta a que se realizarán aportes en tres niveles: comunidades vecinas, comuna y región, lo que representará un total del orden del 3% al 3,2% de las ventas de litio de la nueva empresa de Codelco-SQM. "Obviamente, en este punto hay mucha discusión, porque finalmente todos quieren llevarse una parte más relevante de los recursos", comentó un testigo de la discusión.Q.