Cámara aprueba en particular reforma a Ley 21.040 para reforzar la Nueva Educación Pública y dar mayor estabilidad al sistema SLEP
Cámara aprueba en particular reforma a Ley 21.040 para reforzar la Nueva Educación Pública y dar mayor estabilidad al sistema SLEP más oportunas en áreas como compras, mantención, contratación y soporte de establecimientos. En este marco, se incorpora además una obligación con fuerte componente territorial: la creación de oficinas locales en aquellos territorios donde la conectividad, las distancias o los tiempos de traslado lo hacen necesario. La medida busca que el sostenedor no sea una estructura lejana o centralizada, sino una presencia con La Cámara de Diputadas y Diputados dio un paso decisivo en el rediseño de la Nueva Educación Pública. En una sesión marcada por el debate sobre la continuidad del servicio educativo y las capacidad de respuesta y coordinación en el territorio.
Para comunidades educativas que han debido enfrentar dificultades de acceso o respuestas tardías, esta dificultades que han enfrentado diversos territorios en la instalación del sistema, la Sala aprobó disposición se instala como un intento de acercar la gestión a las escuelas, liceos y en particular, por 122 votos, el Proyecto de Ley que modifica la Ley 21.040 con el propósito de jardines, y de dar señales de acompañamiento real. fortalecer la implementación, el funcionamiento y la gobernanza del Sistema de Educación Pública y de los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP). La iniciativa, trabajada entre el Ejecutivo y el Congreso, busca responder a problemas que se han repetido en los últimos años: traspasos desde municipios con brechas administrativas y financieras, exceso de trámites que ralentizan decisiones cotidianas, debilidades en la gestión territorial y episodios críticos que han puesto en tensión la continuidad de clases y la operación básica de establecimientos. En ese marco, el ministro de Educación, Nicolás Cataldo, defendió la reforma como un paquete de ajustes urgentes para consolidar el proceso de transición.
Durante su intervención en la Sala, Cataldo subrayó que el proyecto "responde a las necesidades El proyecto también incorpora herramientas para prevenir situaciones de crisis y asegurar la continuidad del servicio educativo, otro de los puntos más sensibles del debate público. En esa dirección, se amplía la responsabilidad administrativa de los directores ejecutivos de los SLEP y se otorgan nuevas atribuciones a la Dirección de Educación Pública. La idea es que el órgano rector pueda acompañar de mejor manera a los servicios locales, anticipar riesgos y actuar con mayor capacidad de intervención cuando se detecten señales de alerta.
El propósito, según el diseño aprobado, es evitar discontinuidades en el funcionamiento del sistema y proteger el derecho a la educación frente a contingencias operativas. urgentes manifestadas por las propias comunidades educativas a lo largo del país y representa la En materia de participación, la reforma propone reforzar el rol de los Consejos síntesis de un trabajo conjunto entre el Ejecutivo y el Congreso Nacional, uniendo voluntades para responder a los desafíos de Estado". Con esa definición, el Gobierno buscó instalar la idea de que la Nueva Educación Pública no es solo una política sectorial, sino una reforma estructural cuya estabilidad requiere reglas más claras, herramientas de acompañamiento y un marco normativo capaz de anticipar conflictos.
El secretario de Estado insistió en que la reforma no pretende "reiniciar" el sistema, sino corregir fallas que la experiencia ha dejado en evidencia. "Esta ley establece un conjunto de soluciones concretas, articuladas y de carácter urgente que consolidan una reforma cuyo propósito es romper la cadena de fallas sistémicas que hemos observado", sostuvo, agregando que el país contará con "un cuerpo normativo general creado ad hoc para enfrentar estos desafíos". En ese tono, planteó que la agenda legislativa en educación pública debe entenderse como una ruta de mejoramiento continuo, especialmente mientras el sistema todavía convive con distintos ritmos de instalación territorial.
Cataldo recalcó además el carácter estructural del proyecto para la agenda educativa y el sentido de continuidad del servicio. "Somos muy conscientes de dos cosas que creo que son relevantes: la primera es que el sistema de educación pública no se puede detener, y la segunda es que reLocales, dotándolos de nuevas facultades estratégicas y asegurando condiciones para su correcto funcionamiento. El énfasis está en mejorar la relación entre los SLEP y las comunidades educativas, fortaleciendo espacios de diálogo, corresponsabilidad y toma de decisiones informada.
En el trasfondo, se busca que la Nueva Educación Pública tenga mecanismos de escucha institucionalizados y no dependa únicamente de la capacidad de gestión del sostenedor de turno, especialmente en territorios donde las tensiones han escalado por falta de comunicación o ausencia de canales efectivos. El financiamiento aparece como otro componente sustantivo del paquete aprobado.
En primer término, la reforma propone un nuevo modelo para los jardines infantiles Vía Transferencia de Fondos (VTF) administrados por los SLEP, que desde 2028 comenzarían una transición gradual hacia un financiamiento distinto al proveniente de Junji.
La apuesta, según se expone en el contenido del proyecto, es permitir una administración más ágil y transparente de los recursos, evitando rigideces que hoy dificultan la operación y planificación de la educación parvularia en el sistema público. quiere mejoramientos y cambios para que sea mucho mejor como proceso de transición y luego En paralelo, se crea por ley un Fondo de Infraestructura para la Educación Pública en régimen", enfatizó, en una frase que funcionó como síntesis política: avanzar sin frenar, pero corrigiendo. Tras la aprobación en particular, el proyecto iniciará su siguiente etapa institucional: será revisado por el Tribunal Constitucional antes de ser promulgado y publicado en el Diario Oficial. Ese paso será clave para despejar eventuales observaciones, en una reforma que toca procedimientos, atribuciones y diseño de gobernanza del Estado en materia educativa. Uno de los ejes centrales del texto aprobado apunta al "momento cero" de cada Servicio Local: el traspaso desde los municipios. En la práctica, este ha sido uno de los puntos más sensibles por su impacto en dotaciones, infraestructura, contratos y deudas.
Para responder a ese nudo, la reforma robustece los mecanismos que resguardan el proceso de transición, estableciendo la obligatoriedad del plan de transición -instrumento considerado clave para el saneamiento municipal y la gestión de dotaciones-, además de incorporar nuevos plazos y sanciones para procesos críticos. La señal es clara: se busca reducir la improvisación y obligar a que el cambio de sostenedor se ejecute con estándares mínimos, plazos definidos y responsabilidades verificables. En esa misma línea, la reforma amplía el plazo de traspaso desde la creación de cada Servicio Local: de uno a dos años. La medida apunta a ordenar la instalación y hacerla más realista frente a condiciones territoriales diversas. Con ello, se pretende evitar traspasos acelerados que terminan generando problemas administrativos, retrasos en pagos, dificultades de planificación y tensiones con comunidades escolares. El objetivo declarado es una instalación más gradual, con mayor margen para levantar información, ajustar dotaciones y asegurar continuidad en servicios esenciales. Otro bloque relevante del proyecto está orientado a la reducción de trámites y la simplificación administrativa. La experiencia de los SLEP, según ha reconocido el propio sistema, ha mostrado cuellos de botella en procedimientos internos y requisitos que entorpecen la gestión cotidiana, restando tiempo y recursos a lo pedagógico. Por ello, la iniciativa ajusta procedimientos, adecua plazos y simplifica requisitos con el fin de agilizar la administración y permitir respuestas con recursos incrementales hasta 2030, orientado exclusivamente a establecimientos dependientes de los SLEP. Su foco será optimizar, asegurar y focalizar inversiones en infraestructura educativa, una demanda histórica en múltiples territorios donde la brecha de mantención, ampliación y condiciones básicas ha impactado el funcionamiento escolar. La creación de este fondo busca darle estabilidad y prioridad presupuestaria a inversiones que suelen competir con múltiples urgencias, otorgando un marco de política pública con horizonte plurianual. La reforma incorpora, además, mejoras laborales para distintos actores del sistema. Entre ellas se incluye una bonificación de zona para asistentes de la educación, un mecanismo de traslado interno para docentes e instancias de participación que incluyen a representantes de la educación parvularia. Estas disposiciones buscan dar mayor coherencia a la gestión de personas dentro del sistema, reconocer condiciones territoriales y generar herramientas de movilidad interna que respondan a necesidades de dotación, continuidad pedagógica y equidad en oportunidades. En el plano de gobernanza, el proyecto introduce ajustes que apuntan a una coordinación más efectiva del Estado. Se plantea una reconfiguración de la Mesa Ejecutiva de Coordinación Regional y la creación de un Comité de Ministros para apoyar de manera intersectorial a los Servicios Locales. En la misma línea, se precisan roles de las SEREMI y de los Departamentos Provinciales de Educación, intentando ordenar competencias y reducir ambigüedades que, en procesos complejos, terminan diluyendo responsabilidades. El objetivo final es un sistema más articulado y preparado para responder a las particularidades de cada territorio. Dentro de los puntos con mayor carga simbólica y política, la aprobación incluyó avances en titularidad docente, presentada por el Ejecutivo como una respuesta permanente a una demanda largamente levantada por el profesorado.
Según destacó el ministro Cataldo, se trata de un cambio estructural para entregar estabilidad laboral y evitar que el reconocimiento de trayectoria quede amarrado a renovaciones periódicas de leyes transitorias. "Hemos hoy día nos dotamos de una ley permanente.
Ya no es algo que va a tener que legislarse cada cierto tiempo, sino que vamos a contar con una herramienta clara, precisa y cierta para poder abordar esto", sostuvo el ministro, poniendo énfasis en el amplio acuerdo político alcanzado.
La medida, de acuerdo con lo explicado durante la tramitación, permitiría reconocer de manera estable la trayectoria de docentes que han cumplido funciones prolongadas, fortaleciendo la planificación de los establecimientos y reduciendo incertidumbre laboral en comunidades educativas que requieren continuidad. Con la aprobación en la Cámara, el proyecto cierra una etapa legislativa clave y abre otra igualmente determinante: el examen del Tribunal Constitucional y, de superarlo, su promulgación.
En el mundo educativo, la expectativa es que el nuevo marco permita corregir problemas detectados en la implementación de los SLEP sin frenar el despliegue del sistema, combinando más herramientas de gestión, coordinación institucional y presencia territorial.
En definitiva, el texto aprobado busca consolidar la Nueva Educación Pública con un mensaje de fondo: la reforma continúa, pero con ajustes para que funcione mejor, responda a las realidades locales y garantice estabilidad para quienes sostienen día a día el servicio educativo.
Con 122 votos a favor, la Sala despachó un paquete de medidas para ordenar los traspasos desde municipios, reducir burocracia, prevenir Kpn3NC operativas y fortalecer participación y financiamiento, incluyendo un Fondo de Infraestructura hasta 2030 y una ley permanente de titularidad docente. El proyecto pasará ahora al Tribunal Constitucional antes de su promulgación. Crónica.
Con 122 votos a favor, la Sala despachó un paquete de medidas para ordenar los traspasos desde municipios, reducir burocracia, prevenir Kpn3NC operativas y fortalecer participación y financiamiento, incluyendo un Fondo de Infraestructura hasta 2030 y una ley permanente de titularidad docente. El proyecto pasará ahora al Tribunal Constitucional antes de su promulgación. Crónica