Crisis de licencias médicas en el Estado: Solo el 1% de los funcionarios involucrados ha sido destituido
Crisis de licencias médicas en el Estado: Solo el 1% de los funcionarios involucrados ha sido destituido E 1 mal uso de licencias médicas en el sector público ha vuelto a instalarse en el centro del debate administrativo.
Según el séptimo balance consolidado de procedimientos disciplinarios, elaborado por la Dirección de Presupuestos (Dipres) en el marco de la Ley de Presupuestos 2026, existe una desconexión crítica entre el volumen de irregularidades detectadas y las sanciones finales aplicadas. El documento, que recopila antecedentes de la Contraloría General de la República hasta el 31 de diciembre de 2025, detalla que las instituciones del Gobierno Central reportaron 40.629 licencias presuntamente incumplidas. Esta cifra de ausencias involucra directamente a 29.270 funcionarios públicos. Del universo total de afectados, la gran mayoría-23.745 personas-permanece cumpliendo funciones en sus respectivos servicios, mientras que 5.525 ya no forman parte de la administración pública. Un dato que resalta la complejidad burocrática es que, incluso entre quienes ya se retiraron, casi 3.000 exfuncionarios siguen siendo objeto de sumarios administrativos que aún no logran cerrarse. La lentitud de los procesos sumarios La capacidad de respuesta del Estado frente a estas faltas se ve limitada por la duración de las investigaciones. Actualmente, se contabilizan 26.692 funcionarios cuyos casos requieren de un sumario administrativo.
Si bien ya se han instruido más de 25 mil procedimientos, la realidad es que la mayoría sigue en etapas intermedias: 21.098 investigaciones continúan en curso y apenas 4.254 han logrado una resolución formal por parte de los jefes de servicio. La brecha se vuelve aún más evidente al analizar los casos que ya cuentan con una resolución ejecutoriada. De los 1.543 procesos cerrados definitivamente, solo 262 terminaron en la destitución del funcionario. Esta cifra representa apenas el 1% del total de trabajadores involucrados inicialmente en las irregularidades. El resto de las resoluciones se diluye en castigos menores o inexistentes, con 577 absoluciones, 584 censuras y un grupo reducido de suspensiones y multas. Impacto financiero y evasión de sanciones Más allá de la gestión administrativa, el informe pone cifras al impacto económico que este fenómeno representa para el erario público.
Con una duración promedio de 22,1 días por licencia cuestionada y considerando un sueldo bruto promedio de $1,9 millones, se estima que el Estado desembolso $36.876 millones en remuneraciones a funcionarios mientras estos se encontraban en periodos de ausencia presuntamente injustificada. Finalmente, el reporte advierte sobre una tendencia que dificulta la aplicación de justicia administrativa: la renuncia estratégica. Al menos 1.009 funcionarios decidieron dejar sus puestos de manera voluntaria antes de que se alcanzara a instruir cualquier procedimiento disciplinario en su contra.
Este vacío legal permite que una parte de los involucrados evite el registro de sanciones en su hoja de vida, reduciendo todavía más la efectividad del sistema de control estatal.. · El costo por remuneraciones pagadas durante estas ausencias cuestionadas supera los $36.800 millones. Informe de la Dipres revela brecha entre infracciones y sanciones