Autor: Guillermo Larraín Académico de la Universidad de Chile / Francisco Castañeda Director de la Facultad de Economía Universidad Mayor

Frente a frente

¿Es adecuada la propuesta de una ley corta de pensiones anunciada por el gobierno?

En un contexto donde se está discutiendo en el Congreso un cuarto retiro de los fondos previsionales, el Presidente de la República anunció el envío de una ley corta que permite incrementar la pensión básica solidaria y extender el Pilar Básico Solidario, entre otras medidas, lo que ha generado un debate en relación con la oportunidad y extensión de las propuestas.

Puntos suspensivos ha anunciado una Ley Corta de Pensiones que aumentará la pensión básica solidaria a $177 mil, a la vez que ampliará el Pilar Solidario desde el 60% al 80% más vulnerable. En las condiciones actuales, nadie puede estar en contra de un incremento en el pilar solidario, pero hay que decirlo: es una estrategia decepcionante.
Primero, porque a pesar de que Chile es uno de los países que más información tiene respecto de las variables clave de su sistema previsional, información necesaria para hacer una reforma rica en contenidos, se propone la más simple de todas: aumentar el gasto público. También es la más frágil porque, como lo mostró la reforma de 2008, los incrementos prometidos al pilar solidario pueden no sostenerse en el tiempo. Salvan la situación del momento, pero no hay garantía que se mantengan.
Segundo, porque tras esa simpleza no hay una búsqueda iluminada por una relectura del principio de subsidiariedad, según la cual se deben preferir las soluciones simples a las complejas, o una búsqueda estética -como sugería aquel famoso libro de Schumacher de los años 80 “Lo pequeño es hermoso”-, sino que el gobierno demuestra que no tiene y nunca tuvo claridad respecto de qué hacer con las pensiones. Esto proviene de algo que usualmente la derecha se lo atribuye a la centroizquierda: su ideología.
En efecto, cuando muchos hemos sostenido que en el sistema previsional se requiere un rol del Estado más importante y que el ahorro individual no podía resolver el problema de pensiones en su integralidad, usualmente nos han acusado de ser “ideológicos”, a pesar de que muchos hemos sostenido que es necesario que exista un pilar de ahorro individual.
Lo que muestra esta reforma es la inflexibilidad ideológica de la derecha, que queda caricaturizada al máximo por aquellos que plantean que es preferible sacar el 100% de los ahorros (y terminar de matar este sistema previsional) o que el gobierno (y su candidato) deben “morir con las botas puestas”, defender sus ideas aunque sean impopulares (como si el ahorro individual fuera una bandera por la cual hay que dar la vida). Hay actos heroicos que son inútiles: este es uno.
El gobierno habría puesto en grandes aprietos retomando la propuesta de Bachelet, que mantenía el 10% de capitalización individual y aumentaba gradualmente la cotización de cargo del empleador para financiar un nuevo pilar de ahorro colectivo. El proyecto estaba presentado y habría sido difícil oponerse a ello. Sino lo han hecho es en parte para no reconocer directamente que erraron su estrategia en pensiones. Por supuesto, con esta reforma corta lo reconocen indirectamente. Es un proyecto que no conduce el problema hacia una solución, sino que la pone en puntos suspensivos. Alguien en el futuro decidirá algo en algún minuto. Tal incertidumbre es responsabilidad del gobierno. Muchos hemos planteado por años la aspiración de enriquecer nuestro sistema previsional agregando lógicas distintas y complementarias del ahorro individual. Estas son necesarias para proveer al sistema de más flexibilidad para enfrentar problemas tan complejos como la mayor longevidad, los grandes shocks al empleo, la informalidad o el cambio tecnológico. Todos estos factores hoy quedan como amenazas reales o latentes que el sistema previsional no tiene cómo enfrentar adecuadamente. Ley corta de pensiones: más beneficiosa que un cuarto retiro a ley corta de pensiones anunciada por el gobierno tiene como contexto el aún incierto cuarto retiro del 10% de las AFP.
Desde las razones más nimias; las personas ya perciben ostensiblemente un mayor costo de la vida por los retiros, entre otros) y están conscientes que menoscaban su pensión futura (muchos ya no tienen nada que retirar). Aquí la regresividad no es base ni tasa (“como el IVA”), sino que la regresividad es sistémica en un sentido amplio: retiran más dinero los que más tienen en sus cuentas de AFP, el costo de la vida sube, el valor del dólar se encarece y se reconfirma (ya hay cero duda) una reforma tributaria de mayor envergadura al incrementarse el costo fiscal para ayudar a las familias que verán menguadas sus pensiones (que ya eran bajas), amén del actual mega-esfuerzo fiscal para paliar la pandemia.
La ley corta aumentaría ahora las pensiones en forma escalonada, aumentando la pensión básica solidaria (con un mínimo de $177.000 ) y extendiendo la cobertura del aporte previsional solidario (en un máximo de $440.000 ), alcanzando al 80% de la población.
Todo esto tendría un costo fiscal de 1.600 millones de dólares, lo cual dejaría al pilar solidario con una contribución de 3.600 millones de dólares (1,3% del PIB). En forma opuesta, según datos de la Dipres, los cuatro retiros tendrían un costo fiscal de 20.000 millones de dólares, derivados de las contribuciones adicionales a futuro al pilar solidario para complementar/restituir a los que ya nada tienen en sus cuentas individuales, por el no pago de impuestos por los retiros (2 de 3 retiros) y por el uso de mecanismos de ahorro previsional (APV). Sabiendo que un cuarto retiro tiene un costo fiscal no lineal e incluso pudiendo alcanzar los 5.000 millones de dólares, sigue siendo de un costo muy superior al costo fiscal de esta ley corta que va en beneficio directo de los actuales pensionados.
Además, un cuarto retiro desde las AFP tiene efectos negativos en las tasas de interés, en la inflación, en el dólar y a mediano plazo en la percepción de aún mayores tributos a los que hoy ya se esperan debido al incremento de gran magnitud del gasto fiscal en pandemia.
También tiene como corolario un mayor riesgo país en un escenario en que se han drenado los fondos soberanos (solo en 2021 se han reducido en 12 mil millones de dólares estos activos del tesoro público como consecuencia del mayor gasto fiscal), quedando menos espacio para que el Fisco se financie en el mercado de capitales doméstico.
Desde el punto de vista de las lagunas previsionales, la ley corta carga las cotizaciones al seguro de cesantía en caso de desempleo, para que así las pensiones a futuro no se vean reducidas por esta razón.
Una preocupación a futuro es que, de establecerse una pensión básica universal, esta debe ser gradual, y deben mitigarse los incentivos perversos de informalidad; pero ante recursos futuros muy escasos (ya un hecho), estos deberán focalizarse en aquellos más vulnerables (y no necesariamente universalizarlos). Pero está claro que quedan al debe los gobiernos desde el 2015 hasta la fecha por no haber aplicado las recomendaciones de la Comisión Bravo para mejorar el sistema de AFP (porcentaje de cotización, seguros, etc.). Sin embargo, la actual ley corta es más beneficiosa económica y socialmente que un cuarto retiro de los fondos previsionales y sobre todo no desfonda los ahorros de toda una vida de los trabajadores.

Resumen

Frente a frente ley corta de pensiones: más beneficiosa que un cuarto retiro a ley corta de pensiones anunciada por el gobierno tiene como contexto el aún incierto cuarto retiro del 10% de las AFP., Aquí la regresividad no es base ni tasa (“como el IVA”), sino que la regresividad es sistémica en un sentido amplio: retiran más dinero los que más tienen en sus cuentas de AFP, el costo de la vida sube, el valor del dólar se encarece y se reconfirma (ya hay cero duda) una reforma tributaria de mayor envergadura al incrementarse el costo fiscal para ayudar a las familias que verán menguadas sus pensiones (que ya eran bajas), amén del actual mega-esfuerzo fiscal para paliar la pandemia., En forma opuesta, según datos de la Dipres, los cuatro retiros tendrían un costo fiscal de 20.000 millones de dólares, derivados de las contribuciones adicionales a futuro al pilar solidario para complementar/restituir a los que ya nada tienen en sus cuentas individuales, por el no pago de impuestos por los retiros (2 de 3 retiros) y por el uso de mecanismos de ahorro previsional (APV).

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