Autor: Erwin Schnaidt Ávila erwin.schnaidt@diariollanquihue.cl

Mesa del Plan Salmón solicita agilizar informes de la Conadi y destrabar la Ley Lafkenche
Mesa del Plan Salmón solicita agilizar informes de la Conadi y destrabar la Ley Lafkenche urante la última seDión de trabajo de la mesa del Plan Salmón, diversos actores del ámbito político, gremial y académico de la Región de Los Lagos presentaron propuestas para modificar la Ley 20.249, conocida como Ley Lafkenche.
El plan es una hoja de ruta estratégica y alianza público-privada en Chile que impulsa la Municipalidad de Puerto Montt para ordenar y sostener la industria salmonera en las regiones de Los Lagos, Aysén y Magallanes de aquí al 2050.
Los planteamientos se centraron en dos ejes: la aceleración de los estudios de uso consuetudinario a cargo de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi) y las implicancias jurídicas de ejecutar una consulta indígena bajo el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) ante una eventual modificación de la norma legal. Sobre la situación operativa de la Conadi, los asistentes coincidieron en que la institución carece de la estructura necesaria para cumplir con los plazos establecidos y requeridos.
Carlos Odebrecht, presidente de la Asociación de Salmonicultores de Magallanes, expuso que en esa zona desde 2018 existe una solicitud de Espacio Costero Marino de Pueblos Originarios (Ecmpo) de 275.000 hectáreas y que "un informe de uso consuetudinario tiene que hacer Conadi, que tiene dos antropólogos.
Y puede hacer al año dos informes de uso consuetudinario". El representante añadió que, bajo este ritmo de trabajo, "vamos a esperar seis años para la realización de ese informe". Resaltó que la resolución de esos expedientes permitiría "la liberación de 144.000 toneladas potenciales de producción", lo que generaría 1.500 puestos de trabajo y una inversión de 80 millones de dólares.
En la misma línea, Tomás Monge, gerente general de SalmonChile, añadió que la prioridad es avanzar en los informes que mantienen paralizadas diversas actividades productivas y afirmó que "Conadi no tiene funcionarios, no tiene recursos y tiene una fila de 17 o 20 (. .. ) informes de uso consuetudinario que se paralizan". Para subsanar esta falta de capacidad técnica, el diputado Alejandro Bernales (PL) sugirió crear convenios de transferencia de recursos desde el GORE hacia esa institución. "Es importante que salga ese convenio del Gobierno Regional con la Conadi para tener personas exclusivas a sacar estas tareas que no se han hecho desde un mes o se han hecho por años", indicó. CONSULTA INDÍGENA Un segundo punto de la discusión se centró en las aprensiones sobre la aplicación del Convenio 169 de la OIT en caso de modificarse la ley. El senador Ivan Moreira (UDI) identificó este tratado como un factor que podría dificultar el avance legislativo. "Hay un obstáculo jurídico por una convención internacional, que es el convenio 169 de la OIT. Ese convenio puede comprometer el proceso legislativo en donde tenemos una ley que la modifica", aseveró.
En contraste, la diputada republicana Claudia Reyes cuestionó la obligatoriedad del convenio y recordó que Chile tiene la posibilidad de retirarse del acuerdo en el futuro. "Solo 24 países del mundo han ratificado el Convenio 169", apuntó. Reyes sostuvo que "según el artículo 39 de esta ley, Chile se puede retractar de este acuerdo.
En septiembre de 2029, podemos rechazar la participación de nuestro país en este convenio". Sobre la obligatoriedad de la consulta indígena, María Paz Olavarría, directora de la carrera de Derecho de la Universidad San Sebastián (USS) Sede De la Patagonia, emplazada en Puerto Montt, planteó que este procedimiento es una exigencia que el país debe respetar por ser un tratado vigente.
ROL DE LOS TRIBUNALES No obstante, Olavarría presentó una propuesta técnica para diferenciar el rol de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena en el proceso. "Lo que se propone es que Conadi pueda eventualmente sugerir una consulta indígena, pero el informe de Conadi no sería vinculante", explicó.
Según su análisis, si la determinación del uso consuetudinario recae en un tribunal, el escenario cambia, ya que "quien estaría determinando el uso consuetudinario sería un tribunal de justicia, que es un tercero imparcial", lo que no afectaría la obligatoriedad de la consulta pero alteraría su naturaleza administrativa directa. El diputado Mauro González (RN) también se refirió a la necesidad de clarificar el carácter de la consulta. "El tema de la consulta es fundamental. A mi entender sí debe haber consulta. El tema es si es vinculante o no el resultado", mencionó.
Asimismo, el legislador propuso evaluar medidas transitorias mientras se tramitan los cambios legales. "Es fundamental, creo, analizar una moratoria o suspensión de todos los procesos que tenemos hoy día en el suelo austral", señaló, considerando que más del 70% de las solicitudes nacionales se concentran en la Región de Los Lagos.
POSTURA DEL GOBIERNO El delegado presidencial regional, Cristian Palma, confirmó la voluntad del Gobierno de presentar modificaciones a la normativa. "Se van a proponer modificaciones a esta ley", aseveró el presentante de José Antonio Kast. ' La autoridad explicó que el objetivo es alcanzar acuerdos para "mejorary aumentar la producción, aumentar el crecimiento y el empleo, considerando todos aquellos derechos o temas constitucionales que tienen las comunidades indígenas". Por su parte, Alejandro Bernales insistió en que cualquier proceso de consulta debe realizarse sin dilaciones. "Si hay que hacer una consulta indígena, hay que hacerla ahora. Hay que hacerla rápido. No hay que esperar 2 años, 6 meses.
Tiene que ser lo antes posible", concluyó el liberal. « DIRIGENTES LABORALES Marta Oyarzo, presidenta de la Coordinadora Nacional de Trabajadores del Salmon, calificó la modificación de la ley como una medida de urgencia debido a los efectos en el empleo en zonas como Quellón, donde -afirmó-la cesantía llega a un 8%: "Se requiere que sea de suma urgencia esta modificación y que se le dé prioridad en el Congreso para arreglar este problema". De su lado, Alejandro Santibáñez, presidente de la Multisindical de Trabajadores de la Industria del Salmón, hizo un llamado al Parlamento para "zanjar esta realidad", argumentando que "no se puede permitir que unos pocos pasen por encima de la gran mayoría”. Autor: Erwin Schnaidt Ávila erwin.schnaidt@diariollanquihue.cl. Actores políticos y productivos evidenciaron la carencia de recursos en el ente para evaluar concesiones costeras. La instancia también analizó si modificar la normativa obligará a realizar consultas bajo el Convenio 169 de la OIT.
DIRIGENTES LABORALES Marta Oyarzo, presidenta de la Coordinadora Nacional de Trabajadores del Salmon, calificó la modificación de la ley como una medida de urgencia debido a los efectos en el empleo en zonas como Quellón, donde -afirmó-la cesantía llega a un 8%: "Se requiere que sea de suma urgencia esta modificación y que se le dé prioridad en el Congreso para arreglar este problema". De su lado, Alejandro Santibáñez, presidente de la Multisindical de Trabajadores de la Industria del Salmón, hizo un llamado al Parlamento para "zanjar esta realidad", argumentando que "no se puede permitir que unos pocos pasen por encima de la gran mayoría”. FIGURAS DE LA REGIÓN ANALIZARON PLAZOS DE LA CONADI PARA RESOLVER USOS CONSUETUDINARIOS.