EDITORIAL: Editorial Recorte a presupuesto de hospitales del Biobío
EDITORIAL: Editorial Recorte a presupuesto de hospitales del Biobío La decisión del Gobierno de aplicar un recorte presupuestario a la red pública de salud vuelve a abrir un debate que en regiones como Biobío nunca deja de ser urgente y cuya interrogante central es hasta dónde puede tensionarse un sistema hospitalario que ya opera al límite.
El decreto firmado por el Ministerio de Hacienda, actualmente en revisión por la Contraloría, contempla rebajas millonarias para los principales recintos hospitalarios del país y golpea con especial fuerza a tres establecimientos estratégicos de la Región del Biobío, como son el Hospital Víctor Ríos Ruiz de Los Angeles, el Hospital Regional Guillermo Grant Benavente y el Hospital Las Higueras de Talcahuano. Según lo informado, el Hospital de Los Ángeles sufrirá un ajuste de $2.706 millones; el Guillermo Grant Benavente, $2.696 millones; y Las Higueras, $2.272 millones. En total, más de $7.500 millones menos para la que se puede considerar como la red hospitalaria más importante del sur de Chile.
El Ministerio de Salud ha defendido la medida señalando que el ajuste corresponde a un promedio cercano al 2,5% del presupuesto sectorial y que, en términos operacionales, el impacto sería de apenas un 1,1% promedio en los hospitales. Desde la cartera se insiste en que no se afectará la atención directa a pacientes, que se fortalecerán las compras centralizadas y que el objetivo es mejorar la eficiencia del gasto público. Sin embargo, la reacción de los funcionarios de salud de la Región ha sido diametralmente opuesta.
Los dirigentes de Fenats advierten que hablar de porcentajes acotados desconoce la realidad cotidiana de hospitales que ya arrastran déficits estructurales, listas de espera interminables, escasez de especialistas y dificultades permanentes para garantizar insumos y medicamentos. La preocupación expresada por los trabajadores no puede minimizarse, ya que son quienes llevan años sosteniendo el funcionamiento de los hospitales públicos conocen de primera fuente cómo operan los ajustes fiscales. La experiencia demuestra que las restricciones presupuestarias suelen traducirse en menos capacidad de atención, postergación de cirugías, compras demoradas y mayor desgaste para equipos humanos ya sobreexigidos. Resulta comprensible, entonces, que exista indignación frente a una medida aplicada precisamente en uno de los sectores más sensibles para la población. El caso del Hospital Regional Guillermo Grant Benavente merece una atención especial. No se trata solamente del principal recinto asistencial del Biobío, sino del hospital de referencia para gran parte del sur del país. Miles de pacientes provenientes de Nuble, La Araucanía e incluso zonas australes dependen de sus especialidades, de su capacidad resolutiva y de su complejidad clínica. Se trata de un centro neurálgico para tratamientos oncológicos, neurocirugías, trasplantes y múltiples prestaciones de alta complejidad que no pueden ser reemplazadas fácilmente por otros establecimientos. Por eso preocupa que un hospital de esta relevancia siga funcionando bajo una lógica de permanente estrechez financiera. Cuando se debilita al principal recinto hospitalario del sur, no sólo se afecta a Concepción o al Biobío, sino que puede llegar a afectar a la macrozona sur del país completa. La decisión, además, se da en un contexto donde la salud pública regional ya enfrenta enormes desafíos de infraestructura y cobertura. Hay que recordar que existe una deuda pendiente por el megaproyecto hospitalario destinado a beneficiar a cuatro comunas de la Región y que sigue sin una respuesta clara desde el Ministerio de Obras Públicas. La iniciativa, largamente anunciada y esperada por las comunidades, continúa atrapada entre indefiniciones. La ausencia de certezas respecto de este proyecto, que beneficia a Coronel, Lota, Santa Bárbara y Nacimiento, no hace más que aumentar la sensación de abandono y falta de prioridad hacia la salud regional. Si el Estado reconoce que más del 80% de la población depende del sistema público, entonces los hospitales no pueden ser vistos exclusivamente como espacios donde aplicar criterios de ajuste financiero. La eficiencia es necesaria, sin duda, pero no puede transformarse en un concepto que termine justificando el debilitamiento progresivo de una red que ya funciona al límite de sus capacidades. La Región del Biobío ha demostrado históricamente ser un polo sanitario estratégico para el país. Sus hospitales sostienen una enorme demanda asistencial y cumplen un rol fundamental más allá de las fronteras regionales, como quedó claro en la pandemia. Por eso, cualquier decisión presupuestaria debe considerar no sólo balances fiscales, sino también las consecuencias que pueden provocar. En salud, los recortes nunca son meramente administrativos, ya que tarde o temprano terminan sintiéndose en la vida de las personas. Se da en un contexto donde la salud pública regional ya enfrenta enormes desafíos de infraestructura y cobertura. Hay que recordar que existe una deuda pendiente por el megaproyecto hospitalario destinado a beneficiar a cuatro comunas de la región.