Chile concretó expulsión de 86 extranjeros por delitos graves y entradas irregulares: vuelo partió hacia Bolivia y Colombia
Chile concretó expulsión de 86 extranjeros por delitos graves y entradas irregulares: vuelo partió hacia Bolivia y Colombia En un nuevo operativo de control migratorio y fortalecimiento de la seguridad pública, el Servicio Nacional de Migraciones (Sermig) informó este domingo 29 de junio que un total de 86 personas extranjeras fueron expulsadas del territorio nacional mediante un vuelo chárter comercial con destino a Bolivia y Colombia. La medida forma parte de la política de Estado para hacer cumplir la legislación migratoria vigente y sancionar a quienes hayan delinquido o ingresado de manera clandestina a Chile.
De las expulsiones realizadas, 59 fueron de carácter administrativo, dictadas directamente por el Servicio Nacional de Migraciones, mientras que las restantes 27 correspondieron a órdenes judiciales, emanadas de tribunales tras sentencias condenatorias o procesos en curso.
Entre los expulsados figuran personas con antecedentes por delitos como tráfico ilícito de drogas, femicidio, robo con violencia e intimidación, conducción en estado de ebriedad con consecuencias penales y violación a la Ley de Migración por ingreso al país a través de pasos no habilitados.
El procedimiento fue ejecutado de forma coordinada entre múltiples instituciones del Estado, incluyendo la Policía de Investigaciones (PDI), el Ministerio del Interior, la Subsecretaría del Interior, Gendarmería de Chile, y el propio Servicio Nacional de Migraciones, lo que permitió concretar la operación en condiciones seguras y respetando los protocolos establecidos por ley.
El director nacional del Sermig, Luis Eduardo Thayer, valoró el trabajo interinstitucional y destacó que la medida responde a un objetivo central del Gobierno: reforzar la seguridad y el control migratorio del país, dando una señal clara frente a la delincuencia. “Desde 2022 a la fecha, hemos expulsado a más de 3.600 personas del país. Es fundamental continuar con la política de expulsión de personas extranjeras, dando prioridad a los casos en que se han cometido delitos o cuentan con antecedentes penales”, sostuvo Thayer. Asimismo, el director subrayó el impacto de la colaboración con las policías y del uso de nuevas tecnologías para mejorar la capacidad de respuesta del Estado. “La materialización de este vuelo de expulsión, operado por una empresa comercial, da cuenta del esfuerzo sostenido desarrollado junto a la PDI.
A esto se suman los avances tecnológicos en materia migratoria, que hoy permiten a las policías detectar y capturar de manera más eficiente a personas con orden de expulsión vigente o con impedimento de ingreso a Chile”, añadió. Durante lo que va de 2025, ya se han concretado 552 expulsiones desde territorio nacional, de las cuales 402 son administrativas y 150 judiciales, lo que muestra un ritmo creciente respecto de años anteriores. Según fuentes de Migraciones, se espera que estas cifras aumenten a medida que se perfeccionen los sistemas de interoperabilidad de bases de datos entre Migraciones, PDI, Gendarmería y el Poder Judicial.
Las expulsiones judiciales se aplican, por ejemplo, a personas condenadas por delitos de alta connotación pública o reincidencia, mientras que las administrativas apuntan a quienes infringieron la normativa migratoria, como ingreso por pasos no permanencia habilitados, irregular, documentación falsa, o quienes representen la seguridad un riesgo para pública.
En este contexto, el Ministerio del Interior reafirmó su compromiso con una política migratoria ordenada, segura y regular, en línea con la Ley 21.325, que establece los mecanismos legales para la expulsión de personas extranjeras que representen un peligro o hayan cometido delitos graves en el país.
Si bien las expulsiones se ejecutan a nivel nacional, una parte importante de las personas expulsadas han sido detectadas en las regiones del norte de Chile, particularmente en Tarapacá, Arica y Parinacota y Antofagasta, zonas donde se ha intensificado el control migratorio producto del uso de pasos clandestinos y del accionar de redes de tráfico de migrantes y crimen organizado.
De hecho, las autoridades migratorias han advertido que varias de las personas expulsadas en este vuelo tenían antecedentes por delitos cometidos en dichas regiones, o bien habían sido detectadas en controles fronterizos con identidades falsas o requisitorias pendientes en sus países de origen.
En esa línea, el director Thayer destacó que el trabajo también incluye cooperación internacional, tanto con países limítrofes como con organismos multilaterales, con el fin de facilitar el proceso de identificación, verificación documental y coordinación de retorno. “Sin cooperación internacional efectiva, los procesos de expulsión serían mucho más lentos y menos eficientes”, recalcó.
El Servicio Nacional de Migraciones recalcó que todas las personas expulsadas fueron notificadas oportunamente y contaron con el derecho a apelar a través de los canales judiciales o administrativos disponibles, conforme a los estándares establecidos en la ley y tratados internacionales suscritos por Chile.
De igual forma, durante el operativo se aseguró el respeto a la dignidad y los derechos básicos de las personas sujetas a expulsión, incluyendo atención médica si era necesaria, resguardo de menores de edad no acompañados y disposición de traductores en los casos requeridos.
En los próximos meses, el Gobierno espera acelerar la implementación del nuevo sistema identificación biométrica de ABIS, en conjunto con el Registro Civil y la PDI, que permitirá a las autoridades reconocer, en tiempo real, a personas que ingresen con documentación falsa o usurpando identidades. Este sistema contribuirá significativamente a impedir el reingreso de personas expulsadas y a prevenir delitos transnacionales vinculados al uso de identidades fraudulentas.
Asimismo, se fortalecerá el los Centros de trabajo en Transitoria para Detención asegurando que los plazos legales para concretar las expulsiones sean respetados, evitando demoras que sobrecarguen al sistema judicial o afecten la percepción ciudadana sobre la eficacia del Estado. El operativo del domingo marca un nuevo hito en la política migratoria impulsada por el Gobierno y ejecutada por el Sermig, con la colaboración de organismos policiales y judiciales. Con él, se busca garantizar que quienes infrinjan la ley chilena o representen un riesgo para la convivencia social sean excluidos del país, respetando los principios del debido proceso, pero con firmeza y determinación.
Desde el Ejecutivo y el Servicio Nacional de Migraciones reiteraron que las expulsiones son una herramienta legítima y necesaria para resguardar la seguridad de la ciudadanía, ordenar el sistema migratorio y desalentar el uso de rutas clandestinas o la permanencia irregular en el país. Mientras tanto, la operación del vuelo comercial hacia Bolivia y Colombia quedó como símbolo de un Estado que avanza en ordenar la migración sin renunciar a los principios del derecho y la dignidad humana.
IMPACTO EN LAS REGIONES FRONTERIZAS Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL UN 2025 CON MÁS EXPULSIONES Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL UN COMPROMISO CON LA SEGURIDAD Y EL RESPETO ALA LEY PRÓXIMAS MEDIDAS Y FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA MIGRATORIO UN TRABAJO COORDINADO POR LA SEGURIDAD DEL PAÍS DERECHOS Y PROCEDIMIENTOS GARANTIZADOS. El procedimiento incluyó 59 expulsiones administrativas y 27 judiciales, ejecutadas en coordinación con distintos organismos del Estado. Desde 2022, más de 3.600 personas han sido expulsadas del país. El Gobierno reafirmó su compromiso con la seguridad y el control fronterizo. Extranjeros, mejorando las condiciones de resguardo y