Estrategia del litio abre grieta entre el Gobierno y organizaciones ambientales
Estrategia del litio abre grieta entre el Gobierno y organizaciones ambientales C uando Gabriel Boric asumió la presidencia de Chile en 2022, muchos activistas ambientales celebraron su llegada al poder como un triunfo para la protección del medioambiente. Pero tres años después, la desilusión ha calado hondo en estas agrupaciones.
La Estrategia Nacional del Litio, lanzada por el Gobierno en 2023 para convertir a Chile en líder global de producción del "oro blanco", ha encendido las alarmas entre ambientalistas que acusan una "continuidad del modelo extractivista y un abandono de la promesa ecológica". "La estrategia está centrada totalmente en sostener un modelo basado en la extracción y explotación de salares.
No está pensada para la protección o siquiera conservación de ecosistemas", sentencia Javier Arroyo, integrante del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA). A su juicio, el Ejecutivo ha apostado por una alianza público-privada sin transparencia ni participación vinculante de las comunidades. La crítica se repite entre otros actores. Flavia Liberona, directora ejecutiva de Fundación Terram, sostiene que la estrategia "está orientada a la producción, para eso fue elaborada y ese es su sentido.
Nos preocupa la falta de información científica para la toma de decisiones". Y va más allá: "Nos parece bastante impresentable que se establezca una negociación como la de SQM-Codelco a espaldas de la ciudadanía". Las preocupaciones no son solo políticas, sino ecológicas.
La extracción de litio en salares como el de Atacama conlleva impactos significativos según las voces ambientalistas: "Los salares no son minas, son ecosistemas frágiles y la intervención de una parte del salar afecta a todo el ecosistema", advierte Liberona.
Tanto Arroyo como Liberona coinciden en que los proyectos actuales han evitado una evaluación ambiental rigurosa. "El hecho de que proyectos extractivos ingresen a tramitación ambiental es un piso mínimo", afirma Arroyo, quien critica el uso reiterado de Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA) en lugar de Estudios de Impacto Ambiental (EIA), lo que limita la comprensión integral de los efectos en la biodiversidad y las comunidades. El estudioa diferencia de la declaraciónes un instrumento más exigente donde las empresas reconocen sus impactos en el medio ambiente y se comprometen a compensar, mitigar y reparar.
Liberona, por su parte, subraya que "todos los nuevos proyectos de extracción de litio sin importar su tamaño deben ingresar a evaluación vía EIA, por tratarse de sistemas de humedales en el desierto más árido del mundo". Compromisos frágiles En el corazón de la Estrategia Nacional está el Salar de Atacama, el más productivo del país y epicentro de los acuerdos anunciados por Codelco con SQM. Allí, las comunidades indígenas y autoridades locales también manifiestan su inquietud. El alcalde de San Pedro de Atacama, Justo Zuleta, advierte que "nos preocupa mucho la inclusión de nuevos sectores que sean altamente sensibles ambientalmente.
Hay un compromiso con el Ministerio de Minería de que habrá un menor uso de agua dulce, pero eso debe cumplirse". Zuleta, cuya comuna alberga parte del salar, pone especial énfasis en "proteger la fauna y vida microbiana que habita el ecosistema, aspectos que han sido valorados culturalmente durante generaciones". Desde el Congreso, el senador Alfonso de Urresti, presidente de la Comisión de Medio Ambiente, ha sido una de las voces más críticas. "La Estrategia Nacional del Litio no ofrece garantías ambientales suficientes, ni una protección real de ecosistemas extremadamente frágiles como los salares altoandinos", afirma.
Y agrega: "El avance de la minería del litio, sin resguardos estrictos, amenaza la disponibilidad de agua, afecta a especies endémicas, y desestabiliza ciclos ecológicos milenarios". Una estrategia en disputa Aun cuando la Estrategia Nacional del Litio contempla la creación de una Red de Salares Protegidos, el proceso ha sido duramente cuestionado por falta de criterios ecológicos, según opinan en el mundo verde: "Nos parece muy interesante que se considere la creación de esta red, pero el proceso para determinar los salares estratégicos nos parece cuestionable", señala Liberona. "Debería haberse considerado contar con información científica sólida sobre biodiversidad e hidrología antes de tomar decisiones". Para los ambientalistas, el enfoque actual del Gobierno replica los errores del pasado: conocimiento escaso, evaluación deficiente, y un diseño institucional que prioriza la explotación. "Estamos frente a una lógica del conocer para explotar", resume Arroyo.
Gabriel Muñoz, abogado medioambiental y representante de la comunidad atacameña de Coyo, sostiene que desde un inicio tanto el mundo ambiental como las comunidades percibieron que la Estrategia Nacional del Litio "adolecía de cierto grado de amateurismo y autosuficiencia, porque no fue diseñada ni contempló en su origen, y ahora en su implementación, las advertencias sobre la viabilidad medioambiental ante una eventual sobreexplotación de los salares". Muñoz, quien en julio de 2022 logró revertir en la Corte Suprema la estrategia de litio impulsada por la administración Piñera, advierte que el actual Gobierno ha elaborado su propuesta "desde la óptica de maximizar la explotación del mineral, dejando en segundo plano criterios técnicos que garanticen la rica y única biodiversidad de los salares.
Tampoco se ha cumplido a cabalidad con las necesarias consultas indígenas previas, como exige el Convenio 169 de la OIT, lo que podría generar conflictos jurídicos futuros y afectar la certeza jurídica y la seguridad de las inversiones". Estrategia del litio abre grieta entre el Gobierno y organizaciones ambientales Agrupaciones "verdes" acusan al oficialismo de adoptar una "lógica extractivista". Piden que todos los proyectos se analicen por estudios de impacto ambiental.
Sergio Sáez Fuentes Promesas en salmuera "Nos parece bastante impresentable que se establezca una negociación como la de SQM-Codelco a espaldas de la ciudadanía", Flavia Liberona, directora ejecutiva de Fundación Terram "El hecho de que proyectos extractivos ingresen a tramitación ambiental es un piso mínimo", Javier Arroyo, integrante del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA) "Existe una vida microbiana muy interesante incluso en términos de investigación, y eso ha sido muy valorado culturalmente", Justo Zuleta, alcalde de San Pedro de Atacama "Ha primado una lógica de producción acelerada, en desmedro de compromisos ambientales y respeto a las comunidades", Alfonso de Urresti, presidente Comisión Medio Ambiente del Senado.