Autor: GASPAR RAMÍREZ

Boluarte promulga ley de amnistía a militares procesados durante el conflicto interno en Perú
Boluarte promulga ley de amnistía a militares procesados durante el conflicto interno en Perú “El Perú honra a sus intromisión inchaza cualquier defensores y re terna o externa”, dijo ayer la Presidenta de Perú, Dina Boluarte, luego de promulgar una ley de amnistía a militares y policías procesados por violaciones de derechos humanos durante el conflicto armado interno que dejó cientos de miles de víctimas entre 1980 y 2000, una medida que fue cuestionada por organismos nacionales e internacionales.
Durante una ceremonia en el Palacio de gobierno, Boluarte justificó la promulgación de la norma aprobada por el Congreso el 9 de julio pasado: “Hoy con la promulgación de esta ley de amnistía, el gobierno reconoce el sacrificio de los miembros de las Fuerzas Armadas, policía y comités de autodefensa (civiles) en la lucha contra el terrorismo y la defensa de la democracia”. El conflicto interno en Perú, en el que las fuerzas del Estado se enfrentaron a las guerrillas de Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA), dejó unos 70.000 muertos, la mayoría civiles, según el informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación. La fiscalía, por su parte, calcula en 20.000 la cifra de desaparecidos.
Según la disposición, la amnistía beneficiará específicamente a uniformados y civiles que no cuenten con una sentencia firme por delitos vinculados a la lucha contra el terrorismo en ese período, así como a los sentenciados mayores de 70 años, señaló el diario El Comercio. Sus promotores creen que así se cerrarán procesos judiciales que están ÚREPEDAICNEDISERP / EFE ción en un comunicado.
T a m b i é n H u m a n R i g h t s Watch afirmó que la norma es “una traición a las víctimas peruanas”, de acuerdo con lo expresado en un mensaje por Juanita Goebertus, directora para las Américas del organismo.
Las familias de las víctimas ya habían manifestado “mucha indignación, dolor y rabia” por la amnistía, según dijo a France Presse Gisela Ortiz, cuyo hermano fue secuestrado y asesinado por uno de los denominados “escuadrones de la muerte” del ejército en 1992. “Curiosamente, quienes defienden los derechos humanos siempre defienden los derechos humanos de terroristas y delincuentes.
Nunca he escuchado que estas entidades defiendan los derechos de las viudas, de los huérfanos de militares, policías, de ciudadanos comunes y corrientes que son víctimas de criminales y terroristas”, dice Luis Benavente. abiertos desde hace más de tres décadas. Las organizaciones de derechos humanos estiman que esta ley de amnistía beneficiaría a unos 900 militares y policías, entre ellos varios generales. Boluarte rechazó las críticas a la amnistía: “Nadie puede osar e insinuar a los agentes del Estado o a la sociedad peruana a subvertir las leyes de la República.
Exigimos respeto”. En ese sentido, consideró que los críticos de la norma se ponen del “lado de quienes violaron los derechos humanos de nuestros compatriotas” Perú “no es una colonia de nadie” En julio, la Corte Interamericana de Derechos Humanos pidió al gobierno peruano detener el trámite del entonces proyecto legislativo. En una resolución añadió que los jueces debían abstenerse de aplicarlo en caso de que se convirtiera en ley.
Boluarte rechazó la resolución de la Corte IDH y en una ceremonia pública dijo a fines de julio que Perú “no es una colonia de nadie”. En agosto añadió en otra actividad que la Corte IDH “actúa como si Perú siguiera siendo un virreinato... busca interferir en nuestra capacidad soberana de decidir sobre los asuntos que competen únicamente a nuestro Poder Legislativo, a nuestro Poder Judicial”. El analista político peruano Luis Benavente dice que él es partidario de que los agentes de seguridad que cometieron crímenes paguen como corresponde, pero que “esta ley dada por el Congreso, promulgada según las reglas constitucionales, busca un equilibrio ante los excesos contra militares y policías que fueron indebidamente judicializados”. “Ha habido excesos de parte de la justicia peruana contra militares que valerosamente se enfrentaron contra el terrorismo criminal, de Sendero Luminoso y del MRTA, e hicieron uso legal de la fuerza de las armas. Muchos militares que en ejercicio legítimo de la fuerza contra esos criminales fueron juzgados, injustamente sentenciados y largamente perseguidos”, dice el director de la consultora Vox Populi.
La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, que agrupa a familiares de las víctimas, cuestionó la promulgación de la ley porque “blinda a policías y militares acusados de graves violaciones a los derechos humanos”. Además, deja “sin justicia a miles de familias que llevan más de 40 años luchando por verdad y reparación”, agregó la organizaFIN DE MANDATO Boluarte debe entregar el poder en julio de 2026 a quien triunfe en las presidenciales convocadas para abril. n Crímenes prescritos Antes de esta amnistía, P e r ú h a b í a a p r o b a d o e n agosto de 2024 una ley que declara prescritos los crímenes de lesa humanidad cometidos antes de 2002 en la lucha contra las guerrillas.
Esa iniciativa, que los defensores de los derechos humanos llaman “Ley de Impunidad”, benefició al hoy fallecido expresidente Alberto Fujimori (1990-2000), condenado por ordenar dos matanzas de civiles llevadas a cabo por el ejército en 1991 y 1992, así como a 600 militares procesados.. La medida beneficiaría a unos 900 efectivos. La Presidenta rechazó las críticas a la iniciativa aprobada en julio por el Congreso.
La norma es cuestionada por organismos de DD.HH. : FIN DE MANDATO Boluarte debe entregar el poder en julio de 2026 a quien triunfe en las presidenciales convocadas para abril. n Crímenes prescritos Antes de esta amnistía, P e r ú h a b í a a p r o b a d o e n agosto de 2024 una ley que declara prescritos los crímenes de lesa humanidad cometidos antes de 2002 en la lucha contra las guerrillas.
Esa iniciativa, que los defensores de los derechos humanos llaman “Ley de Impunidad”, benefició al hoy fallecido expresidente Alberto Fujimori (1990-2000), condenado por ordenar dos matanzas de civiles llevadas a cabo por el ejército en 1991 y 1992, así como a 600 militares procesados. DINA BOLUARTE saluda a los integrantes de las Fuerzas Armadas que asistieron ayer al Palacio de gobierno en Lima para la promulgación de la ley.