Autor: Jesús Farías Silva cronica@lidersanantonio.cl

Avanza la investigación por presuntas irregularidades en exadministración de El Tabo
Avanza la investigación por presuntas irregularidades en exadministración de El Tabo U n nuevo avance registró la causa judicial que investiga presuntas irregularidades cometidas durante la administración del exalcalde de El Tabo, Emilio Jorquera Romero.
El pasado 12 de enero se realizó una audiencia para definir el avance de la causa, en la que el Juzgado de Garantía de San Antonio resolvió otorgar un plazo de 90 días al Ministerio Público para solicitar la formalización de los presuntos implicados. Los antecedentes del resultado de esta audiencia fueron entregados a El Líder de San Antonio por la exconcejal Gloria Carrasco Núñez, querellante en la causa, quien ha seguido de cerca el desarrollo del proceso judicial. La resolución se adoptó luego de que la defensa de Jorquera solicitara aplicar dicha norma, con el objetivo de que la Fiscalía definiera si formalizaba o declaraba la decisión de no perseverar. Sin embargo, los abogados querellantes se opusieron a esa petición, señalando que existen diligencias pendientes relevantes, entre ellas el levantamiento del secreto bancario, solicitado en reiteradas oportunidades y aún no concluido.
El Ministerio Público, según aportó Carrasco, pidió una nueva fecha para continuar con el procedimiento, solicitud que fue rechazada por el tribunal, que accedió a la petición de la defensa y resolvió otorgar 90 días para que la Fiscalía avance en la causa, descartando por ahora su cierre. "Este plazo obliga a la Fiscalía a tomar una decisión y a avanzar, porque existen diligencias pendientes relevantes", señaló Carrasco en conversación con El Líder de San Antonio.
LARGA DATA La investigación se originó en una querella criminal presentada en noviembre de 2018 por la concejal de El Tabo, Gloria Carrasco Núñez, en contra del entonces alcalde Emilio Jorquera Romero y de quienes resulten responsables, por presuntos delitos de malversación de caudales públicos, fraude al fisco, negociación incompatible e incremento patrimonial indebido.
La acción judicial apunta, entre otros hechos, al incumplimiento del deber de informar sobre conciliaciones bancarias municipales, lo que habría impedido conocer con claridad el estado financiero del municipio, así como a la existencia de faenas de extracción de áridos sin permisos municipales ni autorizaciones ambientales en sectores como Las Cruces y el fundo Santa Margarita. Según los antecedentes expuestos en la querella, dichas faenas se vincularían a una sociedad comercial dedicada a la compra y venta de áridos, constituida por el entonces alcalde y su hermano. REAPERTURA En abril de 2021, el Consejo de Defensa del Estado (CDE) se sumó a la querella, fortaleciendo la acción judicial. Posteriormente, se intentó cerrar la investigación. Sin embargo, en enero de 2024, la Corte de Apelaciones de Valparaíso ordenó la reapertura de la causa, permitiendo que las diligencias continuaran.
Para la querellante, la resolución adoptada este 13 de enero representa "un paso relevante en el proceso". DESTITUCIÓN EN 2020 En febrero de 2020, el Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) determinó la destitución de Emilio Jorquera de la alcaldía de El Tabo por contravenir gravemente las normas de probidad administrativa.
El organismo concluyó que incurrió en irregularidades al no fiscalizar ni resguardar el patrimonio municipal frente a la extracción de áridos, vinculada a una empresa en la que participaba, en áreas no permitidas por el plan regulador. El fallo incluyó la inhabilitación para ejercer cargos públicos por cinco años desde la ejecutoria de la sentencia. Autor: Jesús Farías Silva cronica@lidersanantonio.cl. El Juzgado de Garantía de San Antonio otorgó un plazo de 90 días al Ministerio Público para definir el curso de una causa iniciada en 2018. DESTITUCIÓN EN 2020 En febrero de 2020, el Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) determinó la destitución de Emilio Jorquera de la alcaldía de El Tabo por contravenir gravemente las normas de probidad administrativa.
El organismo concluyó que incurrió en irregularidades al no fiscalizar ni resguardar el patrimonio municipal frente a la extracción de áridos, vinculada a una empresa en la que participaba, en áreas no permitidas por el plan regulador. El fallo incluyó la inhabilitación para ejercer cargos públicos por cinco años desde la ejecutoria de la sentencia. LA CAUSA FUE ABIERTA EN 2018 POR LA QUERELLA DE LA ENTONCES CONCEJALA GLORIA CARRASCO.