Editorial: Usurpación de terreno fiscal
Editorial: Usurpación de terreno fiscal P ese a su relativa cercanía geográfica, Los Lagos había permanecido hasta ahora más o menos indemne a la influencia de las tomas de grandes extensiones de terreno como parte de reivindicaciones de comunidades indígenas.
En el horizonte cercano de tiempo ha habido a lo menos un par de tomas en el sector norte de la región que afortunadamente no pasaron a mayores, sea por dictámenes de la justicia, sea por negociaciones que pudieran haber ocurrido.
Nada siquiera cercanamente similar a la experiencia que se vive hace décadas ya en la macrozona sur del país, especificamente en la provincia de Arauco, en el Biobio, y en la Región de La Araucanía, donde la indolencia del Estado y la acción de grupos organizados generaron un escenario en el que el Estado de Derecho se terminó desdibujando para que imperara la ley del más fuerte. Hasta ahora.
Porque lo sucedido estos días con la toma del predio de Piedras Blancas, en el sector de Correntoso, comuna de Puerto Montt, debiera encender todas las alarmas posibles acerca del uso de la ocupación como método de reivindicación y la incompetencia de las autoridades para hacer valer reglas tan claras y recientes como la Ley de Usurpaciones.
Allí, hace tres años, una comunidad indígena inició una toma de 611 hectáreas y en lugar de que se respetase el carácter fiscal del terreno, las autoridades del Ejecutivo en la región han zigzagueado entre soluciones insólitas como traspasar el predio al Parque Alerce Andino (¿ acaso la ocupación terminará con ese cambio administrativo?) o presentar devaneos argumentativos que oscilan entre apuntar a la culpa de procesos administrativos o traspasar la competencia y la decisión al Gobierno Regional.
Los Lagos había estado hasta ahora lejos de lo que sucede en Biobio y La Araucania en cuanto al destino de las usurpaciones de grandes extensiones de terreno bajo figuras reivindicativas, de ahí la gravedad de la falta de determinación en torno a una toma de tres años en Correntoso y lo que es prácticamente una rendición frente a un grupo de presión. La señal, tristemente, es clara: resulta gratis, y útil, usurpar un terreno de 611 hectáreas. La comunidad regional no debiera permitir que el Estado de Derecho empiece a minarse tal cual le pasó a la macrozona sur.
La autoridad ha preferido evadir el problema y ponerse creativa ante un episodio que, quién sabe, le ha dado la pauta a otros grupos.. La señal que se ha dado con el predio de Correntoso es compleja y puede derivar en un aumento de las ocupaciones en la región. E Editorial