Editorial: Responsabilidad penal adolescente
Editorial: Responsabilidad penal adolescente El caso ocurrido en La Serena, donde un niño de 13 años fue detenido tras liderar una huida en un vehículo robado, volvió a instalar con fuerza un debate que Chile arrastra hace años: la edad de responsabilidad penal. Y es que el hecho no solo generó preocupación por el riesgo al que se expuso el menor y terceros, sino que también evidenció las grietas de un sistema que parece llegar siempre tarde. Las reacciones políticas no se hicieron esperar. Desde quienes impulsan rebajar la edad de imputabilidad hasta quienes advierten que el problema no se resuelve con más castigo, el debate suele polarizarse entre seguridad y derechos. Sin embargo, este episodio muestra que la discusión es más profunda y compleja.
Que un menor de 14 años que por ley es inimputable conduzca un auto robado en una persecución policial no es solo una señal de audacia delictual, sino, sobre todo, un síntoma de fallas previas: alertas ignoradas, medidas judiciales que no se cumplen y un sistema de protección que no logra intervenir a tiempo. Bajar la edad de responsabilidad penal puede parecer una respuesta rápida frente a la alarma social, pero corre el riesgo de transformarse en un atajo simplista. La evidencia comparada, citada por especialistas, demuestra que no existe una relación automática entre menor edad de imputabilidad y reducción del delito. Sin prevención efectiva, acompañamiento familiar, salud mental y reinserción, el castigo temprano solo profundiza trayectorias de exclusión. El desafío es incómodo, pero ineludible. Más que preguntarnos cuántos años debe tener un niño para ser castigado, la urgencia está en saber por qué el Estado permitió que llegara a ese punto.
La seguridad pública no se fortalece solo endureciendo leyes, sino construyendo respuestas integrales que protejan a la sociedad sin renunciar al deber fundamental de cuidar a sus niños.. Más que preguntarnos cuántos años debe tener un niño para ser castigado, la urgencia está en saber por qué el Estado permitió que llegara a ese punto. EDITORIAL