Autor: LORENA CRUZAT

Estudian formalizar a jueza Rodríguez por prevaricación culposa tras polémica libertad de imputado por sicariato
Estudian formalizar a jueza Rodríguez por prevaricación culposa tras polémica libertad de imputado por sicariato Z E A B E P I L E F La jueza de garantía Irene Rodríguez declaró como imputada el miércoles ante la Fiscalía Regional Metropolitana Occidente.
La intervención del crimen organizado en la liberación del imputado Alberto Mejía (18) por el sicariato de José Reyes, conocido como el “Rey de Meiggs”, fundó las primeras diligencias que la Fiscalía Metropolitana Occidente ordenó en el caso que involucra a la jueza de garantía Irene Rodríguez.
La magistrada estuvo detrás de los oficios a Gendarmería ordenando el ingreso, el egreso y el reingreso a Santiago I del ciudadano venezolano que hoy está prófugo y en el extranjero, de acuerdo a las pesquisas. El fiscal regional metropolitano Occidente, Marcos Pastén, tenía como prioridad despejar si pudo haber ingerencia de este tipo de grupos delictuales para ejecutar un plan que permitiera la libertad del imputado. Sin embargo, tras las diligencias encargadas a la Brigada Anticorrupción de la PDI, se habría ido “diluyendo” esa tesis, aunque no esté del todo descartada.
El Ministerio Público, comentan, tenía obligación de despejar este punto, pues podía significar corrupción de funcionarios del Estado, más aún dados los recientes casos en que se ha descubierto tráfico de drogas con el presunto apoyo de uniformados.
“¿Pudo haber pagos?, ¿se dirigieron amenazas contra la jueza o su asistente de sala?”, fueron las primeras preguntas que surgieron en la investigación, en que se ordenó, en julio, la entrada y registro al tribunal para la incautación de aparatos electrónicos y teléfonos celulares.
La libertad de Mejía causó impacto en la fiscalía, que había trabajado por semanas en la captura de los tres involucrados materialmente en el crimen por encargo de Reyes: el asesinato ocurrió a mediados de junio y el persecutor del Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH), Sergio Soto, había conseguido la máxima cautelar para este y otros dos coimputados el 9 de julio, pero Mejía salió libre al día siguiente.
Pese a las primeras sospechas, las diligencias de la investigación, que conoció este medio, inclinaron la balanza a una segunda tesis que toma fuerza: la veracidad de la versión de la jueza, que ya declaró en dos oportunidades, como testigo e imputada, y que apunta a errores en el trámite de la cautelar de Mejía. La magistrada ya solicitó la representación formal de la Defensoría Penal Pública. Explica apoyo con asistente de sala En su segunda declaración entregada este miércoles ante Pastén, la jueza Rodríguez habría descartado la intervención del crimen organizado, explican conocedores de la diligencia. Junto con aclarar que no hubo “intención” o “dolo” en la libertad de Mejía, sino que simplemente fue un error. La reconstrucción de hechos revela que la jueza ordenó la prisión preventiva del imputado.
Sin embargo, su asistente de sala detectó un error en el nombre del imputado y habría elaborado otro escrito “tipo” que revocaba la cautelar y ordenaba la libertad, para luego realizar un tercer oficio con el nombre correcto y reingreso al penal.
En ese marco, la jueza y los otros testigos habrían detallado que la elaboración de los documentos está a cargo del asistente y que el rol de la sentenciadora se habría limitado a la firma del documento. Y que un tercero habría enviado “materialmente” el correo a Gendarmería. Para el Ministerio Público, un primer acto negligente habría sido dejar sin efecto la prisión preventiva. Un segundo “error”, el oficio a Gendarmería, comentan. “La responsabilidad no se delega” Sin perjuicio de la explicación, los investigadores de la PDI y la fiscalía estiman que se podría, eventualmente, configurar el delito de prevariación culposa. Detallan que existen tres figuras penales de este tipo. Una relacionada con dictar sentencias contra la ley, otra por ceder ante presiones para actuar a favor de un imputado y la tercera, que sería aplicable en el caso de la jueza, por error negligente.
Y si bien las justificaciones apuntan a una elaboración de escritos a cargo del asistente de sala que estuvo en la audiencia del 9 de julio, en el Ministerio Público se aplica el criterio que dice: “La responsabilidad no se delega”. Los policías y fiscales estiman que lo que hace un asistente es crear un “borrador” que le facilita a la jueza, quien puede estar de acuerdo o no con firmarlo, bajo una responsable revisión. En las versiones ante la fiscalía se explicó que existe una especie de protocolo, emanado de un autoacordado de la Corte de Apelaciones de Santiago, que ordena las rectificaciones.
Y que, en este caso, posiblemente no se aplicó “al pie de la letra”. Diligencias pendientes y revisión de cuentas bancarias La fiscalía apunta a una eventual formalización, pero aún está a la espera del resultado de otras diligencias. Además de estudiar una querella de capítulos que despoje del fuero a la jueza para su posible imputación. La revisión de los aparatos electrónicos y celulares sigue pendiente, y con ello se busca despejar acuerdos o presiones para la actuación supuestamente negligente.
También se habría autorizado la revisión de las cuentas bancarias de la jueza para confirmar o descartar pagos irregulares. liderazgos criminales, como Carlos González Vaca, “El Estrella” recientemente condenado en Iquique a más de 85 años de cárcel por diversos delitos de crimen organizado, y Carlos “Bobby” Gómez, sindicado como el líder de Los Piratas, banda que ha sido vinculada al secuestro y homicidio del exteniente venezolano Ronald Ojeda. Gómez también está detenido en Colombia, a la espera de una eventual extradición a Chile.
La Sala Penal de la Corte Suprema de Colombia dio luz verde a la extradición a Chile del venezolano Larry Amaury Álvarez Núñez, alias “Larry Changa”, cofundador de la banda criminal internacional Tren de Aragua y requerido por Santiago por delitos de crimen organizado y narcotráfico.
Su eventual regreso a Chile, sin embargo, no está del todo resuelto, pues en paralelo la justicia colombiana revisa una solicitud de Venezuela para que Álvarez sea enviado a ese país, que lo busca por ilícitos terroristas.
Cuando dos o más países le solicitan a Colombia la extradición de una misma persona, prevalece el requerimiento por los hechos más graves, aunque la palabra la tiene el Presidente de la República, quien puede decidir discrecionalmente adónde enviar al detenido, explicó el diario El Tiempo de Bogotá. “Larry Changa” se instaló en Chile hacia 2018.
A su alero surgieron otros Reincidentes, de alto compromiso delictual y algunos vinculados con el Tren de Aragua: con quiénes comparten en sus módulos los investigados por el crimen por encargo del “Rey de Meiggs” Cuando cayó en el módulo 12 de la cárcel Santiago 1 fue bien recibido.
Así lo describen conocedores del ingreso de Wilson Verdugo Díaz a prisión preventiva, el pasado 24 de julio, cuando la Fiscalía Metropolitana Oriente le imputó haber participado como autor intelectual en el asesinato por encargo de José Reyes, alias el “Rey de Meiggs”. Verdugo es conocido en el sistema penal porque tiene antecedentes, pero sus nexos más cercanos en las cárceles radican en otro ámbito: el de las visitas. Según detallan, internos narcotraficantes u homicidas se encuentran en el listado de encuentros que llevaron a Verdugo a diversos penales. Incluso sería parte de la red de apoyo del exfutbolista Luis “Lucho Pato” Núñez, quien cumple condena en Rancagua por homicidio simple. Además, su cercanía con el mundo de la hípica lo hacen conocido en el módulo 12, donde hay algunos internos de mayor edad.
No obstante, también está entre los últimos ingresos a esa sección Maximiliano Córdoba, imputado por homicidio frustrado, tras quemar al hijo de su pareja, un N O T A N O T A lactante menor de 9 meses. Más allá del recibimiento, quienes conocen del paso de Verdugo por Santiago 1 también aseguran que al llegar fue intervenido por una dupla psicosocial y que está en un programa de riesgo suicida. Hoy está a la espera de que la Corte de Apelaciones de Santiago designe fecha y sala para revisar su medida cautelar. La apelación fue ingresada este martes por su abogado, el exfiscal Luis Inostroza. Entre los argumentos presentes en el escrito, se busca establecer que el móvil del crimen, es decir, una deuda de más de mil millones de pesos, es inexistente.
“Resulta al menos ilógico a la luz de los antecedentes que, habiendo pagado mi representado durante más de 2 años a la E F E víctima una enorme cantidad de dinero, tuviera como móvil para hacer el encargo de su muerte una vez que esa deuda estaba reducida a una cantidad mucho menor”, se lee en la apelación, e incluso menciona que la deuda actual era de $112 millones.
De igual manera, arguye que, “para fundar su posición, el Ministerio Público argumentó que mi representado, a fin de asegurar la presencia de la víctima el día de los hechos en el sitio del suceso, habría ido a dejar a primeras horas de la mañana un sobre con dinero para la víctima, y que la única persona que sabía de aquello es mi representado”, en ese sentido, agrega que “es factible señalar que lo afirmado por el Ministerio Público para justificar el que era mi representado el único que sabía que la víctima estaría en Santiago el día de los hechos no es real”. Los imputados como autores materiales, los venezolanos Alberto Mejía que se encuentra prófugo (ver nota principal), Yonder Blanco y Neomar Arismendi, compartieron en el módulo 4 tras quedar en prisión preventiva, el pasado 9 de julio. Una sección usada como módulo de transición mientras se define un lugar acorde al perfil del imputado. Allí permanecía Mejía cuando fue liberado. Actualmente, Blanco se encuentra en el módulo 1, donde hay cerca de 30 internos y está destinado a imputados reincidentes de alta connotación pública. Entre ellos destacan Eloy Varas, alias “El Guatón Eloy”, imputado por haber asesinado a Wladimir Soto, conocido como “Cogote de Toro”, que era un conocido narcotraficante. También se encuentra Sebastián Lacasia, financista de artistas y grupos de cantantes urbanos, y algunos imputados de facciones del Tren de Aragua. En último lugar, a Arismendi le asignaron el módulo 14, donde permanecen cerca de 280 reos de alto compromiso delictual, de los cuales el 90% sería extranjero, principalmente dedicados a asaltos, secuestros o sicariato. APELACIÓN La defensa del imputado Verdugo busca revertir la prisión preventiva ante la Corte de Santiago. FUERO Los tribunales superiores de justicia tienen la última palabra en casos de desafuero por querella de capítulos. El imputado Alberto Mejía en la formalización del 9 de julio, un día antes de ser liberado por error. Larry Álvarez fue detenido en Colombia hace un año. Tenía orden internacional de captura en 196 países. El ciudadano Alberto Mejía huyó de Chile tras ser liberado por error. El Ministerio Público formalizó por homicidio a Wilson Verdugo el pasado 24 de julio. N Corte de Colombia autoriza extradición de “Larry Changa” a Chile, pero Venezuela también lo requiere.
En ese marco, los investigadores evalúan una querella de capítulos para despojarla de su fuero por una posible actuación “negligente”. Mientras que la Defensoría Penal Pública ya recibió la solicitud de la magistrada para asumir su representación. Análisis de Fiscalía Metropolitana Occidente: APELACIÓN La defensa del imputado Verdugo busca revertir la prisión preventiva ante la Corte de Santiago. FUERO Los tribunales superiores de justicia tienen la última palabra en casos de desafuero por querella de capítulos. El Ministerio Público formalizó por homicidio a Wilson Verdugo el pasado 24 de julio. El ciudadano Alberto Mejía huyó de Chile tras ser liberado por error. Larry Álvarez fue detenido en Colombia hace un año. Tenía orden internacional de captura en 196 países. El imputado Alberto Mejía en la formalización del 9 de julio, un día antes de ser liberado por error. El imputado Alberto Mejía en la formalización del 9 de julio, un día antes de ser liberado por error.