¿Y si empezamos por escuchar al profesorado?
¿ Y si empezamos por escuchar al profesorado? E l reciente descuento instruido por la Contraloría a los profesores que participaron del paro del 4 y 5 de junio ha generado preocupación. Más allá de su legalidad, algunas personas se preguntan si estas medidas realmente aportan al diálogo o si podrían interpretarse como una forma de silenciar una expresión legítima del gremio docente. El profesorado no se moviliza por gusto. Lo hace por el agotamiento acumulado, la falta de condiciones mínimas para trabajar y una creciente distancia entre las decisiones políticas y la realidad en el aula. La llamada "Agenda Corta", aunque presentada como una respuesta al petitorio docente, ha sido vista por muchos como una negociación política superficial, insuficiente para abordar las necesidades reales del profesorado.
Conciliación de la vida familiar y laboral En muchos establecimientos, las condiciones laborales están lejos de lo digno: salas de profesores que también funcionan como comedores, oficinas y espacios de contención, muchas veces sin siquiera contar con un lavaplatos. Baños sin papel higiénico, falta de calefacción, salas sin internet, y exigencias tecnológicas que no cuentan con respaldo técnico ni formativo. La Ley de Conciliación de la Vida Familiar y Laboral es letra muerta para quienes deben atender a sus hijos pequeños y al mismo tiempo cumplir con su jornada. Un tema que tampoco puede quedar fuera es el rol del profesor jefe, una figura clave en la formación y acompañamiento de estudiantes, pero que muchas veces no recibe el reconocimiento ni la compensación adecuada.
A pesar de ser responsables del clima de curso, de canalizar conflictos, realizar seguimientos personales y mantener comunicación con familias, no siempre se les paga por esta función, y cuando se hace, no refleja ni en tiempo ni en carga emocional lo que implica.
A esto se suma que no existe un tiempo diferenciado y protegido en su horario para ejercer adecuadamente esa labor. ¿Cómo se espera que el profesor jefe cumpla con todas sus responsabilidades si no se le otorgan los medios para hacerlo? Del mismo modo, preocupa profundamente que muchos docentes lleven años trabajando sin acceder a la titularidad, permaneciendo en condiciones contractuales inestables, a pesar de su antigüedad y compromiso.
La promesa de estabilidad, que debería ser inherente a una carrera profesional seria, sigue siendo postergada para cientos de profesores que, aun cumpliendo con todos los requisitos, ven pasar los años sin certezas laborales. ¿Cómo se construye una educación de calidad cuando quienes la sostienen viven en constante incertidumbre? También resulta relevante preguntarse por el rol de quienes nos representan gremialmente. Varios docentes han manifestado que el Colegio de Profesores no siempre convoca con fuerza porque no se centra en las necesidades reales de las bases y toma decisiones entre cuatro paredes.
Una muestra de esto fue la exclusión de la petición de mención para las educadoras diferenciales en la Agenda Corta, una decisión que --según relatan muchas profesoras-fue tomada sin consultar ni considerar debidamente a las bases. Esta desconexión también se manifiesta en situaciones cotidianas que afectan gravemente al profesorado, muchas veces sin ser visibilizadas ni defendidas por nuestras representaciones gremiales.
Un ejemplo claro es la falta de comprensión respecto al año laboral del docente contratado, que en la práctica se extiende de febrero a febrero, pero cuyos contratos muchas veces no reflejan esta continuidad, generando inestabilidad y desprotección. Esta lógica contractual fragmentada se traduce también en otras afectaciones críticas, como la pérdida abrupta de las horas de lactancia.
Cuando este derecho finaliza por razones administrativas, la madre puede pasar de tener acceso a ese tiempo un día, a perderlo al siguiente, aun si su hijo o hija tiene menos de dos años y sigue necesitando ese vínculo.
Esta interrupción repentina altera la rutina del bebé y desestabiliza emocional y funcionalmente a la madre-profesora. ¿No sería más coherente extender estas horas durante todo el año, resguardando así el bienestar del niño y la madre? Esta situación evidencia una falta de propuestas concretas de conciliación entre la vida laboral y familiar. ¿Cómo se espera, por ejemplo, que una profesora ingrese a trabajar a las ocho de la mañana cuando los jardines infantiles abren a las ocho treinta? ¿ O que luego de un episodio de violencia escolar deba regresar inmediatamente al aula sin un protocolo que garantice contención emocional? El trabajo docente requiere espacios para procesar, calmarse y retomar su rol con la serenidad necesaria. Estos aspectos deberían ser abordados con urgencia por nuestras dirigencias si realmente buscan representar y resguardar la dignidad profesional.
Violencia en las aulas y salud mental Más grave aún, es que frente a situaciones de violencia en el aula, no existan protocolos claros que permitan al docente tener un espacio de contención emocional antes de volver a clases. Esta falta de resguardo pone en riesgo tanto la salud mental del profesor como la calidad del proceso formativo que debe continuar minutos después del conflicto. Decir que muchos profesores hoy ponen en riesgo su vida no es exagerado ni una invención: es una constatación que lamentablemente los medios de comunicación y las propias cifras de agresiones en espacios escolares respaldan. La violencia ha escalado a tal nivel que no es extraño escuchar que un docente tenga miedo de ingresar a clases. Y mientras esto ocurre, muchas autoridades no toman acciones concretas, no visitan los establecimientos ni se involucran en las soluciones. Sin embargo, cuando el profesorado se moviliza, sí se actúa con rapidez: se nos presiona con descuentos, como si exigir mejores condiciones fuera un delito. La salud mental docente también es motivo de alerta. Muchos terminan en la mutual con diagnósticos de "trastorno adaptativo", un término que puede estar invisibilizando la verdadera presión, sobrecarga y abandono institucional que se vive.
Frente a hechos graves de violencia escolar, el profesor muchas veces debe volver a clases minutos después del incidente. ¿Es esto sano para quien tiene la misión de formar y contener? Hoy se hace urgente revisar y actualizar el Estatuto Docente. El país ha cambiado, las demandas sociales también, y la normativa que regula el ejercicio profesional del profesorado parece no estar a la altura de estos nuevos tiempos. Se requieren leyes que verdaderamente resguarden el derecho a una educación digna, pero también que reconozcan el trabajo docente como el eje de transformación educativa. Respeto al rol formativo de las y los profesores Si bien los tiempos han cambiado, la forma en que las personas aprenden en esencia no lo ha hecho.
Sin embargo, las evaluaciones estandarizadas que se utilizan para medir el aprendizaje, como el SIMCE o la PAES para el ingreso a la universidad, siguen siendo prácticamente las mismas, incluso en un contexto de creciente diversidad dentro de la sala de clases. Esta contradicción revela la falta de actualización en la forma en que se concibe el proceso educativo y pone sobre los hombros del profesor una carga que no siempre está acompañada del debido respaldo. Por eso, hoy más que nunca, el profesor debe ser respetado en su rol formativo. Debe contar con respaldo para exigir modales en el aula, desde el saludo, el respeto por los horarios de llegada, hasta el uso del lenguaje adecuado. Aprender requiere más que contenidos: requiere presencia oportuna, concentración y disposición. Esas condiciones no han cambiado. Lo que ha cambiado es la falta de respaldo que muchas veces enfrenta el profesor cuando intenta ejercer autoridad pedagógica básica en contextos complejos. Esta nueva educación que los tiempos demandan debe comenzar desde la sala de clases, no desde escritorios alejados de la realidad. Para que cualquier política tenga impacto, debe construirse desde la experiencia docente, desde la consulta directa a quienes día a día sostienen el sistema educativo. Si la crisis en educación ha escalado, es en parte porque quienes diseñan las políticas públicas --muchas veces tecnócratas alejados de la sala-desconocen las verdaderas condiciones en que se enseña y se aprende. Hace falta aterrizar la teoría. Hace falta que nuestros dirigentes, tanto políticos como gremiales, se vinculen directamente con lo que ocurre dentro de cada escuela. De lo contrario, seguiremos implementando reformas que no resuelven los problemas de fondo y que, en el camino, agotan aún más a quienes están llamados a sostenerlas.
En paralelo, algunos parlamentarios se muestran diligentes a la hora de emitir oficios contra los docentes movilizados, pero no actúan con la misma energía cuando se trata de fiscalizar las condiciones de infraestructura, salud mental y cumplimiento de derechos laborales.
Mientras al profesorado se le aplican descuentos por visibilizar problemáticas, no existen sanciones equivalentes para quienes incumplen funciones públicas. ¿Por qué se sanciona a los profesores por alzar la voz y no a quienes callan cuando deben fiscalizar? POR ALEX LOZANO MELIVILU, PROFESOR, MIEMBRO DEL COLEGIO DE PROFESORES ¿ Y si empezamos por escuchar al profesorado?.