Sindicato de pirquineros de Canela exige respuesta tras condena por fraude al fisco
Sindicato de pirquineros de Canela exige respuesta tras condena por fraude al fisco Por Joaquín López Barraza Así lo planteó Israel Barraza, presidente del Sindicato de Trabajadores Independientes Pirquineros Nueva Esperanza de Canela, organización que recibió fondos públicos para el mejoramiento de una planta minera gravimétrica de oro, iniciativa que según afirma quedó a medio camino.
De acuerdo con los antecedentes entregados por la Fiscalía, desde la secretaría regional ministerial de Minería, se emitió un cheque por 103 millones de pesos a favor del sindicato, destinado a ejecutar mejoras en la planta, en un proyecto desarrollado por una empresa privada.
En ese contexto, según la Fiscalía, el acusado identificado como Patricio Damián Bolvaran Bolvaran engañó a directivos de la organización para que, entre enero y junio de 2020, gestionaran vales vista endosables en BancoEstado, los que posteriormente cobró para sí por ventanilla.
El Juzgado de Garantía de La Serena lo condenó a 3 años de presidio, 5 años de inhabilitación para ejercer cargos u oficios públicos y una multa de 14 millones de pesos, sanción que será cumplida con remisión condicional, considerando su irreprochable conducta anterior y colaboración con la investigación.
Sin embargo, para el sindicato el cierre penal no resuelve el problema central: el impacto del fraude en la ejecución del proyecto. «¿Quién se hace responsable de esa plata? ¿ Qué hace el Estado? Porque a nosotros nos dejaron con los brazos cruzados», señaló Barraza a Diario La Región, afirmando que la organización mantiene una deuda con la empresa vinculada a la ejecución y que la planta aún requiere detalles y obras complementarias. «No podemos trabajar y tampoco postular a proyectos por la deuda que tenemos», añadió.
Por ahora, no existe claridad pública sobre si hubo restitución total o parcial del monto defraudado, un punto que el sindicato considera clave para destrabar su situación.. La condena dictada en procedimiento abreviado contra un ex trabajador a honorarios de la Seremi de Minería de la Región de Coquimbo - durante el período de Roberto Vega - reactivó las dudas sobre qué ocurrirá con los recursos y, sobre todo, con el impacto que el caso dejó en terreno.