LA MIRADA DE LA MINERÍA ANTE UNA FUTURA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESALACIÓN
LA MIRADA DE LA MINERÍA ANTE UNA FUTURA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESALACIÓN urante el congreso Aquasur, la semana pasada, el ministro de Obras Públicas, Martín D Arrau, anunció el impulso de una estrategia y política nacional de desalación, en medio de la tramitación del proyecto que se discute en el Congreso.
La iniciativa busca posicionar esta infraestructura como un eje base de la seguridad hídrica, especialmente para la minería, en un contexto donde su avance regulatorio podría reducir la incertidumbre y ordenar las inversiones de largo plazo.
Para el director de la Cámara Minera de Chile, Patricio Cartagena, la medida es una señal "correcta y tardía a la vez". A su juicio, elevar la desalación a política pública permitiría avanzar hacia una visión de sistema, con reglas más predecibles y mejor articulación entre planta, energía, impulsión, ductos y demanda. "Si eso se hace bien, no solo se mejora la certeza de inversión, sino que permitiría pasar de proyectos aislados a redes integradas, con mayor eficiencia y resiliencia operacional", sostiene.
La directora de estudios y políticas públicas de la Comisión Chilena del Cobre (Cochilco), Patricia Gamboa, coincide en que se trata de una señal positiva para la seguridad hídrica y para el sector, considerando que la minería ya ha incorporado agua de mar incluso sin un marco regulatorio específico. "Avanzar hacia una legislación permitiría reducir riesgos e incertidumbre, especialmente para el desarrollo de infraestructura de mayor escala, como sistemas multipropósito capaces de abastecer a distintos sectores productivos", señala. Gamboa analiza que el interés por la desalación refleja que el agua de mar ya se consolidó como fuente estructural en zonas con escasez hídrica, especialmente en el norte. Por ello, su priorización permitiría reducir la dependencia de fuentes continentales y habilitar proyectos mineros que, de otra forma, enfrentarían restricciones.
Por su parte, el presidente de la Sociedad Nacional de Minería (Sonami), Jorge Riesco, refuerza que esta sería una señal clave de largo plazo que permitía viabilizar la inversión. "Para la minería, en especial, se trata de inversiones intensivas en capital que requieren altos niveles de certidumbre regulatoria", acota.
Detalla que hoy existen 32 plantas desaladoras y que la industria utiliza el 79% de su capacidad, además de seis proyectos de desalación vinculados a la minería, con una capacidad &CECELE 32 PLANTAS DESALADORAS OPERAN EN CHILE. de 5.104 litros por segundo. "Contar con una hoja de ruta más clara puede ser decisivo para que ese desarrollo efectivamente se materialice", subraya.
Regulación y desafíos Para Cartagena, el principal cuello de botella "ya no es tecnológico ni de demanda, sino regulatorio, institucional y de coordinación". Explica que los proyectos se fragmentan entre permisos, trazados, servidumbres, energía, evaluación ambiental e infraestructura de transporte, lo que dificulta su desarrollo.
En tal escenario, plantea que, esta estrategia debiera reducir la dispersión institucional, dar mayor certeza sobre las exigencias y ordenar la secuencia de autorizaciones, incorporando una mirada de cadena de valor completa, no solo de planta.
El ejecutivo agrega que esto también podría orientar mejor la inversión si se impulsa infraestructura compartida, corredores hídricos y alianzas público-privadas, lo que permitiría reducir riesgos, evitar duplicidades y acelerar la ejecución. "Una hoja de ruta bien diseñada no solo debe agilizar trámites, sino también generar condiciones habilitantes más robustas", dice Riesco. Sin embargo, advierte que la discusión también debe incorporar a la mediana y pequeña minería, que enfrentan mayores restricciones para acceder a fuentes seguras de agua y financiar este tipo de infraestructura. Considerarlo, añade, permitiría un desarrollo de la desalación más amplio, equilibrado y con mayor impacto en el conjunto del sector.
En un contexto donde estos proyectos pueden tensionar territorios y comunidades, el presidente ejecutivo del Consejo Minero, Joaquín Villarino, advierte que su expansión debe realizarse con altos estándares ambientales, evaluaciones rigurosas y participación temprana. "Más que una disyuntiva entre desarrollo e impactos, el desafío está en diseñar proyectos que integren estas variables desde su origen", afirma. Por ello, cree que una estrategia nacional debiera establecer criterios claros y asegurar un desarrollo sostenible, equilibrando las necesidades hídricas con la protección de los ecosistemas y el bienestar de las comunidades costeras.
Coincide el presidente de la Cámara Minera, quien advierte que la facilitación regulatoria no puede confundirse con desregulación. "Si la estrategia quiere ser creíble, debe combinar certeza para invertir con altos estándares de sostenibilidad y participación.
Destrabar no puede significar pasar por encima de las comunidades, sino hacer mejor las cosas desde el inicio", sostiene. 79% DE LA CAPACIDAD DE DESALACIÓN DEL PAÍS ES USADA POR LA MINERÍA.. Actores de la industria coinciden en que la medida podría destrabar inversiones y ordenar permisos en el sector minero, aunque advierten que su expansión debe incorporar criterios sociales y territoriales desde el diseño. POR VALENTINA CÉSPEDES 79% DE LA CAPACIDAD DE DESALACIÓN DEL PAÍS ES USADA POR LA MINERÍA.