Infraestructura para el desarrollo
Infraestructura para el desarrollo E I documento "Infraestructura para el desarrollo que queremos 2026-2030", elaborado por el Consejo de Políticas de Infraestructura (CPI) y explicado por su director ejecutivo, Carlos Cruz, en entrevista con El Mercurio de Valparaiso, instala un debate de fondo que la coyuntura electoral tiende a relegar: la necesidad de aumentar la inversión en obras públicas y concesiones para sostener un crecimiento de largo plazo. El diagnóstico es inequívoco. Chile invierte alrededor del 2,5% del PIB en infraestructura, muy por debajo del 5% sostenido por países que alcanzaron niveles altos de desarrollo.
Aunque existen avances notables en abastecimiento de agua, tratamiento de aguas servidas, digitalización y energía, persisten rezagos en infraestructura hídrica -particularmente embalses y desalinización-, en puertos por la falta de nuevas concesiones y la postergación del puerto de gran escala en San Antonio, y en equipamiento hospitalario, donde la falta de continuidad en los modelos de concesión ha retrasado proyectos esenciales. La propuesta central del CPI es la instauración de una Regla Fiscal de Inversión Pública, orientada a blindar los recursos destinados a infraestructura de los ajustes presupuestarios de corto plazo. Su lógica es sencilla: cada proyecto postergado no sólo retrasa beneficios sociales, sino que implica pérdidas en empleo y competitividad. En otras palabras, la inversión en infraestructu ra no es un gasto ajustable, sino un activo estratégico. El impacto estimado es significativo: elevar la inversión pública al 3,3% del PIB y ampliar las concesiones hasta el 0,8% permitiría aumentar en US$ 3.000 millones anuales los recursos disponibles. Ello habilitaría la ejecución acelerada de proyectos críticos, como la modernización de las rutas 78,68 y 5, la ampliación portuaria en San Antonio y Valparaíso, y eventualmente una planta desalinizadora para garantizar consumo humano. El desafio para el próximo gobierno no radica en anunciar licitaciones, sino en asegurar la efectiva materialización de las inversiones. La infraestructura constituye un bien público transversal que demanda visión de Estado, continuidad institucional y consensos políticos.
Ignorar esta agenda no sólo compromete la competitividad, sino la capacidad del país para responder a demandas sociales y territoriales cada vez más urgentes.. Blindar la inversión en infraestructura no es un lujo, es una condición para el desarrollo sostenible de nuestro país. E Editorial