Autor: Juan MarcOs Henríquez, DR. EN CIENCIAS BIOLóGICAS

Columnas de Opinión: Retiro de nueva Ley de Pesca
Columnas de Opinión: Retiro de nueva Ley de Pesca El gobierno de Kast, siguiendo el manual de la motosierra de Milei, decidió retirar la Nueva Ley del Pesca de su tramitación en el parlamento.
Bajo el pretexto que el proyecto era demasiado extenso y complejo para una implementación rápida, busca fragmentarlo con reformas acotadas a la ley vigente, que otorguen mayor certeza jurídica y estabilidad económica a la inversión industrial. Una vez más Kast adopta una medida que favorece los privilegiados, imponiendo de paso su visión económica de desarrollo, donde no importan “3 arbolitos” o la discusión abierta, técnica, participativa y democrática. El retiro del proyecto representa un retroceso democrático y socioambiental de grandes proporciones. El Presidente Kast pretende mantener vigente una ley viciada (ya que la justicia demostró que tiene un origen corrupto) y desecha de un plumazo el trabajo legislativo extenso, participativo y democrático.
La actual Ley General de Pesca y Acuicultura, conocida como Ley Longueira, no tuvo un consenso técnico y menos aún consideró el bienestar nacional, sino muy por el contrario sólo favoreció a un grupo de empresarios, demostrándose en la justicia que se compraron votos en el Parlamento para su redacción y aprobación. Los hechos son de público conocimiento y han sido sancionado por la justicia. Esto permitió que siete familias se quedaran con el noventa por ciento de las cuotas de captura de peces, transformando nuestro mar y sus recursos en una verdadera propiedad privada.
Mantener esta ley bajo el argumento de la premura y certeza jurídica es validar que la corrupción puede generar derechos adquiridos, lo cual es inaceptable para cualquier sociedad que aspire a la transparencia y democracia plena. El proyecto retirado buscaba precisamente limpiar este origen corrupto. El proyecto presentaba avances significativos en cuento a análisis y puntos de consenso, al menos en la Comisión de Pesca de la Cámara de Diputados. Se habían realizado más de doscientas audiencias en ocho regiones diferentes, escuchando a científicos, sindicatos y comunidades de pescadores artesanales. De hecho, el texto ya contaba con la aprobación de once de sus doce títulos, y más del sesenta por ciento de sus artículos habían sido despachados por unanimidad. Había un consenso transversal sobre la necesidad de establecer un fraccionamiento más justo de las cuotas de captura para la pesca artesanal y de limitar artes de extracción destructivas como la pesca de arrastre. Al retirar el proyecto, el gobierno de derecha desecha la discusión plural, el esfuerzo legislativo y favorece directamente a los grandes conglomerados industriales, ya que son los únicos beneficiados. Recordar además que está empresas mantienen litigios contra el Estado por el proyecto de nueva ley de pesca, por lo cual el retiro podría interpretarse como una señal a favor de esas causas.
Por otro lado, la crisis ambiental en nuestros mares es cada vez más grave, lo que se refleja en que más de la mitad de las pesquerías nacionales se encuentran en estado de sobreexplotación o veda. Una nueva ley debe implementar planes de manejo con criterios científicos rigurosos y actualizados, para proteger los ecosistemas marinos que actualmente son arrasados por redes industriales. De igual forma, se debe considerar que la situación de la pesca artesanal es crítica. En Chile hay inscritos más de 100 mil pescadores artesanales que dependen del mar para subsistir. Los pescadores son los más perjudicados por el sistema actual, ya que deben competir en desigualdad contra flotas industriales que afectan sus áreas exclusivas y agotan el recurso antes que ellos puedan capturarlos. El colapso de las pesquerías no es solo un problema ambiental, afecta la seguridad alimentaria y el modo de vida de miles de familias que dependen del mar. El Presidente Kast debe entender que el Parlamento es el lugar natural, diverso y legítimo para estas discusiones. Retirar un proyecto, solo porque no se alinean con sus intereses ideológicos o empresariales, es darle un portazo a la democracia y al debate participativo. Si existían puntos pendientes o discrepancias sobre las cuotas, el camino era presentar indicaciones y continuar el debate democrático en las comisiones. Incluso el Tribunal Constitucional pudo aclarar las diversas interpretaciones sobre los supuestos derechos afectados. Sin duda, Chile requiere una nueva ley de pesca democrática en su origen, sin vicios de corrupción, que proteja nuestros ecosistemas marinos y que otorgue cuotas justas para la pesca artesanal. Mantener la Ley Longueira es una mancha impresentable en nuestra institucionalidad y, en la práctica, puede ser visto como un indulto a la corrupción. Una nueva ley debe garantizar una pesca sostenible y justa, donde el interés público este por sobre el de unos pocos. Autor: Juan MarcOs Henríquez, DR. EN CIENCIAS BIOLóGICAS.