CONADI en la mira por sobreprecios y compra de predios perturbados: "Lo venimos denunciando hace años"
CONADI en la mira por sobreprecios y compra de predios perturbados: "Lo venimos denunciando hace años" La diputada Gloria Naveillan condenó las irregularidades reveladas en torno al funcionamiento de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, CONADI, y afirmó que estos antecedentes confirman una situación que ha venido denunciando y fiscalizando desde hace años mediante oficios y presentaciones formales.
Según el reportaje publicado por El Líbero, entre 2022 y 2025 Conadi adquirió 25 mil hectáreas, con un promedio de $7,9 millones por hectárea, y en algunas tasaciones se incorporaron elementos como "paisajismo" y "pertinencia cultural", lo que habría elevado hasta en un 30% el valor de determinados inmuebles. El reportaje también expuso casos de compras de predios bajo condición de perturbación, como el fundo El Nudo.
Para la parlamentaria, lo conocido en los últimos días no corresponde a hechos aislados, sino a una práctica que durante años ha evidenciado graves deficiencias de control, especialmente en la adquisición de predios con antecedentes de ocupación, violencia o perturbación. "Lo que hoy está saliendo a la luz sobre CONADI no hace más que confirmar algo que venimos denunciando desde hace años.
Aquí no estamos frente a hechos aislados, sino frente a un sistema que ha permitido compras cuestionables, con criterios poco claros, controles insuficientes y operaciones sobre predios que nunca debieron ser adquiridos por el Estado", señaló la diputada.
Naveillan recordó que ya en 2022 había oficiado por casos de compra de tierras que habrían beneficiado a comunidades vinculadas a ocupaciones ilegales, entre ellas la comunidad Amuley Lof Pichi Pantano 1, en Traiguén, y la comunidad José Huenchual 2, en Lautaro.
A ello se sumó en 2024 un nuevo oficio a Contraloría por la compra del fundo El Nudo, en la comuna de Freire, por más de $10 mil millones, pese a tratarse -según antecedentes públicosde un predio con ocupaciones, hechos de violencia y resguardo policial. "Desde hace mucho tiempo hemos venido fiscalizando esta situación, porque aquí se está comprometiendo plata de todos los chilenos en compras que muchas veces se hacen sobre bases completamente insuficientes. No puede ser que se siga validando la adquisición de predios perturbados como si nada ocurriera", afirmó.
La diputada sostuvo además que una de las fallas más graves del sistema actual radica en que muchas veces basta con que el propietario declare que el predio no se encuentra perturbado, aun cuando pueda haber existido presión, amenazas, usurpaciones previas o hechos de violencia.
En esa misma línea, advirtió que también existen mecanismos para eludir las inspecciones en terreno. "Muchas veces las comunidades se organizan para que, cuando llegue el inspector de CONADI, no haya nadie en el predio y no parezca tomado. Entonces el informe sale favorable y después la compra sigue avanzando", sostuvo. Por ello, insistió en la necesidad de una reforma urgente y profunda a la Ley Indígena, especialmente en el procedimiento de compra de tierras.
Como parte de esa propuesta, planteó que toda compra de predios por parte de CONADI deba contar previamente con un informe del Ministerio Público, con antecedentes de Carabineros y de la PDI, que certifique que en los últimos cinco años no se hayan registrado denuncias, hechos de violencia ni usurpaciones vinculadas al inmueble. "Si el Estado va a destinar miles de millones de pesos a la compra de tierras, entonces tiene que hacerlo con antecedentes objetivos, con máxima transparencia y con resguardo real de la legalidad.
Aquí se necesita una reforma de fondo", concluyó.. Un reciente reportaje reveló que la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena pagó hasta $20 millones por hectárea y que factores como "paisajismo" y "pertinencia cultural" habrían inflado hasta en 30% el valor de algunos predios, además de exponer compras de terrenos perturbados.