Columnas de Opinión: Más que víctimas y abogados
La creación de un nuevo servicio de I acceso a la justicia y defensa de las L víctimas es, sin duda, un hito político relevante. Sin embargo, su diseño institucional exige una reflexión más profunda sobre qué entendemos realmente por "acceso a la justicia" y cuáles son los riesgos de reducirlo a un servicio de representación judicial. La evidencia comparada muestra que el acceso a la justicia no se agota ?ni siquiera se juega principalmente en contar con un abogado o en litigar ante tribunales.
Desde hace décadas, la literatura sobre legal needs muestra que la mayoría de las necesidades jurídicas de las personas se resuelven mediante información clara, orientación temprana, asesoría práctica y soluciones extrajudiciales, más que a través de procesos contenciosos formales (Grunseit, Forell & McCarron, 2008; Genn, 1999). Insistir en respuestas puramente judiciales suele producir sistemas costosos, lentos e incapaces de absorber la demanda real, frustrando expectativas y debilitando la confianza institucional.
En este contexto, uno de los principales riesgos del nuevo servicio es concebirlo exclusivamente como un "servicio de víctimas". El Ministerio Público ya cuenta con una política y dispositivos específicos para la atención de víctimas y testigos. Sin una coordinación efectiva, la duplicación de funciones, confusión de roles y uso ineficiente de recursos públicos son inevitables. Un segundo riesgo, más estructural, radicacional. Hacer de las víctimas el único eje del sistema de justicia penal es una simplificación arriesgada.
Los sistemas de justicia cumplen múltiples funciones -control del poder punitivo, garantías del debido proceso, resolución de conflictos, reintegración social— y centrar toda la política pública exclusivamente en la víctima puede tensionar seriamente ese equilibrio. "Hacer de las víctimas el único eje del sistema de justicia penal es una simplificación arriesgada". en las facultades de representación judicial del servicio. Convertirlo en un actor que litiga o se querella en nombre de las víctimas es conceptualmente problemático y operativamente insostenible.
La experiencia muestra que los sistemas de acceso a la justicia colapsan cuando se organizan en torno a la promesa de representación universal (Alpert & Huff, 1980; Grunseit et al., 2008). A ello se suma una advertencia adi2001). Como ha mostrado la criminología crítica, la expansión simbólica del "discurso de las víctimas" contribuye, en algunos casos, a generar expectativas imposibles de cumplir (Garland, Si el nuevo servicio quiere ser sostenible y transformador, debe asumir una noción amplia y realista de acceso a la justicia. Es decir, menos litigios y mayor capacidad para orientar, informar y resolver problemas antes de que se conviertan en conflictos judiciales. De lo contrario, el riesgo es crear una institución bienintencionada, pero poco operativa y sostenible.