COLUMNAS DE OPINIÓN: Fiscalía Nacional Administrativa
COLUMNAS DE OPINIÓN: Fiscalía Nacional Administrativa Los funcionarios designados como fiscales en estos procesos muchas veces carecen de formación legal o experiencia en investigaciones complejas. Fiscalía Nacional Administrativa Jorge Díaz Presidente Sociedad Chilena de Medicina y Cirugía Estética.
Las malas prácticas y los recientes cuestionamientos al sistema de salud, han abierto un debate serio y profundo sobre la forma en que el Estado investiga y sanciona las faltas administrativas dentro de sus propios servicios.
Hoy tenemos un modelo fragmentado, ineficiente y, en muchos casos, profundamente injusto, donde las propias instituciones se ven obligadas a investigar las faltas de sus funcionarios, asumir el rol de juez y parte, y dictar sanciones que pueden tener consecuencias graves para las personas involucradas.
Por eso, es hora de proponer un cambio en las reglas del juego con la creación de una Fiscalía Nacional Administrativa, una entidad especializada, técnica y autónoma que asuma la tarea de investigar con rigurosidad y equidad los sumarios administrativos en todo el aparato público. ¿Por qué es tan necesaria? Primero, porque el volumen del problema ya es insostenible. Hoy existen cerca de 25.000 sumarios en curso, sin contar los procesos habituales que se abren año tras año. Cada servicio público involucrado debe destinar personal, tiempo y recursos para investigar, realizar entrevistas, recolectar declaraciones, contrastarlas, redactar informes y formular conclusiones. Esta carga administrativa tiene un costo altísimo y poco visible: desvía recursos humanos esenciales de su labor principal. Funcionarios que deberían estar atendiendo enfermos en hospitales, enseñando en escuelas, atendiendo público en oficinas públicas o fiscalizando el cumplimiento de leyes y normativas, terminan transformados en investigadores amateur. El resultado es un Estado menos eficiente, menos presente y menos cercano a la ciudadanía. En segundo lugar, existe un problema de competencia técnica. Los funcionarios designados como fiscales en estos procesos muchas veces carecen de formación legal o experiencia en investigaciones complejas. En la práctica, se esperaría un ejército de abogados expertos para cubrir todos los casos, pero eso es imposible. El tercer asunto es aún más grave: la falta de imparcialidad. Hoy, los fiscales administrativos y los funcionarios investigados suelen ser colegas en la misma organización.
Son compañeros de trabajo, parte de la misma cadena jerárquica, y a veces incluso amigos. ¿Qué tan justa y objetiva puede ser una investigación en ese contexto? El riesgo de empatía indebida, favoritismo o, por el contrario, animosidad personal, está siempre presente. Es un escenario que atenta contra el principio básico de justicia: la ecuanimidad..