Destituciones, sumarios y causa penal: Gendarmería no logra levantarse tras sospechas que recaen en funcionarios
Destituciones, sumarios y causa penal: Gendarmería no logra levantarse tras sospechas que recaen en funcionarios Durante la semana, en menos de 24 horas, funcionarios de Gendarmería liberaron indebidamente a imputados, primero en Santiago y luego en Viña del Mar.
Destituciones, sumarios y causa penal: Gendarmería no logra levantarse tras sospechas que recaen en funcionarios Con sus manos en la espalda, el venezolano Osmar Ferrer Ramírez (18) permanecía a la espera del llamado de un funcionario de Gendarmería de Santiago I durante la tarde del 10 de julio de 2025. Allí, aguardó por varios minutos formado junto a otros imputados, hasta que el gendarme, con papeles en mano, se comunica brevemente con él y autoriza su salida del penal.
Eso, a pesar de que menos de 24 horas antes Ferrer había sido formalizado por ser uno de los tres sicarios de José Felipe Reyes, "El Rey de Meiggs", quien fue asesinado a sangre fría en la calle, a cuadras de su departamento, mientras huía de sus victimarios.
Tras su liberación, el extranjero salió del país y no se supo de su libertad por cerca de tres días, cuando la abogada de otro imputado en la causa se comunicó con el fiscal Sergio Soto --quien formalizó la indagatoria-para consultarle por qué con Ferrer se optó por la libertad a diferencia de su representado. Pero ello develó el craso error entre Gendarmería y el Poder Judicial: El presunto sicario no debió ser liberado y se apuntó a un error de comunicación. La situación significó la apertura de otra causa por la errónea liberación.
Tras ello se allanó el módulo donde permanecía recluido Ferrer, así como algunas oficinas del Poder Judicial, y se tomó declaración a la jueza que envió doble documentación por un eventual error de tipeo en la resolución que decretaba la prisión preventiva.
En el intertanto, se descubrió que el verdadero nombre de Osmar Ferrer no era ese, sino que Alberto Carlos Mejía y se activó un protocolo de captura internacional que dio con el prófugo en Colombia el 16 de agosto pasado, un mes después del hecho. n "Beneficiados" en Copiapó, La Serena y Temuco Las características del hecho alarmaron a la opinión pública, pero como si eso fuera poco, dos días antes de la captura de Mejía, el director nacional de Gendarmería, Rubén Pérez, abordaba otra situación compleja: dos reos condenados y presos en las ciudades de Copiapó y La Serena fueron liberados.
A ello, se transparentaba una situación similar producida en julio en el Centro de Cumplimiento Penitenciario de Temuco. "Se han dispuesto los sumarios administrativos de rigor por parte de cada director regional y también se han efectuado las denuncias al Ministerio Público", explicaba Pérez. A su vez, anunció destituciones.
Pero la medida al parecer no fue suficiente, en el mes de diciembre se registró un caso en Santiago y otro en Rancagua. n Santiago y Viña del Mar en 24 horas: denuncia por premeditación o dolo Durante enero ya ocurrió otro caso en Puente Alto.
Sin embargo, la crisis por las liberaciones se agudizó durante la semana, puesto que el miércoles, en el Centro de Justicia de Santiago, personal de Gendarmería liberó a un imputado que debía pasar a audiencia, mientras que dejó recluido a otro que había quedado en libertad. En este caso, se indaga una eventual suplantación de identidad.
Claro que a ello se sumó que en menos de 24 horas, en Viña del Mar, se produjo otro incidente de las mismas características al dar la libertad a un imputado que quedó en prisión preventiva sin que pagara la fianza fijada por el tribunal.
Tras ello, la jornada del jueves, el subsecretario de Justicia, Ernesto Muñoz, anunció una denuncia ante las últimas liberaciones debido a la posibilidad de "premeditación", "concertación" o "dolo" por este fenómeno que se está volviendo habitual.
Por su parte, ayer el ministro de la cartera, Jaime Gajardo, no descartó otras motivaciones además de la negligencia (ver recuadro). n Fiscalía analiza denuncia La denuncia fue ingresada a la Fiscalía Regional Metropolitana Occidente, donde según conocedores se encuentra en análisis respecto de si será investigada o no por el Foco Penitenciario de la jurisdicción.
El oficio dirigido al persecutor jefe de la zona, Marcos Pastén, solicita que se indaguen "los últimos eventos críticos cuyos orígenes significan una grave transgresión a la normativa institucional, además de incumplimientos a mandatos judiciales relativos a la privación de libertad de sujetos que significan un riesgo para la seguridad pública". La acción es por cuatro hechos.
El primero es del 24 de diciembre, cuando el imputado Mathias Fuentes Rojas, "sin que existiese instrucción alguna, y de manera injustificada, fue puesto en libertad por el gendarme primero Marcelo Sáenz Valdés". El segundo es el primer caso del año. El 10 de enero, en Puente Alto, se decretó la prisión preventiva de Claudio Retamales Reyes tras una "orden de detención pendiente para comparecencia a juicio oral simplificado", por robo en lugar no habitado.
Sin embargo, "por descuido e inobservancia del cabo Nicolás Patricio Parra Acuña y de la gendarme Katherine Alejandra Aravena Aguilar, otorgaron la libertad de este de manera errónea". Los otros dos casos corresponden a las liberaciones de esta semana.
De dicha manera, se explicita en la denuncia, "se elevan los antecedentes a vuestra autoridad, a fin de que se investiguen los hechos, ejerciendo la acción penal pública correspondiente contra todos los funcionarios institucionales involucrados en los procesos de libertades mal otorgadas y de aquellos que resulten responsables". n Sobornos, homicidios e informes de Contraloría, entre otras irregularidades Parte de la crisis de seguridad que se ha desatado desde el fin de la pandemia se ha concentrado en las cárceles.
A las libertades erróneas se suman los al menos siete homicidios que han ocurrido en los penales del país este año, lo que significa que en poco más de un mes ya se ha alcanzado el 26% de todos los asesinatos intramuros ocurridos en 2025 (27). Además, durante el año pasado se viralizaron videos grabados con celulares por la misma población penal en conductas que van desde la realización de asados al intento de quemar una celda con privados de libertad en su interior.
Según inf o r m a c i ó n o b t e n i d a p o r Transparencia, el año recién pasado se incautaron cerca de 35 mil dispositivos telefónicos desde las cárceles.
Por otro lado, Contraloría puso el foco en la institución penitenciaria en 2024 al realizar una serie de auditorías que evidenciaron importantes fallas en el funcionamiento de los inhibidores, incluso detectando la posibilidad de que celulares ligados a funcionarios de Gendarmería funcionen con tarjeta SIM de privados de libertad y vicev e r s a.
E l ó r g a n o contralor también encontró serias deficiencias en el control de visitas e incautaciones de drogas, así como falta de un sistema de control sobre armas y municiones en la institución. Además, el año pasado finalizó con la formalización de más de cuarenta funcionarios por corrupción, principalmente en Santiago I.
Por liberaciones erróneas de imputados y condenados en distintas cárceles del país EDUARDO CANDIA El Ministerio de Justicia envió un oficio al fiscal regional occidente Marcos Pastén para que se investiguen los últimos cuatros hechos de características similares que abarcan desde el 23 de diciembre al 12 de febrero.
CASOS Según información del Ministerio de Justicia, en 2025 ocurrieron 15 liberaciones erróneas y este año han existido tres casos. n Gajardo habla de eventual "sabotaje" por reforma en trámite y gremio pide su salida En el último año se han conocido una serie de irregularidades que develan el problema estructural que existe en Gendarmería.
Ello, llevó al Presidente Gabriel Boric a anunciar un proyecto de reforma para transformar a Gendarmería en una Fuerza de Orden y Seguridad --como Carabineros y la PDI--, dividir las labores de custodia de las de reinserción, eliminar las organizaciones gremiales de la institución, y traspasar la dependencia del órgano al Ministerio de Seguridad.
Es por esta razón que el ministro de Justicia, Jaime Gajardo, no descarte un sabotaje tras los últimos hechos conocidos (ver nota principal). Así lo dejó claro en entrevista con Mega, donde comentó que "nosotros no descartamos que aquí hayan otras motivaciones, posibles comisiones de delito. Es decir, puede haber un error administrativo, pero también puede haber corrupción y también puede haber sabotaje". En ese contexto, recordó que "Gendarmería está en plena reforma.
Una reforma que ha sido muy resistida al interior de la Gendarmería por parte, principalmente, de personas que no quieren que esta reforma siga adelante". En esa línea, comunicó que"si eventualmente hay sabotaje, que lo investigue el Ministerio Público". Tras las palabras de Gajardo, la Asociación Nacional de Suboficiales de Gendarmeria, emitió un comunicado público llamándolo a renunciar, mencionando que "utilizar conceptos como sabotaje sin un diagnóstico técnico serio no solo afecta la honra institucional, sino que también desatiende las brechas estructurales existentes tales como déficit de dotación, sobrecarga laboral y falta de capacitación..