Editorial: ¿Fin a la educación pública municipalizada?
Editorial: ¿ Fin a la educación pública municipalizada? El ex Presidente Pedro Aguirre Cerda, que gobernó entre los años 1938 y 1941 (falleció sin cumplir su período que debía terminar en 1944) debe ser el mandatario chileno que mayor énfasis e importancia le ha dado a la educación en el país y siempre se recuerda su famosa frase: "Gobernar es educar" y que pronunció durante un discurso donde afirmó que: "La educación es el primer deber y el más alto derecho del Estado". Por estos días, cuando comienzan a aumentar las conversaciones y debates sobre el muy probable término de la enseñanza pública "municipalizada", parece pertinente referirse a este tema, de suyo incidente en la vida nacional y no exento de controversias.
La municipalización de la educación pública en Chile (principios de los 80) fue un proceso masivo y acelerado, impulsado por la dictadura militar, que traspasó la administración de escuelas desde el Estado central a las municipalidades, entre 1980 y 1987. Aunque se implementó en etapas breves, su ejecución fue rápida y radical y, el 2 de mayo de 1980, el DFL Nº 1-3.063 estableció la municipalización de la enseñanza.
Así las cosas, en menos de una década, la inmensa mayoría de las escuelas públicas pasaron a administración municipal, formando parte de una reforma estructural más amplia (educación, salud, pensiones) enfocada en la descentralización administrativa y la privatización (financiamiento vía subvención por asistencia). Como era de esperar, este proceso generó gran descontento y movilización de profesores y estudiantes, alcanzando hitos críticos de despidos y protestas, especialmente en los años 1986 y 1987.
Han transcurrido casi cuatro décadas y todo hace pensar que la educación pública puede volver a manos del Estado y, de hecho, es un proceso en curso mediante lo que se define como "desmunicipalización". Este sistema, impulsado por la Ley 21.040, crea los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP) para traspasar la administración desde los municipios a una Dirección Nacional de Educación Pública que busca recuperar la función social de educar a través de 70 SLEP que administran establecimientos educacionales de manera descentralizada, pero con financiamiento estatal. Este año 2026 parece ser estratégico, entonces, para el desarrollo y afianzamiento de los nuevos escenarios de la educación pública del país..