Autor: Renato Segura Investigador Cerregional

Columnas de Opinión: Política pública y desarrollo regional
Columnas de Opinión: Política pública y desarrollo regional D esde el punto de vista de la actividad económica, usando datos del Producto Interno Bruto regional 2025, el 63% del PIB nacional se concentran en las regiones Metropolitana, Antofagasta, Valparaíso y Biobío. En materia de demandas sociales, el 65% de la población se concentra en las regiones Metropolitana, Valparaíso, Biobío y Maule.
Para enfrentar un desarrollo armónico territorial, la política pública debe hacer un esfuerzo brutal para, si así lo quiere, corregir la profunda concentración de las prioridades que demandan los focos para el crecimiento económico y la justicia social. La primera señal en este sentido fue la promulgación de la Ley Nº 20.990 que definió las nuevas autoridades regionales, las cuales son electas mediante votación popular por los ciudadanos de cada región.
En opinión de la Fundación Chile Descentralizado, "la elección de los gobernadores regionales se constituye en la primera autoridad responsable de liderar los procesos de desarrollo de cada región". Para cumplir dicha misión, en los archivos de la Biblioteca del Congreso Nacional se cataloga a la descentralización como un "proceso de transferencia de competencias y recursos, desde el gobierno central a las administraciones subnacionales o unidades más pequeñas, entregándoles autonomía en la toma de decisiones y poder decisorio local acerca de materias delimitadas por la misma autoridad central". Sin embargo, la figura del gobernador regional podría ser relevante para el desarrollo si el Ejecutivo transfiere las competencias de ministerios y servicios públicos, en materias de ordenamiento territorial, fomento de las actividades productivas y desarrollo social y cultural, y por otro lado ordena las adecuaciones necesarias en los órganos cuyas competencias se transfieran. Algo que no se ha cumplido y tampoco se avizora en el mediano plazo de que el Ejecutivo tenga la voluntad ni la capacidad de materializarlo.
Razonable si se considera la complejidad de un país que se caracteriza por un territorio tan extenso y con recursos que se concentran de acuerdo con las características geomorfológicas del territorio y que no siempre se expresa de igual forma en la división política administrativa. Concentremos el análisis en la Región de Ñuble. La cadena de valor de la industria agrícola y forestal es la principal ventaja comparativa que presenta la región. Sin embargo, dicha característica, también es atingente a las regiones de Maule, Biobío, La Araucanía y Los Ríos. Si se miran las estrategias de desarrollo en dichos territorios, se observan muchos puntos en común, como ocurre por ejemplo con el tránsito y almacenamiento de carga o el desarrollo de polos tecnológicos. El aprovechamiento integral de dichas estrategias requiere de miradas interregionales, las cuales en la actualidad solo las puede dar el gobierno central. Los modelos cooperativos de gestión pública del territorio no son un atributo de nuestra historia republicana. Por ello es dificultoso que, medidas como la descentralización, puedan ser efectivas para el desarrollo de las regiones del país.
Esta realidad ha sido abordada por las distintas coaliciones gobernantes las cuales, a pesar de su manifiesta voluntad de concluir con el proceso descentralizador como es el caso de la eliminación del delegado presidencial finalmente sean esfuerzos estériles. Por ello, la política pública para el desarrollo de las regiones debe estar centrada en las acciones y no en los recursos. Debe ser conducida en base a incentivos y no mediante regulaciones. Debe ser conducida con pragmatismo y no con protagonismo. Debe poner en valor la cultura local, descartando el ideal. En definitiva, debe estar mandatada por la generación de riqueza y no por administración de la pobreza. Autor: Renato Segura Investigador Cerregional. Opinión