Pesca industrial ve menos plantas y barcos por cambios a ley
Las firmas observan con preocupación la propuesta que reduce la asignación de recursos pesqueros. Los gremios de las empresas pesqueras industriales buscaron reunirse con el ministro de Economía, Nicolás Grau, desde que él asumió el cargo, en marzo de 2022. Luego de dos años de intentos, Pescadores Industriales del Biobío, que aglutina a importantes firmas del rubro, logró que —en un nuevo intentovía Ley de Lobby—el secretario de Estado los atendiera. En tanto, la Sociedad Nacional de Pesca (Sonapesca) sigue esperando una cita.
El pasado 8 de abril, Graw recibió en Santiago por primera vez a Pescadores Industriales del Biobío, gremio presidido por Macarena Cepeda, quien asistió junto a representantes de las compañías Blumar, Camanchaca, Food Corp, Landes y PacificBlu.
Ena reunión, el gremio manifestó al ministro Grau —quien estuvo acompañado por el subsecretario de Pesca, Julio Salas— su preocupación por el impacto del proyecto de ley que impulsa el Ejecutivo en el Congreso, que pretende cambiar la actual normativa pesquera —que rige desde 2013—, que ha estado cuestionada por injerencias del poder económico sobre el Legislativo en su tramitación. Las empresas están especialmente inquietas por dos cambios. Uno de estos son las modificaciones en el fraccionamiento de pesquerías, que favorecen al sector artesanal, afirman.
El otro es la disminución en la asignación a la industria de recursos bajo criterios históricos, que retrocedería de 85% a 50%, aumentándose de 15% a 50% el porcentaje que se otorga meEl ministro Nicolás Graw (al centro) escuchó a los integrantes del gremio Pescadores Industriales del Biobío, que preside Macarena Cepeda (a la zquierda en la foto). Empresas del sector se reunieron con el ministro Grau y subsecretario: diante subastas públicas. Ante esto, las empresas afirman que esas transformaciones desencadenarían despidos, cierres de plantas y fin de operaciones de barcos. Golpe de gracia “Tuvimos la oportunidad luego de dos años de pedir reuniones, deserrecibidos porel ministro de Economía”, comentó Cepeda.
Añadió que se explicó “que una de las pocas actividades industriales, productivas e intensivas en mano de obra que sobreviven en esta zona es la pesca industrial, donde aportamos 6.500 empleos”. Sostuvo que de concretarse el proyecto de ley como fue presentado “sería el golpe de gracia para la pesca industrial, sus trabajadores y la Región del Biobío El ministro Grau, en tanto, señaló que “lo que hemos conversado es que el aumento de la fracción de la cuota industrial quese licita, algo que es muy relevante en nuestro proyecto y que vamos a mantener, debe incluir mecanismos para que se cuiden los derechos laborales alcanzados por los trabajadores y que la entrada de nuevos actores debe favorecer, en ningún caso disminuir, el nivel de valor agregado de la industria”. Gonzalo Fernández, gerente general de la División Pesca de Camanchaca, indicó que en pafses líderes en sustentabilidad pesquera, como Noruega, Nueva Zelandia e Islandia, los derechos de pesca son asignados por historía pesquera y son indefinidos o renovables por largos períodos.
Aseguró que experiencias previas de subastas no produjeron ingreso denuevos actores, reducción de la concentración en la industria o aumento de recaudación estatal. efectos adversos Andrés Fosk, gerente general Landes, afirmó que para la firma, la iniciativa “implica la pérdida de más de un 49% de las cuotas históricas de pesca que nuestra empresa ha construido en más de 60 años de historia.
Es decir, quedaremos sin acceso a casi la mitad de las materias primas con las que trabajamos”. Andrés Daroch, gerente general Food Corp, señaló que “si ganamos la licitación, signi fica para la compañía cas 50% menos de cuota y eso nos liquida.
Nos pone en un escenario de una operación a la mitad, reducir turnos, reducir flota, deshacernos de barcos (... , nos deja en un tamaño que no es viable operar”. Gerardo Balbontín, gerente general Blumar, explicó que en el caso de esta empresa “un 50% de la cuota de jurel, que se nos asignó bajo criterios científicos e históricos, tendría que ser licitada y de perderla tendríamos que reducir la flota a la mitad y cerrar al menos una de las plantas, afectando el empleo y poniendo en serio riesgo la viabilidad de la operación”. Marcel Moenne, gerente general de PacificBlu, dijo que “mas allá de las evidentes transgresiones legales y constitucionales, la propuesta de subastar el 41% de las cuotas industriales es una medida económica errada que pone en riesgo la sostenibilidad económica de las empresas”.