Autor: Crónica periodistas@elpinguino.com

Confirman irregularidades en el convenio entre municipio de Porvenir y Procultura
Confirman irregularidades en el convenio entre municipio de Porvenir y Procultura La C o n t r a l o r í a G e n e r a l d e l a República, a través de su sede regional en Magallanes, confirmó una serie de irregularidades en la contratación de la Fundación Procultura por parte de la Municipalidad de Porvenir, en el marco del “Programa para Pequeñas Localidades”. Así lo establece el Informe Final de Investigación Especial, que ratifica falencias administrativas, financieras y legales en un convenio que involucró más de 52,8 millones de pesos. El organismo f iscalizador concluyó que el municipio recurrió a un trato directo sin acreditar las condiciones excepcionales exigidas por la ley para evitar una licitación pública. En ese sentido, no se justificó técnicamente por qué la fundación era la única entidad capaz de ejecutar el programa, ni se evaluaron alternativas disponibles en el mercado. Otro de los hallazgos clave apunta a la indebida tercerización de funciones.
Seg ún el infor me, la municipalidad delegó en la f u ndación pr ivada la ejecución completa de etapas fundamentales como el diagnóstico y el plan de desarrollo, pese a que estas responsabilidades debían ser asumidas directamente por el municipio en virtud de los convenios suscritos con el Ministerio de Vivienda y Urbanismo. En el ámbito financiero, la Contraloría advirtió falta de transparencia en la estructura de costos presentada por Procultura. El presupuesto incluía ítems genéricos sin desglose, como “otros gastos de implementación” por más de $14 millones, lo que impidió verificar el destino y pertinencia de los recursos públicos involucrados. A esto se suma la omisión de cláusulas de confidencialidad en el contrato, pese a que la fundación tendría acceso a información sensible proporcionada por el Ministerio. Esta ausencia de resguardos legales fue considerada una falta relevante en la gestión del convenio.
La i nvest igación se originó tras una denuncia presentada hace tres años por el entonces consejero regional y hoy diputado Alejandro Riquelme Ducci, quien valoró el informe y afirmó que “se confirma una falta de concursabilidad inaceptable”, agregando que no existían razones para evitar el proceso de licitación pública.
E l p a r l a m e n t a r i o también calif icó como “extremadamente grave” la tercerización de funciones públicas, señalando que se vulneraron los convenios con el Estado y principios básicos de administración. Además, advirtió que continuará impulsando acciones para que se determinen responsabilidades administrativas y eventualmente penales.
En esa línea, Riquelme hizo referencia a dilig e n c i a s y a e n c u r s o, incluyendo la incautación de documentos por pa r te de la Policía de Investigaciones en dependencias municipales y de la Seremi de Vivienda, lo que -a su juicioevidencia la magnitud del caso. F i n a l m e n t e, l a Contraloría confirmó la aper t u ra de u n procedimiento disciplinar io para establecer responsabilidades dent ro del municipio.
El “P rog r a ma pa r a Pequeñas Localidades” corresponde a una iniciativa del Ministerio de Vivienda y Urbanismo orientada a mejorar la calidad de vida en ter r itor ios aislados mediante intervenciones urbanas, participación comunitaria y planificación local, lo que hace aún más sensible el uso de sus recursos.
En ese sentido, las conclusiones del informe refuerzan la necesidad de fortalecer los mecanismos de control, transparencia y ejecución directa por parte de los municipios, especialmente en comunas como Porvenir, donde cada inversión pública resulta clave para el desarrollo territorial y la confianza de la ciudadanía en sus instituciones. Autor: Crónica periodistas@elpinguino.com. Informe de Contraloría confirma trato directo injustificado, tercerización de funciones y falta de control en uso de más de $52 millones. Diputado Alejando Riquelme exige responsabilidades “Hoy, el organismo de control nos da la razón: hubo una falta de concursabilidad inaceptable y se evitó la licitación pública sin razones que lo justificaran”, dijo el diputado.