EDITORIAL: Editorial Impacto regional de la reducción de jornada laboral
EDITORIAL: Editorial Impacto regional de la reducción de jornada laboral El pasado domingo 26 de abril entró en vigencia la segunda etapa de la Ley Nº 21.561, conocida como la Ley de 40 Horas, reduciendo la jornada laboral máxima de 44 a 42 horas semanales en todo Chile.
No se trata de un simple ajuste administrativo ni de una corrección menor en el Código del Trabajo: es un paso más en una transformación estructural del mundo laboral que, cuando alcance su fase final en abril de 2028, habrá reducido en más de un 11% el tiempo que los trabajadores asalariados privados dedican al empleo.
La Región del Biobío tiene más de 444 mil trabajadores asalariados del sector privado, quienes representan el 61,3% de las personas ocupadas en la zona y que están afectos a esta nueva reducción, si sus contratos se rigen por el Código del Trabajo. Es una cifra implica que casi medio millón de personas tienen el derecho legal de trabajar dos horas menos a la semana sin que ello implique una rebaja en sus ingresos. El tiempo libre no es un lujo: es condición para la salud mental, para el cuidado de los hijos, para el desarrollo personal y para la participación comunitaria. En una región como la nuestra, que históricamente ha combinado industria pesada, comercio y servicios con largas jornadas y condiciones laborales exigentes, la promesa de salir antes a casa tiene un valor concreto e inmediato. La Región del Biobío tiene más de 444 mil trabajadores asalariados del sector privado, quienes representan el 61,3% de las personas ocupadas en la zona y que están afectos a esta nueva reducción. Sin embargo, la realidad es más compleja que la norma.
La implementación de esta segunda etapa ha generado tensiones visibles en distintos sectores de Biobío, sobre la forma de distribuir la reducción horaria, y algunos sindicatos han expresado su malestar, como en el caso en que la reducción se aplica en las mañanas y no en la salida en las tardes, para evitar la inseguridad nocturna y aprovechar la locomoción colectiva. Las pequeñas y medianas empresas de la Región del Biobío enfrentan un escenario todavía más delicado.
Para una farmacia independiente de Concepción que opera con dos trabajadores, la reducción de la jornada de un colaborador no puede absorberse con una reorganización de turnos: alguien tiene que reemplazar esas horas, y ese alguien, en muchos casos, es el propio dueño. La Multigremial de Emprendedores ha advertido que las mipymes, que emplean cerca del 45% de los trabajadores del país, carecen del respaldo financiero de las grandes corporaciones para adaptarse sin fricciones.
En zonas industriales y de servicios como las de esta región, donde el tejido productivo combina plantas de manufactura, empresas forestales y comercio minorista, los márgenes de adaptación son heterogéneos y la presión sobre los costos laborales es real. El Banco Central advirtió en septiembre de 2025 posibles efectos negativos en la creación de empleo formal derivados de esta reducción horaria, especialmente en sectores de alta exigencia operativa.
No se trata de una alerta anti laboral, sino de una advertencia que debe considerarse si se quiere que la reforma cumpla su objetivo sin generar consecuencias no deseadas: que trabajadores más vulnerables terminen en la informalidad o se vean forzados a combinar dos empleos para compensar ingresos perdidos. En la Región del Biobío, con alto desempleo y una tasa de informalidad que históricamente ha superado el promedio nacional en ciertas comunas y sectores, este riesgo merece atención prioritaria por parte de la autoridad.
La Seremi del Trabajo ha señalado que los nuevos dictámenes emitidos por la Dirección del Trabajo en abril de 2026 buscan brindar mayor claridad sobre la aplicación de la norma, privilegiando el acuerdo entre las partes y estableciendo criterios precisos para los casos en que no exista consenso.
También la Mesa por la Defensa del Empleo y la Industria de la región ha valorado estos dictámenes, aunque con reservas respecto a espacios de ambigüedad que podrían afectar a trabajadores que realizan funciones sin fiscalización directa. El diálogo, la fiscalización y la voluntad política serán tan importantes como la propia ley..