Autor: Marcelo Pinto, Nicolle Peña y Mario Contreras.
“Boric aumentó al doble las pensiones de gracia a afectados por el estallido”
Entre favorecidos hay una persona con 30 causas penales, según Ojeda (ind.
Republicanos). Para esto es la reforma previsional y el pacto fiscal?”, preguntó irónicamente hoy la diputada Pamela Jiles, através de Twitter, aludiendo al hecho de que uno de los 418 beneficiados con pensiones de gracia por el estallido es un prófugo dela justicia, en una investigación criminal por el delito de estafa.
Ayer, en una nueva sesión de la comisión investigadora de la Cámara de Diputados sobre los beneficios otorgados a personas afectadas por hechos vinculados con el 18-0, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, reveló que alrededor de 40 de ellas tienen antecedentes judiciales (casi al 10% del total). El antecedente generó revuelo en la opinión pública y en el mundo político -especialmente en la Cámara-, donde miembros de la comisión investigadora Leal (UDI), presidente de comisión investigadora de los beneficios El Presidente había dicho públicamente que los montos de las pensiones eran bajos”. Manuel Monsalve, subsecretario del Interior. cuestionaron ciertos criterios de estos beneficios.
“Subió las pensiones, todas” Junto con lo anterior, algunos diputados relevaron que el actual Gobierno aumentó casi al doble el monto de estas pensiones de gracia, respecto de las cantidades que había fijado la administración de Sebastián Piñera, cuando se estableció el mecanismo. “Las pensiones estaba fijadas por un monto. Llegó el Presidente Boric, las aumentó al doble. Y a la gente que recibía menos, las equiparó a las entregadas por él (Boric), para que no hubiera discriminación. No podía entregar valores distintos. Subió las pensiones, todas”, dijo Leal.
El diputado ratificó que el sistema de pensiones de gracia para los afectados por el estallido fue establecido por el Gobierno anterior, en el contexto de una negociación política con senadores y diputados que entonces eran de oposición y que hoy son oficialistas. “Fue una negociación política, pero pensando en las personas que habían perdido la vista, el espíritu no fue entregarle pensiones a personas con lesiones leves”, dijo Leal.
Con la perspectiva del tiempo, el legislador cree que hubo un “error” en la definición del mecanismo para entregar INDH: “El Presidente decide si entrega o no la pensión” La directora del INDH, Consuelo Contreras, deslindó responsabilidades en la entrega de pensiones de gracia a personas afectadas por el estallido social de 2029, a raíz de violaciones de DD.HH.
Explicó que una glosa de la Ley de Presupuesto de 2021 (donde se le dio la tarea de acreditar dichas violaciones) y otra de 2022 establecieron que la entrega de estos beneficios, “es decir, la Decisión esencial sobre el otorgamiento de pensiones quedó en manos del Poder Ejecutivo, tal como lo establece, por lo demás, la ley 18.056 ”. Más aún, dijo que en enero de 2022, “durante el gobierno del Presidente Sebastián Piñera, el ministerio del Interior aprobó un procedimiento de otorgamiento de pensiones de gracia relativas a la crisis social. Esta resolución confundía ambas glosas, señalando que las pensiones de gracia se podían solicitar previa certificación individual del afectado por el INDH u otra institución competente. Sin embargo, la ley de presupuesto establecía la intervención el beneficio, tomando en cuenta las revelaciones de las últimas horas. El presidente de la comisión investigadora detalló que en la administración de Piñera se establecieron tres tramos de pensiones, dependiendo de la gravedad del daño sufrido por el beneficiario. Esos montos eran de aproximadamente $70 mil, $150 mil y $280 mil, respectivamente, según especificó. Hoy esas cantidades son sustancialmente mayores. En un oficio enviado en julio pasado a la Cámara, Interior detalló la nueva escala: $283.619 (lesiones leves), $425.428 (afectación sicológica) y $567.238 (lesiones graves). “Esto no es responsabilidad de Monsalve, hay que ser justos. Esta es una facultad del Presidente”, subrayó Leal. El diputado recordó, además, que el Mandatario comprometió un incremento de estas pensiones en su cuenta pública del año pasado. A su juicio no se justifica entregar “pensiones de por vida” a quienes sufrieron lesiones leves. Y tampoco que estos beneficios “sean mayores” a los que -según élreciben familiares de víctimas de la represión durante el régimen militar. Citó igualmente el caso de una mujer de La Araucanía que perdió a su marido, a raíz de un atentado, y cuyo beneficio bordea apenas los $200 mil. “(Se) corrobora la liviandad con la cual algunas (pensiones) se otorgaron, es decir a alguien sin ningún impedimento para continuar con su vida con normalidad y tampoco afectación ni física ni psíquica.
Es inconcebible e incomprensible que mientras hay miles de victimas producto del terrorismo y delincuencia sin reparación ocurran estas cosas”, coincidió otro de los miembros de la comisión, Andrés Longton (RN). Ayer, en la comisión, el subsecretario Monsalve confirmó el incremento en el monto de los beneficios: “El Presidente Sebastián Piñera había establecido montos de pago en cuatro tramos. En junio de 2022, quien habla toma la decisión de pedirle al Departamento de Acción Social (de Interior) que modifique los montos. Esa es una decisión que se toma por dos motivos. Se había producido la cuenta pública del Presidente, quien había dicho públicamente que consideraba que los montos que se estaban pagando eran bajos.
En virtud de eso, pido que se me indique el promedio que se estaba pagando (....). A partir de esos promedios se propone una nueva formulación que divide en tres categorías”. Leal, Longton y otro miembro de la comisión, Mauricio Ojeda (ind. Republicanos), enfatizaron hoy que -más allá del anuncio hecho en su momento por Boricel Ejecutivo no alertó al Congreso, de manera formal, sobre el incremento en las pensiones, sino hasta ahora. “No supimos del aumento, sino hasta un proyecto de resolución en que pedimos el listado de los (beneficiarios), no supimos de eso”, insistió Leal. Este último dijo que a partir del trabajo de la comisión es posible que se determinen algunos cursos de acción, como explorar, por ejemplo, opciones para quitarles los beneficios a quienes tienen antecedentes judiciales. O pedirle al Mandatario que lo haga, si la norma lo permite.
En paralelo, y a la espera de que el Gobierno aclare las dudas, los parlamentarios desarrollan gestiones para obtener nuevos antecedentes, Ojeda: Uno de los beneficiados tendría 30 causas judiciales De ese modo, por ejemplo, el diputado Ojeda aseguró a La Segunda que entre los alrededor de 40 beneficiados con antecedentes judiciales hay algunos con perfiles inquietantes.
Según sus averiguaciones, uno de los pensionados registraría alrededor de 30 Del INDH sólo respecto a la violación de derechos humanos (glosa 15) y no respecto a la afectación de una persona en el marco de la crisis social (glosa 12)”. Y agregó que “ninguna pensión de gracia fue entregada por la glosa que implicaba al INDH como ente acreditador, siendo todas entregadas, tanto en el gobierno del Presidente Sebastián Piñera como en el gobierno del Presidente Gabriel Boric, por la glosa que atribuía la condición de “afectado”; y por el artículo 6 de la ley N018.056.
Esto es, por decisión del Presidente de la República aún sin cumplir los requisitos establecidos en la ley”. Respecto al estándar de calificación de las víctimas, contestó que “la puerta de entrada del proceso fue el INDH pese a que la ley 18.056 establece que todas las solicitudes deben hacerse por intermedio del Ministerio del Interior.
En este contexto, se le asignó al INDH un rol fuera de su mandato legal, vía glosas en la ley de Presupuesto: acreditar la condición de víctima de violación de derechos humanos de la crisis social y verificar el menoscabo laboral”Más aún, afirmó que “en el desarrollo de este proceso, el INDH identificó dificultades. Que el INDH actuara como puerta de entrada, significó que los peticionarios consultaran al causas judiciales, vinculadas con ilícitos diversos, como robo, tráfico de drogas y porte de sustancias ilícitas. Los mismos datos indican que dos beneficiarios poseerían anotaciones por violencia intrafamiliar y que otro podría eventualmente ser miembro de una banda criminal y de una barra brava. “Es impresentable que para ir a pedir trabajo, a cualquier persona le piden papel de antecedentes, Y que si no lo tiene, nole dan trabajo.
Y aquí, que con recursos públicos se entregue un sueldo de por vida a personas que tienen antecedentes ia delictuales”, reclamó Leal, El diputado planteó la necesidad de “cambiar la ley y rayar la cancha, en el sentido de que el mínimo sea que quien recibe una pensión de gracia no tenga antecedentes, y que se le quite el beneficio a quienes sean delincuentes”. Instituto sobre sus solicitudes pese a que una vez remitidos los antecedentes, no tenía más noticias del proceso.
Aquí, es importante recordar que la decisión de entregar o negar pensiones siempre ha sido exclusiva y excluyente del Ejecutivo”. Consultada sobre quién decide finalmente, Contreras respondió: “Quien decide en último término si se entrega o no la pensión de gracia, es el Presidente de la Repúl ca en conformidad a la ley 18.056 ; y por lo tanto la calificación del INDH es solo un antecedente para la evaluación.
La decisión final siempre ha sido del Poder Ejecutivo”. Diputados: preguntas incómodas a Monsalve El alza de las pensiones de gracia para víctimas del estallidos social, beneficiarios con lesiones leves y con antecedentes, fueron parte de los cuestionamientos de los diputados de la comisión investigadora al subsecretario Manuel Monsalve. El UDI Jorge Alessandri, le preguntó si consideraba que en los tiempos actuales se justifica que un Presidente tenga la facultad de otorgar pensiones sin la obligación de verificar la existencia de antecedentes penales. “Le pido su opinión como exparlamentario como hombre cada vez más de Estado”, remató. Monsalve respondió que el Mandatario solo cumple con las facultades que le otorga la Constitución, aunque admitió que existe “un espacio de mejora” en esto. Su par RN Andrés Longton, cuestionó las pensiones de $280 mil por lesiones leves.
“Es poco comprensible que se den pensiones de gracia a personas que tienen todas sus capacidades físicas y psíquicas óptimas, muy jóvenes además”. Hay que cambiar la ley, el mínimo es que recibe una pensión de gracia no tenga antecedentes”. Henry Leal (UDI). Es inconcebible que mientras hay miles de víctimas del terrorismo sin reparación ocurran estas cosas”. Andrés Longton (RN).
