Autor: TRABAJADORES DE PLATAFORMAS

Veinte abogadas desmenuzan los 10 desafíos regulatorios que enfrentará el ecosistema en 2023
SS EN EXCLUSIVA DE LA RED DE ABOGADAS IN-HOUSE (AIH CHILE): Carmen Román, directora de empresas. Katherine Barcia, Consuelo Mengual, Margaret Hirsch y Bárbara Leighton son el comité ejecutivo de ATH Chile. Urgieron en 2022 como una asociación profesional compuesta por abogadas que se desempeñan en empresas públicas y privadas o en instituciones u organismos estatales.
Y su objetivo es claro: “Identificar y compartir buenas prácticas e información relevante para visibilizar el liderazgo femenino, potenciar el desarrollo de carrera y apoyar el rol de las mujeres en posiciones de alta dirección desde las gerencias legales y otros cargos C-Level hasta directorios”. Ellas son Abogadas In-House (AIH Chile), una organización cuyo comité ejecutivo lo integran Consuelo Mengual, Bárbara Leighton, Katherine Barcia y Margaret Hirsch, y que se propone impulsar una serie de acciones este año para fomentar el desarrollo profesional de las mujeres en el mundo de las leyes. En particular, mostrando la expertise que las abogadas tienen en distintos ámbitos, construyendo alianzas para apoyar crecimiento profesional de sus asociadas y generando oportunidades de creación de valor en conjunto. Y el puntapié inicial es este análisis que generaron sobre los desafíos regulatorios que enfrentará el ecosistema de innovación y emprendimiento este año.
“Resulta fundamental para nuestro país avanzar en materia económica y social, sobre todo considerando las bajas expectativas de crecimiento que se estiman para los próximos años y ciertamente que el marco regulatorio juega un papel muy relevante en eso.
Por este motivo, como Abogadas In House, conscientes de que el rol que desempeñamos nos da una visión transversal del negocio, de la estrategia de innovación y crecimiento del mismo, queremos contribuir al análisis y discusión de los distintos desafíos normativos que se presentan para este 2023, presentado la mirada de destacadas profesionales de nuestra red, de forma tal de aportar y colaborar en la creación de oportunidades de crecimiento para Chile”, afirman. Normativas laborales, que resguardan los datos personales, que viabilizan nuevas industrias, que obligan a rediseñar los gobiernos corporativos, que apuntan a la carbononeutralidad o que fijan las reglas para negocios emergentes.
Todo eso será tema este año. proyecto de ley sobre paridad de género en los directorios de las empresas “Esta es una buena noticia para nuestro país, especialmente en el marco de apoyo al fortalecimiento transversal de nuestra economía”, sostiene Carmen Román, directora de empresas y asociada de AIH Chile.
“El proyecto de ley establece un mecanismo para aumentar la participación de mujeres en los directorios de sociedades anónimas abiertas y sociedades anónimas especiales. (... ) Su implementación se hará de manera gradual, en un plazo de seis años, y contempla una aplicación mixta del modelo de cuota sugerida y de cuota requerida.
Esto es, se exigirá durante los tres primeros años, la implementación de una cuota de un 20% mediante la modalidad de “cumplir o explicar”, esto considera, señalar si se cumple con la sugerencia, o bien explicar por qué no se cumple.
Luego y bajo la misma modalidad, desde el cuarto y hasta el sexto año, una cuota sugerida de un 40%, para posteriormente, y a contar del sexto año en adelante se requerirá obligatoriamente una cuota de un 40% de mujeres en el directorio de estas empresas. (... ) Esta es una buena noticia para nuestro país, especialmente en el marco de apoyo al fortalecimiento transversal de nuestra economía, en el que, sumar a la mujer a la fuerza laboral implica un aumento sustantivo del PIB, este proyecto representa un articulador potente para dar mayores oportunidades al talento femenino en la alta dirección de las organizaciones, reducir brechas salariales, capacitar y preparar mujeres que sin duda alguna aportan valor en la toma de decisiones de nuestras organizaciones.
La imposición de cuotas obviamente no es la forma ideal ni natural para poder forzar los cambios, pero lamentablemente la mera voluntad de las organizaciones y la autorregulación no han sido suficientes para lograr avances relevantes.
Para poder adaptarnos a esta nueva realidad, es importante tener estas conversaciones al interior de las organizaciones, visibilizar tempranamente el talento femenino y darle las oportunidades de desarrollo de carrera que sirva de preparación para asumir cargos en la alta dirección y directorios (... ). Esta imposición de cuotas implica encontrar el mejor talento disponible en el mercado, elegir a quién creemos mejor para esa posición, el mérito y las capacidades nunca se deben transar.
Este proyecto de ley no considera específicamente a las startups, pero vale la pena destacar que ya hay algunas asociaciones que han nacido precisamente para hacerse cargo de la brecha de representación femenina en el liderazgo de ese tipo de organizaciones y lo están gestionando. (... ) Todos los cambios importantes traen desafíos, dudas y miedos, y en ese sentido crear un entorno de seguridad y de flexibilidad para hacer compatible la vida personal y profesional será algo en lo que debemos seguir trabajando”. Paulina Sandoval Valdés, magíster en Asuntos Públicos UC Berkeley y exfiscal del Ministerio del Medio Ambiente. ley Marco de Cambio Climático “Esta ley abre un sinnúmero de oportunidades para ser parte de la solución”, asegura Paulina Sandoval, exfiscal del Ministerio del Medio Ambiente.
“La Ley Marco de Cambio Climático establece las bases regulatorias e institucionales que permitirán enfrentar el cambio climático durante los próximos 30 años, mediante una meta de reducción de emisiones hasta llegar a la carbononeutralidad y una meta de adaptación al cambio climático, de forma de reducir la vulnerabilidad y aumentar la resiliencia a sus efectos adversos. Para ello establece distintos instrumentos y exigencias de participación ciudadana, transparencia y trazabilidad, siguiendo la experiencia comparada. Durante 2023, la autoridad debe dictar los reglamentos que permitan dar operatividad a la ley, y la sociedad civil podrá participar activamente en dichos procesos. Esta ley desafía a los emprendimientos en la medida que predetermina los objetivos de desarrollo del país a largo plazo. Eso significa que no solo entrega señales respecto a aquellos emprendimientos que tendrán un mejor ambiente regulatorio, sino que también el tipo de emprendimientos que los inversionistas serán más proclives a financiar.
Esto ya lo hemos visto en las energías renovables, y se espera que se extienda a otros ámbitos como la electromovilidad, economía circular y eficiencia energética, entre otros (... ). Esta es la primera ley ambiental verdaderamente transversal. (... ) Por ello representa un cambio de paradigma, en la medida que los órganos del Estado no solo deben promover sus objetivos sectoriales, sino que al hacerlo deben considerar el cambio climático. De esta forma, sabemos de antemano los criterios bajo los cuales los distintos gobiernos van a impulsar los cambios que vienen. Yo diría que no hay otra opción que adaptarse.
Ya sea porque los efectos del cambio climático nos van a impulsar necesariamente a ello, como ya ocurre con los efectos de la sequía o las olas de calor, o porque los inversionistas y consumidores son cada vez más exigentes, como ya estamos viendo con los requerimientos de la CMF y las iniciativas parlamentarias para regular el greenwashing. El cuándo y cómo adaptarse es la gran pregunta y eso va a depender de la velocidad con que los privados sepan leer las tendencias actuales y futuras. Esta ley abre un sinnúmero de oportunidades para ser parte de la solución.
Por ejemplo, permite limitar las emisiones de gases de efecto invernadero pero a la vez el desarrollo de proyectos de reducción de emisiones que pueden utilizarse para cumplir dichos límites, los que adicionalmente pueden tener beneficios en adaptación si se implementan soluciones basadas en la naturaleza.
Podríamos pensar en proyectos de conservación y reforestación en cuencas lacustres afectadas por la contaminación que no solo permitirían absorber carbono, sino que también servir de fuente de recursos para pequeños propietarios al tiempo que contribuir a mejorar la calidad de los cursos de aguas al retener nutrientes. Las posibilidades son tantas como existan personas decididas y con empuje para enfrentar creativamente los desafíos futuros”. Bárbara Leighton, Legal Manager para Chile y Perú de Unilever.
Marcela Inzunza, Head of Legal Latam South Pacific en GFK. nuevas etapas de la Ley de Responsabilidad Extendida del Productor (REP) Bárbara Leighton (BL), Legal Manager para Chile y Perú de Unilever y cofundadora de AIH Chile, y Marcela Inzunza (MD, Head of Legal Latam South Pacific en GFK, analizan lo que viene en esta normativa que fomenta la economía circular.
BL: “La Ley Marco para la Gestión de Residuos, la Responsabilidad Extendida del Productor y Fomento al Reciclaje 20.920 ), o Ley REP, fue publicada en el Diario Oficial hace seis años y tiene por objeto disminuir la generación de residuos y fomentar su reutilización, reciclaje y otro tipo de valorización. Con este fin, hace responsable al productor de los residuos que se generen a partir de sus productos, desde su generación hasta su valorización o eliminación. Define seis productos prioritarios que se verán afectados por esta norma: aceites lubricantes, aparatos eléctricos y electrónicos, baterías, envases y embalajes, neumáticos y pilas.
En enero de 2023 entrarán en vigencia las metas de recolección para neumáticos y en septiembre del mismo año para envases y embalajes, debiendo los productores de dichos productos prioritarios estar en posición de cumplir con lo dispuesto en la normativa, ya sea a través de sistemas de gestión (SIG) individuales o colectivos. A la fecha, son pocos los SIG que se encuentran constituidos formalmente y la incorporación de las empresas, de todo nivel, a estos ha sido aún más lenta. Se calcula que a mayo de 2022, solo 5% de las empresas afectadas por las metas de envases y embalajes se encontraba asociada a un SIG.
Lo anterior plantea un gran desafío no solo para los SIG, quienes deben salir a buscar asociados, sino también para las empresas afectas (independiente de su tamaño), que deben desarrollar las capacidades internas que les permitan cuantificar e identificar las materialidades de los productos que se producen o importan y se encuentran afectos a la normativa”. MI: “Si bien el rubro del reciclaje es bastante joven en nuestro país (con tan solo algunas décadas), la nueva legislación está comenzando a crear decenas de startups inspiradas por este negocio sustentable.
La ley no solo está atrayendo startups en el ámbito del reciclaje, sino que también está haciendo que las empresas de este rubro que ya existían, tengan que realizar una serie de innovaciones para competir con la posible oleada de emprendimientos que se avecinan. A la vez, compañías no relacionadas con el reciclaje están abriendo áreas de negocio en ese aspecto con productos fabricados a partir de desechos reciclados.
Las oportunidades de negocio se aclaran más aún cuando vemos que, por ejemplo, el 40% de los chilenos no recicla porque no encuentra lugares para hacerlo, mientras que solo el 35% separa los restos de frutas y verduras para hacer abono o compost”. Bernardita Bottai Simke, abogada senior de Buda. Com. ley Fintech “Creemos que esta norma recoge las principales preocupaciones de la industria”, aseveran las abogadas Catalina Aranda y Alejandra Diez, de Fintual.
“La denominada Ley Fintech (próxima a ser promulgada y publicada, esperamos) viene a establecer un marco regulatorio para ciertos servicios financieros de base tecnológica que no lo tenían y la implementación de un sistema de open banking o finanzas abiertas, que permite a los clientes/usuarios de servicios financieros exigir a dichos proveedores compartir sus datos, con la finalidad de acceder a servicios más competitivos y ajustados a sus necesidades particulares.
La ley contempla además la creación de nuevos registros; de esta manera, todos aquellos servicios financieros con base tecnológica que queden bajo el alcance de esta ley y deban registrarse ante la CME, quedarán sometidos a su fiscalización, y bajo el perímetro regulatorio de la Unidad de Análisis Financiero. El efecto de esta ley en emprendimientos es enorme e importantísimo.
Viene a rayar la cancha para varios actores que hoy prestan o quieren prestar este tipo de servicios, pero no cuentan con una regulación clara que les otorgue certeza respecto de la forma en que pueden hacerlo.
Contar ahora con esta certeza traerá beneficios no solo en el sentido de promover la inversión en Chile (permitir el crecimiento de startups en la industria), sino también porque otorga mayor protección y confianza a los consumidores. En términos generales lo vemos como algo positivo y necesario hace mucho tiempo en Chile. Como una de las principales fintech en Chile, Fintual siguió muy de cerca la discusión y creemos que recoge las principales preocupaciones de la industria. Entre las cosas que más destacamos de la ley están la finalidad de promover mayor inclusión financiera, el permitir que existan servicios más ajustados a las necesidades de los consumidores y la apertura del mercado. Sin embargo, se trata de una ley marco y los aspectos más específicos están entregados a la CME, por lo que todavía queda esperar que estos se dicten. Son varias las oportunidades que vemos con esta nueva ley. Ya hemos mencionado la importancia que tiene para el desarrollo de nuevos actores en la industria, lo cual se traduce en mayor competencia y mejores precios. Asimismo, la implementación del open banking generará un sistema financiero más competitivo y será una buena oportunidad de desarrollar nuevas alianzas entre las empresas financieras, con miras a prestar mayores y mejores servicios.
Por último y no menos importante, esta ley permitirá aumentar la transparencia en el mercado, generando mayor confianza del consumidor en los servicios financieros tecnológicos”. proyecto que reforma la Ley de Protección de Datos Personales “Esta es una oportunidad para el talento chileno de innovar en proyectos que tengan como foco la ética digital, la seguridad informativa y la mitigación de riesgos digitales”, dice Amanda Contreras Lori, digital ethics head Bu Andina (Chile, Bolivia y Paraguay) de AB In Bev. “Este proyecto de ley modifica casi completamente la actual Ley de Protección de Datos Personales, que data de 1999. Promete importantes novedades en materia de privacidad, como la creación de una nueva entidad fiscalizadora sin precedente, la incorporación de nuevos derechos y el incremento de las sanciones, considerando multas de hasta US$ 635 mil. Sigue el ejemplo de legislaciones robustas y bastante avanzas en la materia, como el famoso GDPR (reglamento europeo de protección de datos personales) al que denomino el justiciero indiscutido de la privacidad de las personas. Ese es el camino que hay que seguir y en Chile está pasando, es una buena noticia.
Si bien, la evolución en materia de privacidad afectará a todos, a las grandes, medianas y pequeñas empresas, serán estas últimas, las startups y emprendimientos los que deberán hacer el esfuerzo destinando recursos tangibles, intangibles y humanos para el cumplimiento de ese fin.
Una buena alternativa es inspirarse en empresas que ya cuentan con experiencia, enfrentando los desafíos impuestos por el GDPR, como es el caso de mi casa de trabajo, Cervecería AB In Bev, donde se utiliza la poderosa estrategia de siempre anteponer la ética en cada una de las decisiones que tomamos. Si sabemos identificar lo correcto de lo incorrecto es más fácil identificar el riesgo a tiempo.
Como siempre decimos en mi área: “El riesgo no hay que esconderlo, hay que manejarlo”. Como apasionada por la ética, sobre todo en el mundo digital, estoy muy entusiasmada con este tremendo avance que viene a fortalecer una buena relación entre empresas y clientes. Tenemos que verlo como una oportunidad de proteger aún más los derechos de nuestros consumidores.
Por último, esta es una oportunidad para el talento chileno de tomar el desafío e innovar en proyectos que tengan como foco la ética digital, la seguridad informativa y la mitigación de riesgos digitales”. María Jesús Bustamante Etcheberry, gerenta de Cumplimiento de Buda. Com.
Amanda Contreras Lori, digital ethics head Bu Andina (Chile, Bolivia y Paraguay) de AB In Bev. criptomonedas y gobierno corporativo "El desafío es demostrar la solidez del ecosistema cripto en Chile”, indican Bernardita Bottai (BB) y María Jesús Bustamante (MJB), ambas de Buda. Com.
BB: “El 2022 fue un año difícil para las criptomonedas, partiendo en marzo con una caída importante en sus precios, para a finales de año afrontar el escándalo del exchange norteamericano FTX, que impactó en la confianza del ecosistema cripto. En este contexto, el mayor desafío para 2023 es reconstruir la confianza del mercado, sobre todo en los exchanges, y en esto consideramos que el ámbito legal corporativo tiene un rol fundamental.
Lo que pasó con FTX tiene como una de sus principales aristas la falta de un debido gobierno corporativo y de diligencia por parte de sus ejecutivos y accionistas”. MJB: “El escándalo de FTX fue, sin duda, una falla en el gobierno corporativo de la empresa, o más bien la inexistencia de un gobierno corporativo y de un modelo de prevención de delitos eficiente y eficaz”. BB: “El shock de confianza producido por FTX nos recuerda la importancia de una regulación sólida, que sea capaz de detectar estas irregularidades, antes de que se conviertan en catástrofes. Para eso, es fundamental el trabajo conjunto del regulador con los principales actores del ecosistema fintech.
El desafío es demostrar la solidez del ecosistema cripto en Chile, y seguir impulsando la educación financiera para lograr una industria que crezca de forma sana”. MJB: “Creemos que esta situación afecta no solo a las empresas que trabajamos con criptomonedas, sino que también a toda la industria de startups y fintech, pues es un recordatorio a la importancia de tener una misión y visión clara sobre los objetivos a largo plazo, el valor que implica contar con un gobierno corporativo sólido, con cargos y funciones independientes entre sí, de contar con estrategias y objetivos alineados a la transparencia y ética en su actuar, que permitan garantizar un crecimiento sostenible en el tiempo”. BB: “Sin duda que esta situación hace aún más imperativa la regulación del mercado y afortunadamente en Chile nos pilla en buen pie, con una Ley Fintech ya aprobada, en proceso de promulgación yla cual, al definir a los criptoactivos como instrumentos financieros, los incluye bajo el paraguas fiscalizador de la Comisión para el Mercado Financiero (CMP), haciendo que muchos de los controles que pueden evitar o aminorar los efectos de una situación como la de FTX, sean obligatorios para todas aquellas empresas que presten servicios relacionados con criptoactivos”. la transición regulatoria del hidrógeno verde Este es el análisis de Katty Briceño (KB), senior legal counsel de AES Andes, y Francisca Vásquez (FV), gerenta legal de Gobierno Corporativo y Grandes Clientes de Engie Energía Chile. KB: “Chile es un país clave como potencial productor y comercializador de hidrógeno verde (H2V) y derivados a nivel mundial. Tanto las políticas de Estado, como las empresas privadas se han abocado aincentivar proyectos de H2V en diversas escalas y tipos.
Sin embargo, esta nueva industria en transición regulatoria (desde un químico a un energético) requiere la dictación de normativa específica, modificaciones legales y coordinación con las distintas autoridades que deben participar del proceso de desarrollo, construcción y transporte de este combustible. Si bien Chile ha trabajado en el marco legal aplicable a estos proyectos con importantes avances, la regulación es incipiente y aún quedan vacíos y dudas. La transición regulatoria, en cualquier industria en creación, afecta las decisiones de inversión. Toda compañía que decida invertir requiere tener certeza de los permisos aplicables, tiempos de desarrollo, estándares ambientales y sociales, así como los riesgos que de los mismos se derivan. El riesgo regulatorio y los problemas que derivan de este, dificultan tomar decisiones en plazo y en forma y hacen más complejas las decisiones de inversión.
En el caso de emprendimientos o pequeñas compañías, el desafío radica en la generación de políticas de apoyo que les permitan ingresar a un negocio hasta hoy incierto y desconocido”. FV: “De acuerdo con McKinsey, se calculan oportunidades de inversión a nivel global por alrededor de US$ 475 mil millones en la industria del H2V para los próximos 10 años. El desafío es que una buena porción de esas inversiones se materialice en Chile. Sin duda es clave avanzar rápido en una clara regulación en materia de exigencias ambientales y permisos, que permitan dar mayores certezas y celeridad al desarrollo de los proyectos.
Pero también existe otro desafío, del que se habla menos y que afecta tanto a esta industria como a varias otras y que es la falta de regulación en materia de desalinización de agua, ya que el agua es necesaria como insumo primario y esencial para la producción de hidrógeno.
Si logramos despejar esta incertidumbre, las condiciones excepcionales del país, sumado a nuestra gran cantidad de kilómetros de costa, nos convertiría en líderes en el mundo en la producción de H2V, y también sería un gran aporte para nuestra agricultura, minería y otras industrias que requieren agua en sus procesos productivos, dejando el agua continental para consumo humano como prioridad”. Nueva regulación laboral: 40 horas “Las startups están mejor preparadas para adaptarse a este tipo de cambios”, indica Consuelo Letelier, directora legal en Talana.
“El proyecto que busca reducir la jornada laboral de 45 a 40 horas semanales, si bien es antiguo (se presentó en marzo de 2017), ha tomado especial relevancia ya que el Gobierno ha decidido darle suma urgencia, promoviendo su discusión. La iniciativa tiene varios temas “accesorios”, pues luego de las indicaciones incorporadas por el Gobierno, pretende también ajustar a un mismo estándar las jornadas parciales, excepcionales y las de contratos especiales. Adicionalmente, busca mayores restricciones a la aplicación de la exclusión de limitación de jornada y aspira al reconocimiento, a nivel de ley, del control de asistencia por medios digitales. Con todas esas incorporaciones, se termina generando una confusión que no aporta a la importancia que tiene este debate. Idealmente se debió abordar en proyectos distintos todo lo que tiene que ver con los otros cambios que está proponiendo el Ejecutivo. Evidentemente, esta norma traerá desafíos para todas las empresas e industrias. Sin embargo, las startups están mejor preparadas para adaptarse a este tipo de cambios. Los impactos de esta norma serán muy heterogéneos dependiendo del sector de la empresa y el tipo de trabajo de las personas.
Hay dos grandes tipos de emprendimientos: aquellos de industrias basadas en conocimiento, como el software o la tecnología; y aquellos que son nuevas empresas que operan proveyendo bienes o servicios y que suelen ser más intensivos en mano de obra. Los del primer grupo quizás no se vean tan afectados.
Típicamente son empresas que intentan estar a la vanguardia de los recursos humanos, buscan ambientes de trabajo flexibles y muchas de ellas ya trabajan con modelos de jornadas de 40 horas semanales o en modalidad de teletrabajo, permitiendo a sus trabajadores decidir libremente el lugar y los horarios en el que desempeñan sus labores.
Pero los emprendimientos del segundo tipo (como un nuevo local comercial, una pequeña planta productiva o un servicio de entrega de paquetes), ciertamente podrán verse muy afectados en su rentabilidad o, incluso, en su viabilidad”. Katty Briceño, senior legal counsel de AES Andes. Francisca Vásquez, gerenta legal de Gobierno Corporativo y Grandes Clientes de Engie Energía Chile. Catalina Aranda, legal counsel en Fintual. Alejandra Diez, legal counsel en Fintual.
Consuelo Letelier Ruiz, directora legal en Talana. regulación de plataformas y debate sobre una Ley de Startups en Chile Esta es la mirada de Lorena Barrientos (LB), de Algramo; Tábata Santelices (TS), de Not Co; Paula Droguett (PD), de Beat, y Mariela Gajardo (MG), de Rappi.
MG: “A partir de su entrada en vigencia el 1 de septiembre de 2022, la ley 21.431 modificó el Código del Trabajo al reconocer y regular las figuras de trabajadores de plataformas dependientes e independientes, y consolidar un piso de derechos comunes para quienes generan ingresos a través de las plataformas. Dicha ley es la primera en publicarse en la región latinoamericana y, aún con aspectos de mejora, aporta una mirada innovadora de la actividad.
Sin duda, es un desafío tremendo, ya que significa adaptar la realidad del negocio a una regulación, que si bien tiene puntos muy positivos, no comprende del todo la forma en que se presta el servicio. Esto ha llevado a mantener constante diálogo con las autoridades y a repensar procesos que se venían realizando. Esta regulación abre espacios para consolidar un ecosistema que brinda oportunidades para miles de personas que lo necesitan, pero que sobre todo, tiene el potencial para expandirse y fomentar el desarrollo económico en todo Chile.
Asimismo, otorga derechos y resguardos que vemos con mucho entusiasmo, ya que nos permite construir un negocio a largo plazo y setea estándares para toda la industria”. PD: “La discusión de la Ley 21.431 fue recibida con optimismo por el ecosistema por ser innovadora en su fondo, entendiendo la necesidad de un modelo híbrido, que proteja la libertad y autonomía de los prestadores de servicios, pero que les entregue garantías básicas para asegurar condiciones dignas, estabilidad, y acceso a la seguridad social.
Lo cierto es que la puesta en marcha de esta norma defraudó las expectativas de certeza jurídica que tanto plataformas como prestadores tenían, no obstante buscamos en diversas instancias acercar posiciones con la autoridad para aclarar el sentido y alcance de la misma, el ecosistema fue recibido con portazos, mesas de trabajo ornamentales y frases del tipo tendrán que arreglárselas para cumplir”. No es sorprendente que, oliendo tanto el panorama regulatorio nacional, como el económico internacional, muchas startups hayan anunciado su cierre a finales de 2022.
Si me permiten un deseo para 2023, pediría que los reguladores comiencen a entender que las startup no somos sus enemigas, que queremos y estamos llanos a cumplir los requerimientos regulatorios, y que en conjunto podemos regular mejor.
El ADN de las startups es la innovación y el dinamismo, y nos podemos adaptar a casi todo, excepto a la regulación que busca dejarnos tradicionales y estáticos”. ¿ LEY DE STARTUPS? LB: El 1 de enero entró en vigor en España la Ley de Fomento del Ecosistema de las Empresas Emergentes, conocida como la Ley de Startups, que significa una serie de beneficios tributarios y migratorios para las empresas que califiquen como emergentes. Este tipo de leyes buscan favorecer la creación y crecimiento de startups. En el caso de Chile, no existe una legislación específica. Lamentablemente el proyecto de reforma tributaria que se tramita en el Congreso no considera (hasta el momento) ese tipo de incentivos tributarios y sería deseable que pudieran ser incorporados en lo que resta de tramitación.
Junto a la reciente normativa española, también podría estudiarse el régimen de las patent box que existen en diversos países, que permite reducir los impuestos sobre rentas procedentes de la cesión de determinados activos intangibles creados por la empresa”. TS: “Se vuelve urgente debatir sobre la necesidad de que Chile cuente con su propia ley especial de protección y fomento a las startups.
Los niveles de inflación sin precedentes, la dificultad de acceso a crédito, los problemas de inestabilidad a nivel nacional y los conflictos internacionales que impactan las cadenas de suministro, se han traducido en que las empresas han tenido severas dificultades para operar y mantenerse en nuestro país. Las startups son especialmente vulnerables a estos problemas. Esto, a su vez, tiene un impacto muy negativo a nivel económico local: se afecta la innovación y el empleo, generando un círculo vicioso que traba el ecosistema de emprendimiento que tanto ha logrado construir. A modo ilustrativo, resulta urgente establecer marcos jurídicos que permitan a las startups dar cumplimiento a la regulación vigente de una manera orgánica, que no suponga un coste tan elevado.
Es imperioso contar con beneficios específicos de carácter tributario y corporativo que faciliten la operación de estas empresas, toda vez que en sus inicios, no cuentan con capacidades o presupuestos suficientes para la creación de estructuras complejas”. reportabilidad ASG Este es el análisis que hacen las abogadas Mariana Gómez, Camila Noreña y Javiera Contente, de Credicorp Capital (CC), y Dafne González (DG), de Falabella.
CC: “La Norma de Carácter General N* 461 de 2021 emitida por la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) modifica el contenido de la memoria anual de los emisores de valores de oferta pública, bancos, compañías de seguros, administradoras de fondos, bolsas de valores, entre otros, incorporando temáticas de sostenibilidad y gobierno corporativo.
Establece un índice de contenidos, incluyendo el perfil de la entidad, su gobierno corporativo, estrategia, personas (incluyendo políticas de equidad, brecha salarial, acoso laboral y sexual, permiso posnatal, etc. ), modelo de negocios, gestión de proveedores e indicadores (incluyendo medioambiental, libre competencia, entre otros). Esta forma de reporte permitirá tener un mismo estándar de divulgación de información por parte de las compañías que permita a inversionistas y otras partes interesadas, comparar empresas dentro de las mismas industrias. Este es un buen inicio para mejorar la calidad de la información y la transparencia en que los distintos actores del mercado comunican sus métricas de sostenibilidad mejorando la relación con los distintos stakeholders. Este tipo de medidas, además, ayuda a avanzar hacia una economía sostenible haciendo a todos los partícipes más conscientes de la relevancia de contar con políticas de sostenibilidad y su responsabilidad frente a ellas.
Las nuevas obligaciones se encuentran alineadas con estándares internacionales que buscan transparentar aspectos de la práctica empresarial que cada vez toman más relevancia al momento de decidir donde invierten las personas”. DG: “Si bien esta norma se aplica solo a sociedades consolidadas que hacen oferta pública de acciones al mercado, indirectamente beneficia a las startups o emprendimientos que interactúan con ellas, pues disponibiliza información sobre sus políticas ASG (ambientales, sociales y de gobierno corporativo). Añade transparencia sobre los estándares que estas compañías aplican en su relación con terceros, entre ellos, sus proveedores.
Además, permite a las pymes conocer con mayor profundidad los principios y valores que guían el actuar de las empresas, para saber qué conductas esperar en el futuro, cómo será su vinculación con las comunidades y el planeta, sus estándares de gobernanza, y su visión de largo plazo.
Es un cambio positivo, que añade información y transparencia desde las compañías hacia sus grupos de interés, estandarizando la reportabilidad y previniendo malas prácticas, como el greenwashing”. CC: “No vemos como una posibilidad remota que la CMF tenga dentro de sus planes futuros incorporar aspectos de sostenibilidad dentro de las normativas que deberá dictar conforme a la nueva Ley Fintech u otras. Resultará interesante el desafío para las startups, que podrían verse obligadas a establecer indicadores y métricas”. Lorena Barrientos, chief legal officer de Algramo. Tábata Santelices, head of legal de Not Co. Paula Droguett, legal manager de Beat. Mariela Gajardo, legal manager de Rappi Chile. Mariana Gómez Moffat, managing director legal de Credicorp Capital. Camila Noreña Giraldo, gerenta legal de Credicorp Capital Chile. Javiera Contente Infante, abogada senior en Credicorp Capital Chile. Dafne González, gerenta de Asuntos Legales Operacionales en Falabella.