Editorial: Una esperanza que no puede volver a caer
Editorial: Una esperanza que no puede volver a caer La abrupta detención del proyecto habitacional Última Esperanza no es solo un problema administrativo. Es, ante todo, una crisis humana que golpea a 179 familias que durante más de una década han esperado una oportunidad concreta para acceder a la vivienda propia.
La decisión del Ministerio de Vivienda de poner término al contrato con la constructora, tras detectar irregularidades graves -entre ellas una presunta boleta de garantía falsa por cerca de $1.200 millones-, revela fallas profundas en la cadena de control de proyectos públicos. Más aún cuando, pese a incumplimientos reiterados, la empresa recibió millonarios anticipos y el avance físico de la obra quedó muy por debajo de lo comprometido. Pero más allá de cifras y responsabilidades, lo que hoy queda en evidencia es una institucionalidad que llega tarde. Las familias no tienen por qué conocer los mecanismos financieros ni detectar documentos irregulares. Esa tarea corresponde al Estado. Y cuando ese filtro falla, las consecuencias no son abstractas: se traducen en arriendos que se siguen pagando, en proyectos de vida postergados y en una sensación de abandono que se profundiza. El nombre del proyecto -Última Esperanzahoy adquiere un sentido doloroso. Porque lo que se prometía como el cierre de un largo camino, vuelve a convertirse en un punto de partida incierto. Aquí no basta con identificar errores. Se requiere celeridad, transparencia y, sobre todo, una solución concreta para quienes han cumplido con cada requisito y hoy ven cómo su sueño se aleja nuevamente.
La vivienda no puede seguir siendo una promesa que se construye sobre la fragilidad del sistema.. La paralización del proyecto habitacional Última Esperanza en Los Vilos expone graves fallas de control y deja a 179 familias enfrentando nuevamente la incertidumbre de no tener casa propia. EDITORIAL