Megatoma de San Antonio: Gobierno no alcanza acuerdo a horas del plazo fatal
Megatoma de San Antonio: Gobierno no alcanza acuerdo a horas del plazo fatal Por Maximiliano Estrada as negociaciones para alcanzar un acuerdo que evite el desalojo de la megatoma de San Antonio, ubicada en el Cerro Centinela, se han desarrollado cada martes en oficinas del Ministerio de Vivienda en la comuna porteña.
Sin embargo, la última semana -y a solo cuatro días de que expire el plazo fijado por la Corte de Apelaciones de Valparaíso para el desalojo tras varias prórrogas y fallos desde 2023 la cartera encabezada por Carlos Montes decidió postergar la reunión de la semana pasada para el jueves a las 15 horas, con miras a presentar una propuesta lo suficientemente sólida que impida el desalojo de más de 4.100 familias que según datos del Minvu habitan el terreno tomado desde 2019.
La intención ha sido, mediante estas negociaciones que incluyen conversaciones informales hasta este mismo viernes, evitar el desalojo y con ello una crisis humanitaria de gran magnitud, considerando que se trata de la ocupación ilegal más extensa del país. Mientras el ministerio corre contrarreloj sobre un tema prioritario para el gobierno del Presidente Gabriel Boric, el resultado de las conversaciones sigue siendo incierto.
Aunque existe un acuerdo de confidencialidad entre la cartera de Vivienda y los principales propietarios de los terrenos -Ricardo Posada y Esteban Solari, que concentran la mayor parte de la superficie ocupada-, dándole hermetismo a las conversaciones, el alcalde de San Antonio, Omar Vera, quien también participa de la mesa tripartita, advirtió esta semana que aún no se ha alcanzado un consenso, subiendo la tensión en sus habitantes. "La aprensión nuestra es que el 27 de agosto vence el plazo para que la mesa instalada en el Minvu entregue luces de un posible acuerdo entre las partes para resolver la megatoma de San Antonio en el cerro Centinela y todavía no vemos que se haya concretado", señaló a La Tercera. Las recientes tratativas comenzaron hace 90 días, luego de un encuentro en las dependencias del Ministerio de Vivienda en el que participó el propio Montes junto a los dueños y su abogado representante, Diego Pereira-Fonfach. Pero esos tiempos se estrecharon.
El domingo 24 de agosto, es decir mañana, fue fijado como plazo interno para alcanzar un protocolo de acuerdo en la mesa técnica, instancia que el lunes 25 debe informar de los resultados de las conversaciones a sus mandantes.
Y, dicho está, el miércoles 27 vence el plazo judicial, tras lo cual los dueños deberían informar a la Corte mediante un téngase presente y solicitar el cúmplase de la sentencia, lo que activaría una nueva mesa de desalojo con participación del Ministerio de Seguridad, la Delegación Provincial y las municipalidades de San Antonio y Cartagena. Con el plazo encima y hasta el cierre de esta edición, las partes aún no cerraban un acuerdo, aunque seguían buscándolo. Garantía y financiamiento Se sabe que la mesa tripartita atraviesa un escenario complejo en sus etapas finales.
Mientras el ministerio busca instalar un modelo de cooperativas para que las familias accedan a la propiedad mediante créditos y pagos en cuotas, los representantes de los dueños han argumentado en las tratativas que las propuestas estatales están lejos de ser realistas.
Actualmente, las conversaciones giran en torno a tres puntos clave: el precio del terreno, las condiciones de financiamiento y las garantías para asegurar el cumplimienMegatoma de San Antonio: gobierno no alcanza acuerdo a horas del plazo fatal Este domingo se acaba el trabajo de la mesa que busca evitar el desalojo del asentamiento ilegal.
El gran nudo en las tratativas sigue siendo una garantía explícita de que el Banco Estado será parte del proceso. tratativas sigue siendo una garantía explícita de que el Banco Estado será parte del proceso. » El domingo 24 de agosto es el plazo para alcanzar un protocolo de acuerdo en la mesa técnica. to del acuerdo. Hasta ahora, los propietarios han cuestionado la ausencia de un documento explícito de que el financiamiento para las cooperativas provendrá del Banco Estado, condición que consideran indispensable. Este punto se ha transformado en uno de los principales nudos de la mesa.
En contraste, desde el lado del ministerio se da por hecho que la participación del banco estatal está asegurada, e incluso se han sostenido conversaciones permanentes entre el ministro Montes y la entidad financiera para confirmar su rol en el proceso de adquisición. Asimismo, la cartera también aseguró a otra institución financiera más que serviría como garante en el proceso. Pero sobre la mesa también se puso como problema que, al menos hasta el cierre de esta nota, tampoco había un aval en caso de que las cooperativas incumplan con el pago.
Otro de los puntos que, pese a ser un nudo secundario de las tratativas, ha mostrado mayor avance en la negociación es el precio por metro cuadrado del terreno de 256 héctareas que han propuesto las partes.
Al inicio las posiciones estaban distantes y la semana pasada, según entendidos, era de 0,21 UF por metro cuadrado por parte del Minvu, y de 0,69 UF por parte de los propietarios, lo que significa que estos últimos han reducido en casi 40% su posición inicial en busca de un punto que permita destrabar el acuerdo.
En paralelo, hasta ahora se han formado unas 40 cooperativas que agrupan a parte de las familias del Cerro Centinela, con el objetivo de postular a créditos y pagar dividendos una vez cuenten con el respaldo financiero. La delegada ministerial para la megatoma, Gloria Maira, ha liderado las gestiones estatales para avanzar en este proceso. Inicialmente, la incorporación de las cooperativas a las negociaciones parecía factible, pero con el tiempo se fue diluyendo. El alcalde Vera, de hecho, confirmó que finalmente quedaron fuera de la mesa, la que se ha desarrollado a puertas cerradas. "Eso ya no ocurrió. Se debía invitar a las cooperativas, pero la mesa está terminando su periodo de funcionamiento. Los actores presentes son quienes deberán generar un resultado positivo", señaló el edil. Esta decisión ha generado roces con los miembros de las cooperativas.
José Briso, tesorero de la cooperativa Nuevo Futuro y presidente de la Coordinadora Quinta Costa, afirmó que en la próxima reunión de la comisión deberían participar dos representantes de las cooperativas. "Siempre hemos pedido participar y hemos tenido conversaciones con el representante de los dueños, pero no quieren que estemos ahí", señaló. O FOTO ATON.