Autor: OSVALDO ERRÁZURIZ GERENTE ÁREA AGRÍCOLA GPS

La inseguridad rural, un costo estructural
La inseguridad rural, un costo estructural La inseguridad en el mundo agrícola chileno ya no es un fenómeno aislado ni episódico: se ha transformado en una variable estructural del costo de producir.
Según cifras recientes de la Sociedad Nacional de Agricultura, los delitos asociados al sector agropecuario han provocado pérdidas superiores a los US$ 380 millones en los últimos 12 meses, afectando al 78% de los productores a nivel nacional. Se trata de un fenómeno transversal, que impacta desde pequeños agricultores hasta grandes empresas agroindustriales, desde el norte frutal al sur ganadero. El problema no se limita al robo de maquinaria, insumos, animales o cosechas.
Se ha producido una creciente y sostenida alza en los costos indirectos, con productores que han debido destinar parte relevante de sus presupuestos a la instalación de cercos perimetrales electrificados, cámaras de seguridad, luminarias, personal de vigilancia privada y seguros prediales. En muchos casos, los costos en seguridad ya superan con holgura el 5% del gasto operacional anual. Lo que antes se entendía como un riesgo eventual, hoy se ha convertido en una condición permanente del entorno rural. Esta realidad opera como un impuesto silencioso, que castiga la rentabilidad del agro, reduce su competitividad frente a otros países productores y desvía recursos que deberían estar enfocados en modernización tecnológica, innovación o expansión productiva.
Además, eleva el nivel de riesgo percibido por inversionisf i n a n c i e r o s, t a s y o p e r a d o r e s desincentivando nuevas inversiones en tierras, tecnología o capital humano. Más grave aún es el efecto social: la inseguridad deteriora el tejido rural, mina el arraigo de las familias campesinas y amenaza la continuidad generacional de muchas explotaciones. En sectores como La Araucanía, donde además confluyen conflictos de carácter político y territorial, muchos agricultores han optado por arrendar, vender o incluso abandonar sus predios por razones de seguridad. La respuesta del Estado ha sido insuficiente. Las fiscalías rurales están sobrecargadas, las policías carecen de recursos y conocimiento territorial, y la coordinación institucional es débil o inexistente. Se requiere con urgencia una política pública robusta, intersectorial y de largo plazo, que aborde la seguridad rural como lo que es: un tema estratégico de seguridad alimentaria, desarrollo territorial y soberanía productiva. No se trata solo de proteger cosechas o animales. Se trata de proteger a quienes alimentan al país y exportan al mundo. El agro chileno no puede seguir asumiendo en solitario el costo de la inseguridad. Ignorar este problema es poner en riesgo productividad, empleo, inversión y capital humano en uno de los pilares de nuestra economía. El campo debe ser defendido con la misma decisión con la que se defiende cualquier otro motor estratégico del país..